Cada 13 horas se registran agresiones contra comunicadores y cuatro de cada 10 son perpetradas por actores del Estado. Intimidaciones y hostigamiento, amenazas y uso ilegítimo del poder público son las más frecuentes. “Fue el año de la distorsión. Se hizo más evidente la desinformación, la concentración y ocultamiento de información, mostrándose ya como una estrategia deliberada para anular voces críticas”, señala el director regional Leopoldo Maldonado en su informe anual
Ciudad de México, 28 de marzo de 2023. El 2022 se convirtió en el año más violento para el gremio periodístico mexicano desde 2007, con 696 ataques contra la prensa registrados por la organización Artículo 19 en su informe Voces contra la indiferencia, en el cual documenta los 12 asesinatos de periodistas ocurridos en ese lapso y que representan, junto con la de 2017 –cuando hubo 12 homicidios también–, la cifra más letal.
De acuerdo con Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, “la promesa de una democracia abierta, incluyente y plural se ha quedado en retórica y aspiración.
En los cuatro años que lleva “el gobierno que se erigió como transformador, el panorama para la libertad de expresión no ha mejorado, las formas de censura e inhibición han mutado, conviviendo con viejos mecanismos autoritarios que no han sido erradicados”.
El informe Voces contra la indiferencia fue presentado este martes en el Museo Memoria y Tolerancia. Ahí, Maldonado dijo que la idea de diversas expresiones sociales ha apuntado “a la construcción de una democracia institucional y una democracia más de derechos. Es nuestro derecho a la libertad de expresión”, sin embargo, “ninguna bandera política o ideológica nacional y local ha logrado garantizar y respetar plenamente estos derechos. Al contrario –enfatizó–, buscan minarlos mediante diversos métodos abiertos o soterrados, burdos o sofisticados”.
Los 696 ataques contra la prensa en 2022, el cuarto año del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, constituyen la cifra más alta desde que Artículo 19 comenzó a contabilizarlos en 2007, en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico” declarada por el entonces presidente Felipe Calderón.
Tomando en cuenta estos más de 15 años, comentó Maldonado, “vemos con preocupación que viejos anclajes persistieron. La violencia contra la prensa, la desigualdad informativa para personas y colectivos históricamente discriminados, la discrecionalidad en la asignación de la publicidad oficial, el afán criminalizante en internet y la falta de cambios son una muestra”.
El 2020 fue determinante, afirmó, pues “fue el año de la distorsión. Los males descritos se profundizaron. Se hizo más evidente la desinformación, la concentración y ocultamiento de información, mostrándose ya como una estrategia deliberada para anular voces críticas”.
Un cuarto año peor que los de Peña y Calderón
El director de Artículo 19 en México explicó que el informe de la organización civil se centró particularmente en las voces de víctimas de violencia estructural, criminal y de Estado. “La degradación en el acceso a la información y la falta de información siguen vigentes”, insistió.
En sus páginas, el reporte de la ONG expone que las agresiones a periodistas se registran cada 13 horas y que la gran mayoría son cometidas por las autoridades. Por ejemplo, de los casos que documenta, hasta 296 –es decir, 42.53 por ciento– fueron perpetrados por actores del Estado. Eso es cuatro de cada 10.
Según el informe, la cifra de 696 ataques representa un incremento de 329.63 por ciento en comparación con el cuarto año del gobierno de Calderón (162) y del 63.38 por ciento respecto en el mismo periodo del sexenio de Enrique Peña Nieto (426).
“Durante el cuarto año de Andrés Manuel López Obrador se agredió a la prensa cada 13 horas, mientras que en el mismo periodo de las dos administraciones pasadas la frecuencia fue de 21 y 55 horas, respectivamente”.
A nivel nacional, las cinco entidades federativas con más casos de ataques contra la prensa en 2022 fueron Ciudad de México, Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz.
El reporte indica que, en lo que va de la presente administración federal, “los ataques contra la prensa han constado, mayoritariamente, de amenazas, intimidación y acoso. En 2022, al igual que en los últimos tres años, las agresiones más comunes contra periodistas y medios de comunicación fueron: intimidaciones y hostigamientos, con 181 casos (26.01 por ciento del total); amenazas, con 151 casos (21.70 por ciento), y uso ilegítimo del poder público, con 111 casos (15.95 por ciento).
“Estas tres categorías corresponden a más de 63 por ciento del total de ataques documentados en el año”.
El informe dice que “las agresiones letales, el acoso judicial, las amenazas y el estigma preocupan sobremanera por el efecto cascada que tienen para silenciar al gremio y por el impacto negativo que la censura de quienes informan tiene en el flujo y acceso a la información de la sociedad mexicana”.
Los 12 homicidios de periodistas en 2022 fueron cometidos muy posiblemente como represalia a su labor, destaca el informe, lo que posiciona a México como el país más letal contra la prensa en el continente y con cifras similares a países en guerra como Ucrania.
Estado omiso por contubernio o por ausencia
El informe de Artículo 19 especifica que ocho de los 12 periodistas asesinados se encargaban de asuntos de corrupción y política; tres, de seguridad y justicia; un homicidio se vincula “con información sobre el sector privado” y otro con asuntos relacionados con “tierra y territorio”.
