“Queremos saber qué fue de Rosendo y los luchadores desaparecidos en los años setenta en el marco de la guerra sucia. ¿Dónde están aquellos que han sido desaparecidos en la guerra contra las drogas?”, expresó Jorge Luis Amaya Lule del CMDPDH, compilador del libro Desaparecer en Guerrero. 50 años de impunidad, que analiza la desaparición forzada del líder social por el Ejército. En la presentación, Tita Radilla reprochó que no haya voluntad política del Estado ni capacidad ni la menor intención de esclarecimiento
Ciudad de México, 28 de agosto de 2023. La desaparición forzada del líder social Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida el 25 de agosto de 1974, se considera emblemática y por eso es detallada en Desaparecer en Guerrero. 50 años de impunidad, entre lo paradigmático y el incumplimiento, un libro donde se exponen los pormenores del caso que aunque no ha sido esclarecido, ha abierto las puertas para que otras desapariciones forzadas sea visibilizadas.
Bajo eso premisa, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) presentó el libro este viernes en la Casa de Francia, junto con la participación de familiares de Radilla, quienes, en busca de justicia, llegaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), la cual condenó al Estado mexicano como responsable de su desaparición.
“Han sido 49 años de impunidad, de caso omiso, de falsas esperanzas. Uno puede ver lo que ocurre hoy en día en nuestro país y se encuentran tantas similitudes con los casos del pasado. Cuando empezamos a tomar este proyecto hace un par de años, que fue cuando decidimos escribir el libro sobre la promoción y defensa que hemos hecho sobre el caso, identificábamos que esto no era una cosa del pasado. Las exigencias y búsquedas siguen tan vivas”, expuso Jorge Luis Amaya Lule, integrante de la CMDPDH y quien realizó la compilación y edición del documento.
“No nos vamos a cansar de seguir exigiendo dónde están los desaparecidos. Queremos saber qué fue de Rosendo y los luchadores que fueron desaparecidos en los años setenta en el marco de la guerra sucia o del terrorismo de Estado. ¿Dónde están aquellos que han sido desaparecidos en la guerra contra las drogas y por los cárteles del crimen organizado?”, enfatizó.
El caso de Rosendo Radilla es pargadigmático, remarcó Amaya Lule. “Nombramos al libro Desaparecer en Guerrero. 50 años de impunidad porque se trata de un caso que nos ha enseñado mucho, que ha abierto muchas puertas para otros casos”.
Sin embargo, agregó, “seguimos luchando porque se sigue cayendo en ese incumplimiento y en esa impunidad que se encuentra arraigada en los sistemas de justicia y de seguridad en nuestro país”.
Con esta obra, continuó, “queremos insistir en que el de Rosendo es un caso que nos ha abierto las puertas a otros casos para la región de Guerrero, pero también ha abierto las puertas en todo el país, donde existen muchos casos de desaparición forzada”.
A la presentación asistieron, además, otros integrantes de la CMDPDH y José Ramón Cossío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“49 años de dolor”, sin justicia ni verdad
De acuerdo con la CMDPDH, Desaparecer en Guerrero. 50 años de impunidad busca hacer un recorrido por la entidad, por su historia, sus riquezas, su ocupación y disputas, “para tratar de entender la desaparición forzada de personas en contexto de terrorismo de Estado o, por decirlo de forma coloquial, en la guerra sucia”.
La desaparición forzada de personas, en conjunto con otros crímenes graves como la tortura y el asesinato, afirma la Comisión, “son prácticas utilizadas como método de investigación y para el ocultamiento de la verdad, mismas que han sido una práctica recurrente en esta región sin que haya sanción alguna a los responsables, lo que vulnera de maneras inexplicables a toda la población de forma transgeneracional”.
Para la CMDPDH, uno de los “casos emblemáticos de la época fue la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco en Atoyac de Álvarez, Guerrero, a manos del Ejército mexicano”. Lo considera “paradigmático” porque fue la primera ocasión en que la CoIDH condenó al Estado mexicano por cometer violaciones graves.
“La sentencia de la Corte obligó a la creación de una serie de reformas legislativas y políticas que pretenden erradicar estas graves violaciones y combatir la impunidad”. No obstante, a medio siglo de ocurridos los hechos, destaca, “no hay sanción a los responsables, ni esclarecimiento de la verdad”.
Tita Radilla, hija del compositor de corridos y líder social en Atoyac de Álvarez, también intervino en la presentación del libro: “Para nosotros es importante que se conozca aquel momento de la detención y desaparición de nuestro padre Rosendo Radilla. Hoy se cumplen 49 años. Son 49 años pensando qué ha sido de él, qué ha pasado, 49 años de dolor, de sufrimiento, pero no sólo la familia Radilla, sino que cientos de personas fueron detenidas, desaparecidas, en aquel momento de la década de los setenta. Como él, corrieron con la misma suerte”.
Tita, activista de derechos humanos desde hace décadas, comentó que la familia ha luchado y ha hecho de todo para dar con el paradero de Rosendo, “pero desgraciadamente no tenemos una pista de dónde encontrarlo. No hay voluntad política del Estado mexicano, porque se tendría que ver reflejada en hechos. En este caso y muchos más, no hay la menor intención de esclarecimiento.
