Pekín / Madrid, 8 de abril de 2022. Los residentes de Shanghai están pasando apuros para conseguir carne, arroz y otros víveres en el marco de los controles anticoronavirus que mantienen confinados en sus casas a la mayoría de sus 25 millones de habitantes, lo cual aviva la frustración mientras el gobierno trata de contener un brote del virus.
Las personas en la capital comercial de China se quejan de que las tiendas de comestibles en línea se quedan a menudo sin mercancía. Algunas recibieron raciones del gobierno con carne y verduras durante unos días, pero sin saber cuándo se les permitirá salir, la ansiedad aumenta.
Zhang Yu, de 33 años, dijo que los ocho miembros de su familia comen tres comidas al día, pero han reducido el consumo de fideos para el almuerzo. No recibieron suministros del gobierno.
Las quejas ponen en vergüenza al gobernante Partido Comunista durante un año políticamente delicado, en el que se espera que el presidente Xi Jinping intente romper con la tradición y consiga un tercer mandato de cinco años como mandatario.
Shanghai pone de relieve el elevado costo humano y económico de la estrategia “cero COVID” de China, que busca aislar a todas las personas infectadas.
El gobierno reportó ayer 23 mil 107 casos nuevos en todo el país, de los cuales todos menos mil 323 no presentaban síntomas. Eso incluyó a 19 mil 989 en Shanghai, donde solamente 329 tenían síntomas.
Las quejas sobre escasez de alimentos comenzaron después de que Shanghai cerrara partes de la ciudad el 28 de marzo.
Los planes requerían cierres de distritos durante cuatro días mientras se examinaba a sus residentes. Eso cambió a un encierro indefinido en toda la ciudad, después de que se disparara el número de casos. Los compradores vaciaron los estantes de los supermercados.
Las autoridades dicen que Shanghai, sede del puerto más activo del mundo y de la principal bolsa de valores de China, tiene suficiente comida, pero un vicealcalde, Chen Tong, reconoció ayer que llevar los alimentos a los hogares es un desafío.
Por otro lado, el Bundestag, la Cámara Baja alemana, no ha aprobado ayer la obligatoriedad de vacunarse contra Covid para las personas mayores de 60 años.
La votación, para la que no existía disciplina de partido, ha finalizado con 378 votos en contra, 296 a favor y nueve abstenciones, a pesar de que el canciller, Olaf Scholz, y el ministro de Salud, Karl Lauterbach, se habían manifestado a favor de la obligatoriedad.
La propuesta sometida a voto era un acuerdo de mínimos que las formaciones parlamentarias del gobierno habían presentado con tal de alcanzar una mayoría.
Piden 300 organizaciones en España acabar con la exclusión sanitaria
Más de 300 organizaciones sociales, sociedades científicas, colectivos y mil 400 profesionales sanitarios han pedido ayer al Ministerio de Sanidad, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud, que “ponga fin definitivamente” a la exclusión sanitaria que “viven miles de personas en España y que comenzó hace justo 10 años con la aprobación del Real Decreto-Ley 16/2012”.
En una concentración frente a la sede del Ministerio, en la que han leído un manifiesto, han denunciado que la nueva Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), cuyo anteproyecto aprobará próximamente el Consejo de Ministros, “no corrige muchas de las lagunas y deficiencias de la norma reguladora que hay vigente”, por lo que piden una “vuelta urgente” al modelo de sistema sanitario universal previo a 2012.
En la protesta, diferentes personas que han sufrido casos de exclusión sanitaria en España han contado su caso, acompañados de Pablo Iglesias, portavoz de la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) y técnico de Incidencia Política de Médicos del Mundo, y Marta Pérez, portavoz de Yo Sí Sanidad Universal, quienes han pormenorizado las reivindicaciones del manifiesto.
El documento cuenta que en España el acceso a la atención sanitaria pública estaba garantizado a toda la población con la Ley General de Salud Pública de 2011. En el caso de las personas extranjeras, este acceso se les reconocía con el único requisito de que vivieran en España, independientemente de cuál fuera su situación administrativa.
“España se situaba así a la cabeza de Europa con un sistema sanitario público plenamente universal, a pesar de contar con uno de los gastos sanitarios más bajos de nuestro entorno”, han apuntado los portavoces.
Sin embargo, culpan al Real Decreto-Ley 16/2012, aprobado en la etapa del gobierno del PP de Mariano Rajoy, del “cambio profundo” en la configuración del sistema sanitario y su cobertura poblacional, “quitando este derecho a miles de personas de manera injustificada” (Con información de Agencias).
Texto: Redacción / DPA / Europa Press
