El dirigente social de Atoyac, Arturo García, recuerda que hay hijos de víctimas que murieron sin haber visto la justicia, por eso es importante que el gobierno pueda resarcir el daño, “no es mucho lo que va a invertir, y va a ganar más, demostrar humanismo”
Chilpancingo, Guerrero, 22 de abril de 2023. El dirigente social de Atoyac Arturo García Jiménez afirmó que se tardó 50 años en que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hiciera la recomendación para la reparación integral a las víctimas de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, y a más de 50 años de que ocurrieron las agresiones, la mayoría de los afectados son ancianos, otros fallecieron o están enfermos, por lo que “es injusto que hasta hoy a penas estemos en esa fase de recomendación”.
Como informó El Sur el pasado miércoles, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendó al gobierno federal, al Congreso de la Unión y al gobierno del estado de Guerrero que en un plazo de seis meses realice un plan de reparación integral que considere el daño individual y social, así como las necesidades en materia de acceso colectivo a la salud, a la alimentación y a la educación de las víctimas de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 por el Estado, el periodo conocido como la guerra sucia.
También pidió disponer de los recursos financieros para todas las tareas y a establecer un equipo multidisciplinario para que la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, y en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) realicen un diagnóstico de las necesidades de salud, alimentación y educación en Guerrero.
Consultado al respecto por teléfono, Arturo García expuso que la CNDH tardó mucho en hacer la recomendación, primero en 2001 la CNDH hizo la recomendación 26/2001 para resarcir los daños a los agraviados, pero no pasó nada.
Mencionó que después vino la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), y la Comisión de la Verdad estatal, y hasta el final llegó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ya en 2018, cuando empezó el Registro Nacional de Víctimas (Renavi).
Afirmó que esta recomendación lleva cinco años de retraso, desde que salió la administración anterior ya que estaba en el tintero, y el caso de El Quemado se ponía en primer término, por ser la comunidad agraviada con mayor número de implicados.
Opinó que está bien la recomendación porque se dirige a personajes claves y lo que recomienda son cosas importantes.
Indicó que es relevante la recomendación a la Secretaría de Gobernación y la del gobierno estatal acerca de que deben pedir perdón histórico y organizar un plan para atender a las víctimas en materia de salud, porque ya son más de 50 años de las agresiones y muchos afectados son ancianos, otros fallecieron o están enfermos, “y es injusto que hasta hoy a penas estemos en esa fase de recomendación”.
Comentó que los agraviados tienen que tomar esa recomendación como una herramienta para seguir gestionando y presionando en su caso, y es una ventaja que la CNDH ratifica la necesidad de resarcir los daños causados y ojalá que se cumpla.
Agregó que independientemente de que la actual gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, por Morena, no tuvo que ver en las agresiones históricas, pero “como segundo orden de gobierno tiene la obligación de acatar esa recomendación, y abre la necesidad de que sí se están atendiendo los agravios históricos del pasado, con mayor razón tiene que atender lo actual, a los desplazados y desaparecidos y la violencia permanente en diversas regiones”.
Agregó que si la gobernadora no lo entiende, querrá decir “que no le interesa la pacificación del estado de Guerrero”.
Precisó que las condiciones de las víctimas de la comunidad de El Quemado, los sobrevivientes tienen una edad promedio de 80 años, la mitad de los agraviados de aquel tiempo ya fallecieron y los que están, las enfermedades los ponen en una situación muy vulnerable. En el último mes ha apoyado a dos adultos mayores enfermos que por sus propios medios se han trasladado a Acapulco, cuando se supone que la CEAV tiene la obligación de canalizar y proporcionarles asistencia médica, y no lo hace.
Dijo que hay personas que han fallecido sin haber visto la justicia, por eso es importante que el gobierno pueda resarcir el daño, “no es mucho lo que va a invertir, y va a ganar más, demostrar humanismo, ellos entienden que resarcir el daño es pagarle a la gente y para ellos es un gran problema porque lo reducen a que darán 100 o 200 mil pesos, pero si hubiera atención, reconocimiento y respeto, eso es más que un pago en efectivo”.
Las víctimas directas e indirectas, aseveró, han tenido que marchar, tomar edificios, hacer bloqueos de carreteras, huelgas de hambre, y en 50 años es la hora que todavía no se ven resultados.
Recalcó que se habla de la guerra sucia de los años setentas, pero después de eso, en los ochentas con los nuevos grupos armados del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario de Pueblo Insurgente (ERPI) hubo más guerra sucia, y después llegó la delincuencia organizada, el cultivo de enervantes y el control del territorio, por lo que han “pasado más guerras y cada vez más sucias”.
“El gobierno del país se quitaría un gran peso histórico, social, sí atendiera al menos por cosas humanitarias, la primera guerra sucia de los setentas”, mencionó.
Arturo García contó que tras estudiar Sociología Rural, en la Universidad Autónoma de Chapingo, en el Estado de México, en los años ochentas llegó a la Costa Grande interesado en entender el proceso de la guerrilla de Lucio Cabañas, sus primeros contactos fueron los ancianos de la región, que conocían de Lucio, la guerrilla y su historia.
“Ellos me relacionaron con otra gente y llegué a El Quemado, fue de las primeras comunidades que llegué porque conocíamos la historia, y sobre todo por el proceso que vivieron en la cárcel colectiva, donde convivieron por años, y eso hizo que los compañeros tuvieran una ideología muy sólida, muy firme y fueron mi base de apoyo original para iniciar el proceso organización de los cafetaleros en la Costa Grande, porque era la gente más organizada”, dijo.
Contó que un ejemplo de víctimas que fallecieron sin ver la justicia, es Gregorio Martínez Mallares, vecino de El Quemado, quien murió hace cuatro meses. Goyo tenía 36 años cuando el 2 de septiembre de 1972 fue a una reunión bajo engaños en la cancha de El Quemado, él junto a 93 vecinos fueron apresados violentamente por los soldados, desaparecidos durante más de 15 días, torturados física, verbal y psicológicamente.
Expuso que de esos 94 vecinos detenidos bajo graves violaciones de sus derechos humanos, siete están desaparecidos, otros murieron en la tortura y los demás fueron obligados a firmar bajo presión y tortura declaraciones prefabricadas, se les procesó injustamente y fueron sentenciados a 30 años de prisión, gracias a la presión del movimiento social después de cumplir en promedio cuatro años y medio de cárcel injustamente fueron liberados.
Texto: Emiliano Tizapa Lucena / Foto: Archivo