“Hemos estado dando seguimiento a los casos, pero no hay esa voluntad. Y no sé si tampoco existe la capacidad del Estado mexicano para darnos certeza, seguridad. Nosotros queremos saber qué pasó con ellos, dónde están, qué les hicieron, por qué”.
Lo que sí saben, dijo, es quiénes desaparecieron a decenas en la guerra sucia. “Fue el Estado mexicano, fue el gobierno mexicano y su brazo ejecutor: el Ejército mexicano, que ha sido hasta ahora protegido para que no se pueda sancionar a los responsables de esos hechos terribles que ocurrieron en aquel momento.
“Por la impunidad que ha permanecido, es que hoy día estas detenciones, torturas, se dan diariamente y nadie está exento de decir ‘a mí no me va a pasar’. Todos debemos levantar la voz para exigir justicia por todos los crímenes que han ocurrido y que siguen ocurriendo en este México herido y golpeado”.
Renovación de la esperanza e incumplimiento del Estado
En su turno, José Ramón Cossío también se refirió a la sentencia de la Corte Interamericana, que repercutió en la Suprema Corte de Justicia mexicana. “Fue una sentencia paradigmática –coincidió–. Por un lado, fue una renovación de la esperanza, pero también hay una altísimo incumplimiento de parte del Estado en la materia. Pero no hay cumplimiento no sólo de la sentencia, sino de muchas otras obligaciones que corresponden al Estado mexicano”.
Sobre las causas de las desapariciones, el ex ministro advirtió: “¿Dónde está la causa generadora? Son estas convivencias entre policías, delincuencia organizada, etcétera. Nadie puede negar que el proceso de militarización ha avanzado a unos niveles nunca antes vistos en la historia. No sólo por la presencia de las fuerza armadas, no sólo por el presupuesto, sino por los cambios jurídicos legales que han permitido el establecimiento de las propias fuerzas armadas en un número creciente de tareas”.
El abogado reconoció el trabajo de decenas de personas en la lucha por la búsqueda de desaparecidos. “En algunos años, cuando hagamos memoria de las personas que trabajaron por los desaparecidos, nos vamos a acordar de Tita, de doña Rosario Ibarra, de los papás y las mamás de los jóvenes de Ayotzinapa… de Karla Quintana, que, desde mi punto de vista, hizo un excelente trabajo hasta su renuncia hace unos días, al parecer porque le pidieron que maquillara las cifras de personas desaparecidas, tratando de hacer ajustes para cumplir con los logros del gobierno en turno”.
Reconoció el papel de la CMDPDH y de las madres y familias buscadoras. “Todos los elementos están ahí, pero hay que generar una política, no de partidos o de grilla, sino una acción política. Creo que todo esos esfuerzos no van a tener una trascendencia hasta que se conviertan en una acción política razonablemente coherente, dirigida.
“Estos 50 años se pueden extender no sólo respecto al caso Radilla sino a muchos otros casos que están en una situación semejante”, concluyó.
La generación del terror, tarea contrainsurgente
“Es un tema complejo el acompañamiento a familiares de personas desaparecidas. No solamente se trata de una representación ante las instancias. Nos encontrarnos ante la incertidumbre de las familias, porque sí, es una gran incertidumbre para ellas percatarse de que sus familiares fueron detenidos por agentes del Estado y crece la duda sobre si van a regresar”, indicó Norma García, integrante del equipo de apoyo psicosocial de la CMDPDH.
“Porque la práctica de la desaparición forzada se presenta como una tarea contrainsurgente para desmontar las luchas sociales. Lo que la hace tan efectiva para la desmovilización social es la generación del terror, del miedo”.
En opinión de la especialista, es inevitable, en este “contexto de violencia e impunidad estructural”, mencionar las desapariciones que sucedieron durante los periodos importantes de la lucha por la justicia y la democracia en México, “los cuales estuvieron marcados por estrategias de represión y contrainsurgencia por parte del Estado, como la guerra sucia, caracterizada por emplear todo el aparato institucional para llevar a cabo todo tipo de crímenes como método de represión social y como parte de una política de terrorismo”.
A la falta de procesos judiciales contra los responsables, “se suma la ausencia que representan las personas detenidas-desaparecidas para sus familiares. En algunos casos, como el del señor Rosendo Radilla, se trata de ausencias que han mantenido a su familia en luchas que rondan los ya casi 50 años. La mayoría de familiares en búsqueda de detenidos-desaparecidos de la guerra sucia en Atoyac son ahora adultas mayores. El tiempo ha pasado, pero la búsqueda continúa y los daños ocasionados a una generación repercuten en otras”.
El paso del tiempo sin resarcimiento del daño, finalizó, “reedita constantemente los impactos psicosociales de las víctimas, provoca la perpetuación del daño transgeneracional. Se ha evidenciado la falta de voluntad o capacidad del Estado en cumplir con una sentencia que suele ser calificada como paradigmática y que suele ser presentada como un ejemplo del alegado compromiso estatal con los derechos humanos”.
Texto: Guillermo Rivera / Foto: El Sur
