Europa Press
Madrid
El Congreso de Perú ha aprobado un proyecto de ley para adelantar las elecciones presidenciales a abril de 2024, tras la propuesta de la presidenta del país, Dina Boluarte, con motivo de las protestas antigubernamentales que piden la liberación del exmandatario Pedro Castillo.
El pleno de la Cámara Baja ha registrado 93 votos a favor, 30 en contra y una abstención para el texto de reforma constitucional presentado por la Comisión de Constitución peruana.
El texto aprobado señala que “la presidenta de la República, actualmente en funciones, convoca a elecciones generales, que se llevarán a cabo en abril de 2024. Concluye su mandato el 28 de julio de 2024”, según se lee en el documento presentado por la Comisión.
Esta reforma –al haber superado los 87 votos necesarios– debe ser ratificada en segunda votación en la próxima legislatura ordinaria, prevista para febrero de 2023, informa RPP.
Los legisladores peruanos han reconsiderado la votación después de que la sesión del pleno fuese suspendida el pasado viernes tras rechazar el adelanto de elecciones generales a 2023.
La presidenta del país, Dina Boluarte, anunció el adelanto de elecciones a abril de 2024 como respuesta a las protestas sociales que se están produciendo en varias zonas del país contra su gobierno.
“Interpretando de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía, he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las Elecciones Generales para abril del 2024”, declaró la mandataria en un discurso a la nación con motivo de las manifestaciones violentas de este fin de semana que han dejado más de veinte muertos.
Por su parte, Boluarte ha elegido como nuevo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) al coronel retirado del Ejército Juan Carlos Liendo O’Connor, quien considera estas últimas protestas como “insurgencia terrorista” y que ya trabajó en dicha institución cuando fue señalada por delitos de lesa humanidad durante el mandato del ex presidente Alberto Fujimori.
“Si se quiere abordar los hechos que estamos viendo como conflicto social, estamos en un error total. Aquí no hay conflictos sociales. Ni si quiera hay vandalismo. Son ejercicios de la violencia con una agenda política bien clara: asamblea constituyente, la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso”, dijo apenas un día antes de ser elegido para el cargo.
“Esto se repite como objetivo político en cada lugar donde bloquean una carretera, donde tiran piedras, donde se cierran aeropuertos. En cada lugar donde se ataca a la Policía y a las Fuerzas Armadas, hay un objetivo político y eso se llama insurgencia terrorista”, ahondó O’Connor en Willax TV.
O’Connor ha alabado el papel de la Policía y el Ejército durante esta crisis política a pesar de los casi treinta muertos que ya se han registrado desde que comenzaran las protestas en apoyo del expresidente Pedro Castillo hace dos semanas, justificando que esas bajas son “instigadas por el terrorismo”.
“Yo gratamente he podido apreciar a un Ejército entrenado, disciplinado, actuando de forma eficiente con el uso de armas”, ha dicho O’Connor, mientras manifestantes y organizaciones internacionales y políticas en la oposición denuncian un uso excesivo de la fuerza durante los operativos de represión.
Además, O’Connor ha aceptado el cargo de manos de Boluarte a pesar de que ella, en calidad de vicepresidenta en el gobierno de Castillo, habría sido una de los “cómplices funcionales” que a su parecer servían como “proyección” de Sendero Luminoso en el poder.
“Hoy tenemos a Sendero, a la proyección de Sendero, en el poder. Y a los liberales progresistas, a los caviares, tratando de ayudarlos. En la práctica son cómplices funcionales de la destrucción del país”, señaló O’Connor durante el convulso mandato de Pedro Castillo, recuerda el diario La República.
La CIDH llega a Perú para
analizar la crisis política
Una delegación técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llega ayer a Perú para reunirse entre otros con la presidenta, Dina Boluarte, y analizar la enésima crisis política que sufre el país tras el cese y el arresto del expresidente Pedro Castillo.
El equipo de la CIDH está formado por nueve expertos de diferentes países, quienes han llegado a Perú a petición del gobierno de Boluarte, con quien se reunieron ayer mismo en el Palacio de gobierno. Está previsto también que el grupo viaje a Ayacucho, donde se han registrado los peores momentos de esta crisis.
No obstante, este viaje podría no efectuarse debido a la situación de seguridad en la que se encuentra la ciudad, con nuevas movilizaciones programadas. Ayacucho está en el centro de las miradas después de la violenta represión de las fuerzas de seguridad, que emplearon fuego real para disolver unas protestas en el aeropuerto, dejando una decena de muertos.
Mientras, la ministra de Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi, ha mantenido ayer una reunión telemática con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, para abordar la situación de los derechos fundamentales en la nación andina.
Según ha detallado el ministerio en una publicación en sus redes sociales, Turk ha trasladado su “solidaridad” con la compleja situación por la que atraviesa Perú, y ha mostrado su disposición para “colaborar en conjunto para encontrar una salida que renueve la cohesión social y la confianza en las instituciones del país”.
