Huntsville, Texas, 9 de noviembre 2017.- El mexicano Rubén Ramírez Cárdenas se convirtió la noche del miércoles en el séptimo preso ejecutado este año en el estado de Texas y el número 23 en Estados Unidos, donde han sido ejecutados mil 465 reos desde que hace cuatro décadas el Tribunal Supremo de Justicia restableció la pena de muerte.
Nacido en el estado de Guanajuato hace 47 años, a Cárdenas lo declararon muerto a las 22.26 hora local del miércoles (04.26 del jueves GMT) tras recibir una inyección letal en la prisión de Huntsville. Y se convirtió en el reo número 545 en ser ejecutado en Texas desde 1982.
Ramírez Cárdenas, quien pasó casi dos décadas en el corredor de la muerte, fue condenado a la pena capital en 1998 por el secuestro, violación y asesinato (en 1997) de su prima Mayra Laguna, de 16 años de edad, según notificó el Departamento de Justicia Criminal.
La ejecución de un reo en Texas, por inyección letal, como fue el caso de Cárdenas, dura entre 7 y 10 minutos, y sus últimas palabras fueron: “No puedo ni quiero disculparme por un crimen que cometió otro, pero volveré por justicia. Podéis contar con ello”.
Sin embargo, la hermana de la víctima, Roxana, dijo tras la ejecución que “las palabras no pueden describir el alivio que se siente de saber que hay paz verdadera después de tanta pena y dolor”.
Ramírez Cárdenas fue condenado a muerte en 1998 por el secuestro, violación y asesinato de Laguna el 22 de febrero de 1997 en McAllen, ciudad del sur de Texas fronteriza con la mexicana Reynosa.
Un jurado consideró probado que él y su cómplice, Tony Castillo, entraron a la casa de la víctima por la ventana de la habitación, se la llevaron, la violaron, la estrangularon hasta que murió y abandonaron el cuerpo en un canal de la localidad de Edinburg, vecina a McAllen.
De acuerdo con la organización Death Penalty Information Center (DPIC), en Estados Unidos han sido ejecutados 11 mexicanos, 10 en Texas, desde que se reinstauró la pena de muerte en 1976. El primero fue Ramón Montoya, el 25 de marzo de 1993 en Texas.
Ramírez Cárdenas confesó el crimen a las autoridades y, entre él y Castillo, condujeron a los investigadores hasta el cuerpo de Laguna, pero su abogada, Maurie Levin, sostenía que la confesión se obtuvo bajo coacción y que el reo era inocente.
Por ello, Levin pidió hasta el último momento que se realizaran nuevas pruebas de ADN a las uñas de la víctima, pero los tribunales estadounidenses consideraron la petición una maniobra dilatoria de la defensa con la que, además, el mexicano no quedaría exculpado.
La ejecución de Ramírez Cárdenas captó el interés internacional, y tanto el Gobierno de México como las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presionaron a Texas para que la suspendiera invocando una supuesta falta de garantías en su proceso judicial.
Cárdenas se convirtió en uno de los beneficiarios del llamado “caso Avena” de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que ordenó en 2004 a Estados Unidos revisar los casos de 51 mexicanos condenados a muerte porque se había violado su derecho a recibir asistencia consular.
De los mexicanos amparados por ese fallo, 13 ya no enfrentan la pena de muerte, uno murió de cáncer y cuatro fueron ejecutados, el último de ellos en abril de 2014.
