Leonardo Vázquez Pérez fue arrestado el viernes en Nayarit, por el delito de delincuencia organizada. Está acusado de omisión en la desaparición de los normalistas, porque supo que los estaban atacando en Iguala el 26 de septiembre de 2014 y no hizo algo para protegerlos
Ciudad de México y Chilpancingo, Guerrero, 31 de octubre de 2022. El ex secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, acusado de omisión en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, fue detenido este viernes en Nayarit por el delito de delincuencia organizada.
Un integrante de nivel superior del gobierno confirmó la detención de Vázquez Pérez, que durante la investigación por la tragedia de Ayotzinapa declaró haber sido notificado de las agresiones con armas de fuego contra los estudiantes, pero que por no contar con personal mandó a resguardar las instalaciones del cuartel policial y de la cárcel de Iguala pero no a dar apoyo a los normalistas.
En enero de 2021, un testigo clave en las indagaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR) que cuando era titular de Seguridad Pública de Guerrero, Vázquez Pérez recibía 50 mil dólares mensuales del cártel Guerreros Unidos, responsable de la desaparición de los estudiantes.
En octubre de 2014, el líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, aseguró que le habían dado 300 mil dólares al entonces procurador de Guerrero Iñaki Blanco y al secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez.
El 23 de septiembre pasado, el juez segundo de distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, Enrique Beltrán Santés, instruyó las capturas de Iñaky Blanco Cabrera y Leonardo Octavio Vázquez Pérez, por el delito de delincuencia organizada.
En su declaración ministerial del 21 de octubre de 2014, Vázquez Pérez señaló que a través del subsecretario Juan José Gatica Martínez tuvo conocimiento de que en el municipio de Iguala se habían producido disparos de arma de fuego y que la única indicación que dio fue proteger y custodiar a los lesionados que se encontraban en el Hospital General de Iguala.
“Ordené al subsecretario que girara las instrucciones de proteger y custodiar a los lesionados que se encontraban en el hospital, fue la única instrucción que di al subsecretario, ya que en la región Norte ya no contábamos con elementos suficientes para cualquier acción operativa”, aseguró.
Sin embargo, no hubo otros reportes de falta de elementos y tampoco fue confirmado por el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero.
La detención de Vázquez Pérez es parte de los 84 mandamientos de captura que libró el juez Beltrán Santés el pasado 19 de agosto por el caso Iguala en la causa penal 15/2022.
Además del ex procurador general de Justicia Iñaky Blanco Cabrera y el ex secretario de Seguridad Pública estatal durante el gobierno perredista de Ángel Aguirre Rivero, Leonardo Vázquez Pérez, se ordenó la captura de Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero (TSJG), por delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada, de acuerdo con información del Poder Judicial de la Federación.
Por los mismos ilícitos, se libraron las aprehensiones contra Luis Europa Solís Jiménez y Javier Uribe Iturbe, ingeniero en sistemas de cómputo y programador analista del TSJG, respectivamente, así como contra César Nava González y Francisco Salgado Valladares, ex jefe de la Policía de Cocula y ex subdirector de la Policía de Iguala, el primero por desaparición forzada y delincuencia organizada, y el segundo sólo por este último delito.
La acusación contra el ex procurador y el ex secretario de Seguridad Pública estatal tiene como punto de partida las declaraciones del testigo protegido Juan, nombre clave de Gildardo López Astudillo, El Gil, operador del grupo de la delincuencia organizada Guerreros Unidos.
El testigo afirmó que Guerreros Unidos enviaba mensualmente 50 mil dólares Vázquez Pérez que le hacían llegar por medio de Felipe Flores Velázquez, jefe de la Policía municipal de Iguala, quien a su vez lo recibía de Raúl Núñez Salgado, La Canperra, uno de los miembros del grupo de narcotraficantes.
Juan dijo a la Fiscalía que también entregaba 80 mil pesos cada mes a los mandos de la Policía Estatal de Guerrero; a los subordinados de José Adame, coordinador de esa corporación, y que patrullaban Iguala, 15 mil, y a los demás agentes 10 mil pesos.
Sin embargo, tres días después, el 26 de septiembre se dio a conocer que la Fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz Manero, se desistió ante un juez federal de 16 órdenes de aprehensión que ya habían sido giradas contra militares a quienes antes acusó de estar presuntamente implicados en el caso Iguala.
Después se informó que la FGR también se desistió de las órdenes de aprehensión contra cinco funcionarios del gobierno de Guerrero, incluido el ex procurador Iñaki Blanco, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín. En la información que se publicó de este segundo desistimiento no aparece el nombre de Leonardo Vázquez Pérez.
En el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa que presentó el 18 de agosto el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, se expone que la verdad histórica fue un resultado de una acción concertada del aparato del poder” en la que participaron en su implementación funcionarios federales y locales, entre ellos incluyó al secretario de Seguridad Pública del gobernador perredista, Ángel Aguirre Rivero, Leonardo Vázquez Pérez.
Texto: Agencia Reforma y Redacción / Foto: Lenin Ocampo Torres
