La reforma implica la desaparición de los hospitales especializados en siquiatría y su conversión a hospitales generales. Buscan que los pacientes ya no sean aislados o reciban tratos degradantes
Ciudad de México, 6 de abril de 2022. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que modifica la atención de enfermedades mentales en el país, que implica la desaparición de los hospitales especializados en siquiatría y su conversión a hospitales generales.
Las reformas a la Ley General de Salud establecen que deberá haber atención primaria y ambulatoria para atender la salud mental y las adicciones, y que el internamiento será el último recurso y por breve tiempo.
En lo general y en lo particular se aprobaron, con 358 votos a favor y 107 en contra, las reformas a la legislación. Por ser minuta del Senado y sin cambios en el texto, se envió al Ejecutivo federal para su publicación y entrada en vigor.
“Para garantizar el acceso y continuidad de la atención de la salud mental y adicciones, se deberá disponer de establecimientos ambulatorios de atención primaria y servicios de siquiatría en hospitales generales, hostales regionales de alta especialidad e institutos nacionales de salud”.
“Asimismo, para eliminar el modelo siquiátrico asilar, no se deberán construir más hospitales monoespecializados en siquiatría, convertirse en centros ambulatorios o en hospitales generales dentro de la red integrada de servicios de salid”, cita la reforma al artículo 74 de dicha ley.
En subsecuentes artículos, se indica que la Secretaría de Salud, de acuerdo con el enfoque de derechos humanos, deberá hacer explícitas las intervenciones prioritarias de salud mental y adicciones que permitan garantizar el acceso a las acciones de prevención y atención en la materia.
A la población usuaria de los servicios de salud mental se le reconoce el derecho a no ser sometida a medidas de aislamiento, contención coercitiva o cualquier práctica que constituya tratos crueles, inhumanos o degradantes y, en su caso, ser sujeto a medios para atenuar el escalamiento de crisis.
Los usuarios tienen “derecho a un diagnóstico integral e interdisciplinario y a un tratamiento basado en un plan prescrito individualmente con historial clínico, revisado periódicamente y modificado de acuerdo con la evolución del paciente, que garantice el respeto a su dignidad de persona humana y sus derechos humanos”.
Otros derechos que se reconocen a las personas que requieren servicios de atención de salud mental y adicciones es a no ser sometido a tratamientos irreversibles o que modifiquen la integridad de la persona; a ser tratado y atendido en su comunidad o lo más cerca posible al lugar donde habiten sus familiares y amigos y derecho a la confidencialidad de la información sobre su salud.
“El internamiento sólo podrá llevarse a cabo de manera voluntaria y cuando aporte mayores beneficios terapéuticos para la persona que el resto de las intervenciones posibles; se realizará por el tiempo estrictamente necesario y en el Hospital General o de pediatría más cercano al domicilio del usuario”.
“Por ningún motivo, el internamiento puede ser indicado o prolongado si tiene el fin de resolver problemas familiares, sociales, laborales o de vivienda y de cuidado del paciente”.
“En el caso de niñas, niños y adolescentes se privilegiarán alternativas comunitarias; en caso de que exista la justificación clínica para el internamiento, éste se llevará a cabo en hospitales generales o en hospitales de pediatría. Asimismo se recabará la opinión de niñas, niños o adolescentes y se dejará registro en la historia clínica. En caso de no estar de acuerdo con el internamiento, la institución, junto con la madre, el padre o tutor, deberán valorar otras alternativas de atención”, cita la reforma aprobada.
La reforma agrega que todo tratamiento deberá prescribirse previo consentimiento informado del paciente y familiares.
Los prestadores de servicios de salud mental, públicos o privados estarán obligados a comunicar de manera accesible, oportuna y en lenguaje comprensible los beneficios, los posibles riesgos y las alternativas de sus tratamientos con el fin de que los servicios se proporcionen sobre la base del consentimiento libre e informado.
Cuando compresión de la información, los pacientes tienen derecho a aceptar o rechazar los tratamientos.
El PAN propuso, en la discusión de reservas, que la Secretaría de Hacienda proporcione en forma gradual los recursos públicos para operar la reforma, lo cual fue rechazado.
Ante ello, la fracción panista votó en contra en lo particular, aunque en lo general lo había hecho a favor.
Texto: Claudia Salazar / Agencia Reforma
