Ciudad de México, 5 de septiembre de 2022. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició la discusión sobre si elimina o no la obligatoriedad para que jueces dicten prisión preventiva oficiosa en el país.
Esta lunes, por primera vez en su historia, se discute un proyecto que propone dejar de aplicar un fragmento de la Constitución por considerarlo contrario a los derechos humanos.
Si junta al menos ocho votos, la Corte ordenará a todos los jueces del País dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa, prevista en el Artículo 19 de la Constitución para 16 delitos, y que se ha ampliado a otros 45 mediante leyes secundarias impulsadas este sexenio.
De aprobarse, la Fiscalía tendría que dar razones al juez para mantener al acusado en la cárcel durante su proceso.
Críticos del proyecto han señalado que la Corte excedería sus facultades si ordena inaplicar la Constitución, pues la propia Carga Magna no la faculta para ello; es decir, sólo el Poder Reformador, integrado por los Congresos federal y estatales, puede hacer esos cambios.
¿Cómo votarían?
Con base en sus intervenciones en 2021 para eliminar el fraude fiscal como delito grave, así podrían ser sus votos:
Por eliminar prisión
° Luis María Aguilar
° Norma Piña
° Alfredo Gutiérrez
° Javier Láynez
° Arturo Zaldívar
° Juan Luis González Alcántara
° Jorge Pardo
° Alberto Pérez Dayán
Por continuar prisión
° Yasmín Esquivel
° Margarita Ríos-Farjat
No se sabe
° Loretta Ortiz* (Aún no era Ministra)
Exhortan en ONU a anular prisión automática
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU exhortó urgentemente a México a anular la prisión preventiva oficiosa o automática, consagrada en la Constitución.
“La prisión preventiva oficiosa es contraria las garantías internacionales de protección de derechos humanos” indicó Miriam Estrada-Castillo, presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo.
La Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura de la ONU, recordó, han planteado conclusiones similares.
Advirtió que la prisión preventiva oficiosa es además contraria a la independencia judicial y al deber de fundamentar jurídicamente los motivos de la detención, y pone en grave riesgo el derecho a la integridad personal y la garantía de no ser víctima de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
“Una de las más serias consecuencias de la prisión preventiva obligatoria ha sido el que muchos mexicanos pasen más de una década privados de su libertad a la espera de un juicio, sin sentencia y en condiciones de grave riesgo a sus vidas e integridad personal. Esto además contribuye al hacinamiento carcelario”, indicó.
El Grupo de Trabajo señaló que es consciente de los desafíos que enfrenta el Gobierno mexicano en materia de seguridad pública, pero remarcó que la prisión preventiva oficiosa pone al país en franca violación de sus obligaciones internacionales de derechos humanos, asumidas con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Anular la prisión preventiva oficiosa, apuntó, no solo es un paso esencial para aliviar el problema de las detenciones arbitrarias en México, sino que también permitiría disminuir la sobrepoblación del sistema penitenciario.
México, subrayó, tiene una oportunidad histórica para anular una medida perjudicial que ha afectado gravemente los derechos fundamentales de los mexicanos por años.
Texto: Víctor Fuentes / Agencia Reforma
