La presencia de grupos criminales que operan la venta de drogas y que cometen actos de extrema violencia, entre ellas la sexual, ha hecho más complejo “el acceso a la justicia”. A esto se añade la discrecionalidad dentro de las instituciones de procuración de justicia: las autoridades deciden “cuándo inician o no la denuncia, y si la registran en el sistema”. Entonces, “el subregistro de la violencia sexual empieza desde la falta de denuncia”
Ciudad de México, 19 de septiembre de 2023. En cuatro años, de 2018 a 2022, los delitos contra la libertad sexual y la seguridad sexual en Guerrero aumentaron más de 114 por ciento, y esto se debe a que existe un abandono en la procuración y administración de justicia por parte de las autoridades, de acuerdo con el análisis de especialistas entrevistadas por El Sur.
“Somos testigas de altos índices de impunidad en estos delitos. En el problema de la violencia contra las mujeres, en donde se encuentran los delitos relacionados con el desarrollo psicosexual de las personas, prevalece el abandono gubernamental. No se atiende como lo que es: un problema de justicia, de salud pública y de salud mental incluso, porque el impacto de la violencia va mermando el desarrollo de las personas víctimas de estos delitos”, expone Ana Yeli Pérez Garrido, directora de Justicia Pro Persona y asesora jurídica del Observatorio Nacional del Feminicidio.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2018 se registraron 501 casos de delitos contra la libertad y la seguridad sexual en Guerrero, mismos que fueron reportados por la fiscalía del estado.
Estos delitos son abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual, violación simple, violación equiparada, incesto y otros.
En 2018, los dos delitos con más registros fueron abuso sexual (165) y violación simple (196).
Para 2022, el número de delitos de este tipo ascendió a mil 77, lo que equivale a un aumento de 114.9 por ciento. El abuso sexual subió a 451 y la violación simple a 249.
“Si el estado no atiende el problema, menos previene. Eso es la que ha ocurrido y por eso hay un aumento tan grande y marcado en la violencia contra las mujeres. Los delitos no disminuyen. Al contrario, van en aumento y se complejizan”, explica Pérez Garrido.
Prevalece un alto índice de violencia sexual en los hogares, advierte. Y cuando se habla de la agudización de estos problemas es porque ahora coexisten con otras violencias más complejas.
“En el caso de Guerrero, hay presencia de grupos criminales que operan la venta de drogas y que cometen actos de extrema violencia, entre ellas la sexual”. Eso dificulta el acceso a la justicia, enfatiza.
Por un lado, no “hay capacidad para atender la violencia donde se tiene identificado al agresor, quien forma parte del seno familiar. Muchos casos no se denuncian porque hay familiares que lo impiden. El agresor sigue ahí, se pueden repetir estos actos”.
Por otro lado, “¿qué pasa cuando las autoridades se enfrentan a casos donde no saben quién es el agresor? Cuando la violencia sucede en el espacio público, en estos contextos de alta violencia y alta criminalidad, las autoridades no están teniendo la capacidad de control de la seguridad pública en general”.
Los agresores pertenecen a grupos criminales, agrega, que se pasean con armas. “Hacen lo que quieren y la violencia es una característica de su actividad”.
“No se garantiza libertad a las víctimas”
Para 2019, los delitos de índole sexual registrados llegaron a 674. Al siguiente año, fueron 760. En 2021, 854. En 2022 se rebasó la cifra de mil.
La violencia sexual contra las mujeres ha sido denunciada por organizaciones feministas desde 2016, cuando solicitaron la primera Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Guerrero.
Existen dos alertas de violencia de género en la entidad, una es por violencia feminicida y la otra es por agravio comparado. Esto se traduce en que hay una situación grave de violencia contra las mujeres y las niñas, comenta Marina Reyna Aguilar, directora ejecutiva de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres.
Cuenta Aguilar que en 2016 las feministas organizadas ya observaban que se iban acrecentando distintas violencias contra las mujeres, y la violencia sexual era una de ésas.
