17 noviembre,2017 4:53 am

Hay intención de acabar en el estado con las policías comunitarias, advierte senadora del PRD

▼ Presenta Angélica de la Peña un punto de acuerdo para que autoridades estatales liberen a Arturo Campos

Texto: Vania Pigeonutt
Foto: Archivo El Sur / Lenin Ocampo Torres

Ciudad de México, 17 de noviembre 2017.- Tras exhortar a los poderes Ejecutivo y Judicial de Guerrero a liberar al promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Arturo Campos Herrera, la senadora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la perredista Angélica de la Peña Gómez advirtió que hay una intención de acabar con las policías comunitarias en el estado, y pidió respeto a estos sistemas normativos.

En conferencia de prensa en el Senado de la República los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra y Rogelio Téliz García reiteraron que Campos, indígena na savi (mixteco) originario de Ayutla de los Libres, es un preso político y está encarcelado sin ninguna justificación jurídica, con la intención de criminalizar a la CRAC.

La perredista elaboró un punto de acuerdo el martes pasado, donde reconoce como luchador social a Campos Herrera y pide al pleno del Senado enviar un exhorto formal, para que el gobierno del priista Héctor Astudillo Flores y el Tribunal Superior de Justicia revisen el caso y lo liberen, al igual que a Gonzalo Molina y Samuel Ramírez Gálvez.

Consideró que “el fondo del problema está en las autoridades, que no tienen ningún tipo de sensibilidad de contenido que debe tener este tipo de trabajos comunitarios que se realizan, me parece que este caso es clarísimo de una criminalización a las policías comunitarias, cuando son sistemas normativos respaldados por la ley”.

La rueda de prensa se da en el marco de la gira de trabajo de la relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, a quien otras organizaciones han solicitado que se pronuncie por la liberación de los presos políticos de México, que son más de 500, según varios organismos.

Rogelio Téliz explicó por separado que desde el 1 de diciembre de 2013 el promotor fue preso acusado de secuestro, robo de armas en agravio del Ayuntamiento de Ayutla, y delincuencia organizada, pero ha quedado absuelto de tres causas penales aunque aún está pendiente el delito de secuestro.

Confió que el punto de acuerdo, que precisó, se turnó a la comisión de Derechos Humanos, dé resultados este año, porque valora los mismos criterios jurídicos para la liberación de Nestora Salgado García, ex comandanta de la CRAC presa en agosto de 2013, y quien recuperó su libertad en abril de 2016, que reconocen a la CRAC como un sistema de impartición de justicia y a ellos como autoridades.

Detalló que el único proceso que sigue vigente en contra de Arturo Campos es por secuestro, en la causa la penal 196/2013-1.

“De los 43 supuestos agraviados muchos no están en sus comunidades y no podemos desahogar la etapa procedimental, es un problema de dilación. Ha habido una mala fe por parte del Tribunal, del juez, si tanto Nestora como Bernardino García (otro integrante que estuvo preso) quedaron absueltos, el juez pudo utilizar los mismos criterios con Arturo y antes de que se cierre el juicio emitir un documento donde le otorga la libertad, porque ya está demostrado que no hay ningún secuestro”, detalló.

Consideró que en el expediente ya está el precedente, “confiamos en que tiene que ser una sentencia absolutoria porque el secuestro ya está acreditado que no ocurrió. No hay ninguna acusación, no hay pruebas que sustenten ese delito”.

De la Peña Gómez exhortó al Ejecutivo y a la Fiscalía General del Estado de Guerrero a cumplir el artículo 14 de la Constitución del estado y el artículo 37 de la Ley 701 de Reconocimiento y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la entidad, que reconocen en la constitución local a la CRAC y sus atribuciones.

Entrevistada por separado dijo que no sólo es un asunto que viene desde el gobierno de Héctor Astudillo, sino cuatro años atrás con el defenestrado Ángel Aguirre, “el problema que hay de fondo en el estado de Guerrero viene desde mucho tiempo atrás. A cada rato en distintos eventos se denota que hay una desatención y una permanente amenaza de no querer reconocer estos sistemas normativos”.

