Las negativas a acceder a los archivos militares “se multiplicaron” e incluso derivaron en que personal militar “incurriera en prácticas de ocultamiento” alterando, mutilando y mediante la “inutilización total o parcial de expedientes”, señala. Pedirá al presidente López Obrador que coadyuve a que se cumpla su instrucción y la Sedena dé toda la información, dice Encinas
Guillermo Rivera
El Sur / Ciudad de México
En la segunda sesión extraordinaria de la Comisión para el Acceso a la Verdad de las Violaciones Graves Cometidas de 1965 a 1990, periodo conocido como guerra sucia, el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) expuso la falta de colaboración y la obstrucción de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en las investigaciones.
En representación de las personas que conforman el MEH –uno de los cinco mecanismos de la Comverdad para la guerra sucia–, el sociólogo David Fernández Dávalos dio a conocer que se entregó a Alejandro Encinas, presidente de la comisión y subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), el reporte “de una serie de hechos que podrían ser constitutivos de delito en la obstrucción de la consulta de los archivos, su alteración, su mutilación, su ocultamiento”.
En el salón Revolución de la Segob, donde tuvo lugar el evento presidido por Encinas, el investigador del MEH denunció la falta de colaboración del Ejército y aseguró que en las últimas semanas las negativas “se multiplicaron e incluso derivaron en que el personal militar incurriera en prácticas de ocultamiento por medio de alteración, mutilación e inutilización total o parcial de expedientes”.
Fernández Dávalos, ex rector de la Universidad Iberoamericana, insistió en que ha habido “obstaculización de la Sedena en las tareas de consulta de la documentación histórica” que es resguardada en archivos militares, con lo que se “perpetúa el ciclo de impunidad, opacidad e injusticia”.
Reveló que los investigadores del MEH fueron retirados de los archivos de la Sedena. “A medida que avanza la investigación, lo que inició como una colaboración pasiva se convirtió en una obstrucción activa en la que se desacató la instrucción presidencial de cero ocultamiento y cero impunidad”, expuso.
Por ejemplo, mencionó como una de las incidencias que ha habido, es que los archivos que ya conocían cómo estaban integrados “se nos entregan con las hojas cambiadas, con archivos de otros lugares y con hojas arrancadas”.
Detenidos fueron llevados al panteón de Dolores
En la presentación del informe Avances y perspectivas de la 2022-2023 de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990, participaron Félix Santana Ángeles, secretario ejecutivo de la comisión; la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez Estrada, y Javier Yankelevich Winocur por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), actualmente sin titular, luego de la renuncia de Karla Quintana Osuna en agosto pasado.
Además de Fernández Dávalos, asistieron otros miembros de los cinco mecanismos de la Comverdad, como Carlos Pérez Ricart y Mariana Gómez Godoy.
En su turno, Yankelevich informó que se ha logrado identificar que personas detenidas y desaparecidas entre 1960 y 1990 “fueron llevadas a la fosa común del panteón de Dolores”, en Ciudad de México.
En una de sus dos intervenciones, Encinas informó que existen registros en el libro del panteón de Dolores según los cuales integrantes de la organización guerrillera Liga Comunista 23 de Septiembre “fueron inhumados en la fosa común” de ese lugar. Pero, advirtió, es un hecho que aún requiere “ser esclarecido”.
Mencionó que existe un análisis de la Comisión Nacional de Búsqueda en el panteón de Dolores, donde se ha identificado “con toda claridad cómo personas detenidas y desaparecidas en los años de la guerra sucia fueron llevados” a ese cementerio.
Por identificar, restos exhumados en Guerrero
El subsecretario de Gobernación destacó igualmente que después de la obtención de testimonios, en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, se realizó la exhumación de restos óseos pertenecientes a siete personas, los cuales están en proceso de identificación forense.
“Y en estos momentos, en coordinación con la Fiscalía del Estado de Guerrero y haciendo un trabajo espejo con los servicios forenses de la Fiscalía de Ciudad de México, pronto tendremos ya los resultados de identificación genética que, por los avances que tenemos, dan cuenta de la probabilidad, la presunción de que se trata de un grupo familiar el que fue encontrado en este municipio del estado”.
Para Encinas, el trabajo que “se ha desarrollado en la materia no tiene precedente en la historia del país”. Según dijo, “derivará sin lugar a dudas en la construcción de una nueva narrativa de los hechos suscitados en el registro de las violaciones graves cometidas a los derechos humanos entre 1965 y 1990, como parte de un proceso de construcción colectiva de muchas de las verdades que cada una de las víctimas, de los familiares, de los testigos, de quienes se vieron afectadas sobre estos hechos, nos va a permitir tener certeza y claridad de qué pasó, cómo pasó y quiénes fueron los responsables de esos hechos”.
Gestiones de Segob para que declaren militares
El informe de la Comverdad indica que, como parte del proceso de coordinación con la Sedena, se había establecido la posibilidad de que personal del Ejército en activo o en retiro que pudiera tener información relevante brindara su testimonio, por lo que se convocó a 368 militares en marzo de este año. Sin embargo, en junio pasado la Sedena respondió de manera negativa a la petición.