Dentro de la petición para declarar la primera alerta se hicieron varias recomendaciones respecto a la violencia feminicida y la violencia sexual. El grupo de trabajo de la Secretaría de Gobernación federal dio seguimiento para decidir si la alerta era viable o no. Se demostró que sí había una situación grave y la alerta de género se declaró en 2017.
“La violencia sexual era uno de los temas que las autoridades debían atender con medidas. Otras compañeras empezaron a documentar más esa violencia y por ello se solicita la alerta de género por agravio comparado, que se declaró en 2020”, relata.
La declaratoria de alerta de violencia de género por agravio comparado, según lo establece la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tiene como finalidad “eliminar las desigualdades producidas por un ordenamiento jurídico o políticas públicas que impidan el reconocimiento o el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres protegidos en todos aquellos instrumentos internacionales reconocidos y ratificados por el Estado mexicano, a través de acciones gubernamentales”.
Durante este sexenio, en Guerrero se han hecho reformas al Código Penal relacionadas con la violencia sexual, y una de las modificaciones fue que el embarazo no sólo se pudiera interrumpir por motivo de una violación, sino que se pudiera efectuar hasta la semana 12 por el simple hecho de que así lo decidiera la mujer agraviada.
Sin embargo, apunta Aguilar, recientemente se visibilizó en la Costa Grande un caso de violación a una menor a la que no se le permitió abortar. “La niña quedó embarazada; las autoridades del hospital impidieron que ella interrumpiera el embarazo. Es un ejemplo de lo que pasa. Hay una reforma al marco legal, pero no garantiza que las víctimas que decidan interrumpir el embarazo lo puedan hacer”.
Enfatiza que la pandemia por covid-19 vino a acrecentar la violencia sexual. “El problema continúa. Las autoridades dicen que se trabaja al respecto, pero la realidad que vemos es otra”.
Predomina “una impunidad terrible” en el estado, insiste Aguilar. “En el marco de la Ley 553 de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se deberían de estar protegiendo esos derechos, pero no es una realidad. Las dos alertas son vigentes. Quiere decir que persiste el problema”.
Una cifra negra que no se registra
Las especialistas coinciden, por separado, en que mientras las autoridades no ejecuten las políticas y medidas necesarias para que las mujeres accedan a sus derechos y tampoco haya consecuencias para los agresores, la violencia seguirá en aumento.
“Las víctimas desconfían de las autoridades. Si denuncian, no hay acceso a la justicia. Es una pérdida de tiempo para ellas. Es desgastante, porque las mujeres son revictimizadas y violentadas por las instituciones”, dice Marina Reyna Aguilar.
Por su parte, Ana Yeli Pérez Garrido atribuye el aumento de los delitos sexuales a otros factores, aparte del principal, que es el abandono institucional. “Podemos hablar de la capacidad de las autoridades estatales para actualizar los registros. Han mejorado porque los han obligado desde lo federal; el propio Secretariado Ejecutivo ha mejorado la actualización de las cifras”.
No obstante, cuestiona las cifras. Si en 2018 fueron 501 casos, “¿hubo menos de dos delitos por día ese año? Son muy pocos. Sabemos que hay mucha violencia sexual en el ámbito familiar. No hay dos casos al día en el estado. Esa cifra se queda corta, son muchos más”.
La cifra negra, afirma, crece por la falta de denuncias. “Pensemos en mujeres que viven en comunidades donde ni siquiera hay servicios. Cuando llega la atención, no es la más adecuada. A veces esa atención no se registra. Hay mucha discrecionalidad dentro de las instituciones de procuración de justicia. Ellos deciden cuándo inician o no la denuncia, y si la registran en el sistema.
“Entonces, el subregistro de la violencia sexual empieza desde la falta de denuncia, por estos obstáculos en la comunidad y en la familia. Pero también, cuando ellas llegan a las instituciones, no existe la mejor atención ni la disposición de recibir tal cual la denuncia. Menos existe la capacidad para investigar y sancionar. Por eso las cifras son lejanas a la realidad”.
Podría existir una cifra negra muy alta de mujeres que tienen miedo de denunciar, alerta Pérez Garrido. “Esa es la realidad”.
Texto: Guillermo Rivera / Foto: Archivo-Jessica Torres Barrera