De manera particular lamentó que el gobierno no reconozca las formas en las que están organizados con las policías comunitarias, “lo que tiene que darse en el estado involucra a todas las organizaciones, al orden estatal como el municipal, que en vez de querer afectar esta organización lo que se tiene que hacer es respetarla, además de reconocerla y entender que es una coadyuvancia para la gobernabilidad de la entidad”.

Se pronunció a favor de que se modifique en la Constitución de Guerrero, como ha pedido la CRAC, el apartado indígena, y que además de la Ley 701 y el artículo 69 de la Organización Internacional de Trabajo, que también reconoce al sistema, se fundamente y queden por encima de cualquier controversia las funciones de la Policía Comunitaria.

Opinó que la modificación “es completamente correcta porque además está fundada en el artículo 2 de la Constitución, el artículo 2 ha sufrido reformas importantes porque se establecen reconocimiento a los sistemas normativos, porque siempre los sistemas normativos tienen una preponderancia como pueblos originarios de México”.

Arturo Campos Herrera es reconocido desde esa Comisión por su labor en defensa de los derechos de los pueblos indígenas na savi y me’phaa de la región Costa-Montaña de Guerrero.

De la Peña Gómez se comprometió a que antes de que concluya el año el Senado se pronunciará por su liberación.

 

Está mal de salud y económicamente la
esposa de Arturo Campos, informa Tlachinollan

Texto: Vania Pigeonutt

Ciudad de México.- A casi cuatro años de que el promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Ayutla de los Libres, Arturo Campos Herrera fue encarcelado, su esposa Agustina García de Jesús ha mantenido a su familia prácticamente sola, y su salud se ha deteriorado.

La indígena na savi no pudo acudir al Senado desde donde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, y la Comisión de Derechos Humanos de esta cámara se pronunciaron por su liberación, ya que lo consideran preso político y no hay razones para que siga en la cárcel de Ayutla.

Agustina tiene 38 años, pero según el abogado de Tlachinollan que lleva el caso de Arturo Campos, Rogelio Téliz García, su salud se ha deteriorado parece como si tuviera más. Está muy delgada y tiene fuertes dolores en el cuerpo.

Vende algunas hierbas curativa que ella cosecha en el jardín de su casa en Ayutla, en la Costa Chica del estado.

Es madre de cinco hijas mujeres y un varón de quienes se ha tenido que hacer cargo en estos años, luego de que el 1 de diciembre de 2013 su esposo, también na’savi, fue acusado de delincuencia organizada, secuestro agravado, portación de armas, delitos, que según su defensa fueron imputados aún cuando la Ley 701 fundamenta las funciones de la CRAC, y Arturo Campos nunca actuó fuera de ello.

“La familia de Arturo desgraciadamente se encuentra desgastada tanto económicamente como físicamente. Agustina por cuestiones de salud que se le han ido agudizando no pudo estar con nosotros, tiene un problema ya por esta criminalización de Arturo Campos, doña Agustina se ha hecho cargo de sus hijos, de la familia”, mencionó.

Dijo que lo que hace para mantenerse es vender plantas, pizzas, a veces pan, tenía una tienda en su casa pero desde agosto de 2013 hombres le prendieron fuego a su hogar y dejó de surtir, “desde la vez pasada eso ha ido disminuyendo su patrimonio”.

El abogado compartió que “ha habido solidaridad de algunas organizaciones, les llevan despensa, sobre eso se ha ido manteniendo. Lo que nos preocupa es el tema de su salud, doña Agustina sí está desgastada, sus hijos siguen estudiando con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, económicamente no está bien”.

De Arturo Campos dijo que está estable “mejor porque tiene cerca de la familia, eso lo pone contento, pero sí ha tenido complicaciones de salud, no muy graves pero debido al hostigamiento, al encarcelamiento, por parte del Estado ha tenido un problema de presión, tiene problemas gastrointestinales”.