Trasciende que las reformas al artículo 14 y a la ley 777 y sus posibles alcances generaron reacciones adversas, pero lo que más preocupó en el gobierno y entre diputados, fue el rechazo del Ejército
Chilpancingo, Guerrero, 25 de marzo de 2022. En la sesión del pleno del Congreso local se informó sobre la decisión de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de retirar tres de sus cuatro iniciativas en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, mientras que diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) presentaron las propuestas para sustituirlas.
Se trata una de reforma al artículo 14 constitucional y la de ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública. En éstas no reconoce a las policías comunitarias indígenas y afromexicanas y tampoco su sistema de justicia y reeducación.
Mientras que integrantes del grupo parlamentario de Morena presentaron una iniciativa de reforma a la ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. La única iniciativa de la gobernadora que quedó en el Poder Legislativo fue la de Educación Indígena.
Lo último que se supo la noche del miércoles, es que la gobernadora enviaría al Congreso local tres nuevas iniciativas, o que serían las mismas con algunas correcciones en las que eliminaría las “amplias facultades” que se reconocían a las policías comunitarias en las que incluso se elevaba a rango constitucional su sistema de justicia incluida la reeducación.
El motivo fue que estas iniciativas y sus posibles alcances generaron reacciones adversas, pero la de mayor preocupación tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, fue el rechazo por parte del Ejército.
Y a pesar de que las propuestas de la gobernadora habían llegado al Congreso local desde el 4 de marzo y turnadas a comisiones el 9 del mismo mes, los integrantes de estos colegiados no las recibieron por lo que no se inició el proceso de revisión y discusión.
Las iniciativas quedaron bajo el resguardo de la Mesa Directiva, sin embargo también las tuvieron integrantes de la Jucopo.
Y no se socializaron precisamente porque querían mantenerlas en reserva porque los diputados previeron que se les tenían que hacer modificaciones importantes, porque, así como las presentó Evelyn Salgado “no se podrían aprobar, habría ingobernabilidad” en el estado, según una fuente de la Jucopo.
Finalmente, la sesión convocada para el miércoles a las 11 de la mañana, inició ayer jueves a las 9 de la noche con 20 minutos con la presencia de 42 diputadas y diputados.
En la sesión se leyeron los tres oficios por los que la gobernadora notificó del retiro del mismo número de iniciativas en materia de derechos indígenas y afromexicanos: “me permito hacer uso de mi derecho de retirar la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 14 de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Guerrero presentada el día 04 de marzo de 2022 a esa alta soberanía lo anterior para efecto de que gire sus apreciables instrucciones e informe al pleno y a las comisiones que corresponda” en el caso de la propuesta de reforma constitucional.
La propuesta de reforma que había enviado la gobernadora Evelyn Salgado y que retiró posteriormente, planteaba que el texto del artículo 14 constitucional quedara de la siguiente manera: “El Estado reconoce el Sistema de Seguridad Comunitario Indígena y Afromexicano y está obligado a garantizar las acciones de impartición de justicia, de seguridad pública, de prevención del delito y de reeducación de los infractores, que implementen con sujeción a sus sistemas normativos, prácticas tradicionales y reglamento interno dentro de su jurisdicción. La implementación y seguimiento de la prevención de los delitos e infracciones se dará por conducto de su Policía Comunitaria Indígena y Afromexicana, integrada por los miembros de cada comunidad y designados en Asamblea Comunitaria General”.
Y continuaba “Para alcanzar los fines que persigue la seguridad pública, se establecerá una relación de cooperación y coordinación entre los sistemas normativos indígenas y afromexicanos y el sistema jurídico estatal, fundada en el pluralismo jurídico y el respeto pleno a la jurisdicción y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos”.
Y finalmente en un siguiente párrafo, como parte del mismo artículo 14, se acotaba “El Código Nacional de Procedimientos Penales y la ley reglamentaria delimitarán la esfera de competencia del Sistema de Seguridad Comunitario Indígena y Afromexicano, ésta última establecerá los mecanismos de vinculación y coordinación que existan con los órganos correspondientes de los Poderes Ejecutivo y Judicial en el tratamiento de asuntos propios de la función que desempeñen”.
Mientras que la iniciativa que presentaron ayer los diputados integrantes de la Jucopo establece: “El Estado reconoce las acciones de seguridad pública para la prevención del delito, que implementen los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a sus integrantes, con sujeción a sus estructuras institucionales, sistemas normativos y prácticas tradicionales, dentro de su comunidad, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las niñas, niños y mujeres. La implementación y seguimiento de la prevención de los delitos e infracciones se dará por conducto de su Policía, integrada por los miembros de cada comunidad y designados en Asamblea Comunitaria, en estricta cooperación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para alcanzar los fines que persigue la seguridad pública del Estado”.
El texto propuesto por los diputados, plantea también en el artículo 14 que “El Código Nacional de Procedimientos Penales y la ley reglamentaria delimitarán la esfera de competencia de las acciones de seguridad comunitaria Indígena y Afromexicana, ésta última establecerá los mecanismos de vinculación y cooperación que existan con los órganos correspondientes de los Poderes Ejecutivo y Judicial en el tratamiento de asuntos propios de la función que desempeñen”.
La propuesta de la gobernadora decía textualmente que el Estado “reconoce el Sistema de Seguridad Comunitario Indígena y Afromexicano y está obligado a garantizar las acciones de impartición de justicia, de seguridad pública, de prevención del delito y de reeducación”, mientras que el texto que presentaron los diputados dice que “reconoce las acciones de seguridad pública para la prevención del delito, que implementen los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a sus integrantes”.
Con lo que se quita el reconocimiento a su sistema de justicia y a sus policías comunitarias indígenas y afromexicanas, cuando la propuesta de los diputados se refiere a la policía de las comunidades, acota que sus acciones se realizarán “en estricta cooperación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para alcanzar los fines que persigue la seguridad pública del Estado”.
También se presentaron en la sesión las iniciativas de ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del estado de Guerrero la cual se turnó a comisiones unidas de Seguridad Pública y Estudios Constitucionales y Jurídicos; la de reforma al artículo 14 de la Constitución solo a la de Estudios Constitucionales y Jurídicos; mientras que la de reforma a la ley 701, se envió a la de Asuntos Indígenas y Afromexicanos.
Texto: Rosalba Ramírez García/ Foto: El Sur