Hasta en nueve de los 12 homicidios se ha identificado, según el informe, “a integrantes del crimen organizado como posibles autores materiales coludidos con las autoridades. Sea por contubernio o por ausencia, lo cierto es que, ante el aumento de la violencia, el Estado mexicano ha sido omiso en la realización de acciones que prevengan este y otros tipos de ataques contra la prensa”.
En México “se matan periodistas, pero también se les calla y amedrenta de diferentes formas, con amenazas y el uso ilegítimo del poder público”, alertó Maldonado, quien aseguró que 97 por ciento de estos crímenes continúan impunes. Es una cifra “que no tiene visos de revertirse y sirve como aliciente para perpetuar las agresiones”.
Estigmatización desde elgobierno y precarización
Artículo 19 no sólo lleva el registro de los actos de violencia más obvios contra periodistas. También, por ejemplo, ha contado en el último año que “en al menos 176 ocasiones el Ejecutivo vertió comentarios estigmatizantes de medios de comunicación, periodistas e, incluso, organizaciones de la sociedad civil. De estos 176 hechos, 44 se configuraron como ataques contra la prensa, de los cuales 33 fueron cometidos directamente por el titular del Ejecutivo federal”.
“El Presidente no ceja en su estrategia de anular al mensajero”, se puntualiza en el informe.
Ante estos “ataques” cometidos por López Obrador, Maldonado lamentó que “no hubiera un cambio de actitud teniendo en cuenta el extraordinario número de periodistas asesinados durante el año”.
Adela Navarro, directora del Semanario Zeta de Tijuana, mencionó durante la presentación de Voces contra la indiferencia que “muchos de los ataques provienen de los gobiernos estatales y municipales, de las fuerzas federales, de las fiscalías. Es lamentable que con la llegada de este gobierno que tanto se comprometió con la seguridad y la libertad de expresión, no esté sucediendo”.
Aparte, el informe señala que “la estrategia de ataque verbal por parte del gobierno federal, la concentración de recursos y la discrecionalidad en los criterios de asignación de publicidad oficial da pie a la manipulación de las líneas editoriales de los medios en México”.
Añade que el año pasado tan sólo 10 empresas de comunicación recibieron 54.8 por ciento del total del gasto en publicidad oficial; cerca del 30.6 por ciento se entregó al periódico La Jornada y a las televisoras Televisa y TV Azteca.
Por otro lado, resalta que “la precarización de la labor periodística incrementa los riesgos que enfrentan” quienes reportean o se dedican a la fotografía de prensa, e incluso en muchos casos “deben cubrir sus propios equipos de protección y de trabajo”.
De 227 periodistas agredidos en 2022 que aportaron datos económicos a Artículo 19, solamente 26.87 por ciento contaba con un contrato de tiempo completo cuando sufrió la agresión y 7.48 por ciento estaba contratada a medio tiempo.
“Hito inimaginable” en violaciones a los derechos humanos
En el Museo Memoria y Tolerancia, Leopoldo Maldonado afirmó que el informe es un homenaje a las voces de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y comunidades indígenas “que hoy confrontan su discurso con otras voces hegemónicas y la monopolización del debate sobre lo público”.
En “los últimos cuatro años del gobierno que se erigió como transformador –dijo–, el panorama de la libertad de expresión continúa con una marcada tendencia de deterioro que se remonta a la primera alternancia partidista en el poder, en el año 2000, y que ha reducido el derecho a la información y promueve una expresión inofensiva y poco crítica del poder”.
Puso el ejemplo de 2022, año que representó “un hito inimaginable en violaciones a derechos humanos”. Y recordó que el año pasado el país llegó a la cifra de 100 mil personas desaparecidas.
“Según cifras oficiales, entre 2019 y 2022 se han registrado más de 30 mil de estos casos y se estima que, debido al alza y continuidad de la violencia, al finalizar el sexenio podrían ser de más de 60 mil”, alertó.
Por otro lado, Maldonado se refirió al “casi nulo avance institucional en temas de seguridad y justicia”, que es recogido en el informe como un déficit en la respuesta de defensa a víctimas.
Desde enero de 2020 hasta diciembre de 2022, expuso el director de Artículo 19, “se registraron mil 504 personas en el padrón local de víctimas de Ciudad de México, de las cuales solamente 186 han recibido apoyo con recursos económicos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral capitalino”.
Militarización y opacidad
El informe repasa, además, “las preocupaciones sobre la militarización del país y la opacidad que ronda a las fuerzas armadas, particularmente en torno a acciones de espionaje como herramienta de intimidación y amenaza en contra de periodistas y defensores de derechos humanos que han sido reveladas en meses pasados por grupos de hacktivistas”.
Según se consigna en este apartado, “estas filtraciones confirman que desde las instituciones castrenses se considera enemigos potenciales a colectivos e individuos que investigan, denuncian y exponen casos de violación a derechos humanos, sin que la respuesta del gobierno federal haya sido satisfactoria. Se destinaron recursos públicos para implementar una campaña desde sitios digitales oficiales con la finalidad de desmentir el uso de malware”.
Asimismo, se remarca que el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional “ha sido utilizado como pretexto” para impulsar “leyes de ciberseguridad restrictivas de los derechos humanos e inhibitorias de la libertad de expresión”.
Las instituciones civiles de seguridad y justicia, recuerda el informe, tuvieron un presupuesto 271 por ciento menor al del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.
Texto: Guillermo Rivera