Encinas declaró que está en “gestiones para que la instrucción del jefe del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador se cumpla, a fin de que esa información se entregue plenamente, más aún cuando en este caso es muy clara la legislación de nuestro país de que no hay reservas de información en materia de violaciones graves a derechos humanos, y estamos convencidos de que el presidente coadyuvará a que se cumpla esa instrucción y se tenga acceso a los archivos”.
Añadió que en el “número de testimonios, la revisión de archivos, la revisión de instalaciones militares y todo lo que es la integración de archivos, que todavía tenemos mucho retraso, con archivos vinculados al Estado Mayor Presidencial, a guardias presidenciales, a otras instituciones, habrá que seguir insistiendo; pero hoy se dará cuenta de en dónde nos encontramos y qué son, cuál es la ruta a seguir para el cierre de este año y el 2024”.
Avances en búsqueda e identificación forense
El trabajo que ha hecho el MEH, “con las entrevistas, en los testimonios informales que ha venido levantando, ya más de 930 entrevistas y testimonios de gente que vivió directamente la represión, y las violaciones graves a los derechos humanos durante estos años”, fue reconocido por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.
“El esfuerzo que han hecho en el análisis de 87 acervos y esperemos que pronto concretemos la apertura de los 12 que están planteando; hoy mismo debemos resolver el acceso al archivo del área de asuntos religiosos de la Segob”.
Respecto a la denuncia hecha por el MEH, Encinas aseguró que “atenderemos las incidencias que el mecanismo nos ha planteado, tanto en el documento que está entregando en estos momentos a todos ustedes, como en el documento que acabo de recibir, a fin de ir superando las trabas en cuanto al acceso al Centro Nacional de Inteligencia”.
Aseguró que se averiguará qué es lo que pasó con los del Estado Mayor Presidencial “y, particularmente, las observaciones que se han hecho de las restricciones en el acceso a la información en la Sedena”.
Encinas subrayó también que, hasta ahora, van cinco instalaciones militares que han sido inspeccionadas “emblemáticamente: el Campo Militar número 1, la base aérea allá en Pie de la Cuesta, en Acapulco, y lo que es el cuartel en Culiacán, lo que ha sido el cuartel en Chilpancingo, pero tenemos pendientes inspecciones a otras instalaciones militares, donde hay señalamientos muy puntuales de sobrevivientes para identificar sitios de detención, desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial, en donde no cejaremos de impulsar la necesidad de esclarecer estos hechos”.
Dar valor probatorio a expedientes del AGN
En la presentación del informe participó el secretario ejecutivo de la comisión, Félix Santana Ángeles, quien reconoció que a la fecha “aún no se han designado a los expertos que serán parte del Comité de Impulso a la Justicia, el cual se encuentra acéfalo, tras la renuncia y salida de sus tres integrantes.
“Al día de hoy, tenemos varios currículums, se han hecho varias aportaciones y estamos en el análisis para que a la brevedad se pueda hacer el nombramiento y se mantenga este impulso a la justicia dentro del comité”, afirmó.
Dijo que hay avances en los dos objetivos fundamentales de este mecanismo: “la elaboración de un diagnóstico del estado que guardan las averiguaciones previas y las carpetas de investigación radicadas tanto en la Fiscalía General de la República como en las fiscalías locales, relacionadas con las violaciones graves de los derechos humanos cometidas del 65 al 90”. Y en cuanto a la elaboración de una propuesta para la creación de una fiscalía especializada.
Falta que se reconozca el valor probatorio de los documentos que se encuentran en el Archivo General de la de la Nación, añadió, provenientes de la Dirección Federal de Seguridad y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales de la Segob.
“Existen una serie de personas que de una u otra manera participaron en detenciones, torturas, desapariciones y ejecuciones, que están identificadas desde hace algunos años en diferentes averiguaciones previas –externó–. Incluso se constató que existen documentos que permiten determinar los planes, la preparación y la intervención recurrente de una serie de perpetradores que intervenían en los diversos hechos, y que además participaron en la creación de grupos concebidos para realizar dichos actos”.
“Se puede demostrar a partir de este diagnóstico que el Poder Judicial de la Federación, en la mayoría de los casos, actuó en sincronía con sectores de la sociedad que se opusieron para llevar la justicia a los perpetradores de la violación de la violencia política del pasado”, adelantó.
“La falta de democracia fue un factor determinante en la prolongación de la impunidad”, remarcó. “Es posible, por ejemplo, preguntarse si las masacres de Tlatelolco, el 2 de octubre del 68 o el Jueves de Corpus el 10 de junio del 71, habrían sido posibles si el jefe del Departamento del Distrito Federal hubiera sido un funcionario democráticamente electo”.
Presumen logros
El informe presentado ayer reúne el trabajo realizado por la comisión a través de cada uno de sus mecanismos: el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, el Mecanismo Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el Mecanismo Especial de Reparación y Compensación a Víctimas, el Mecanismo de Impulso a la Memoria y el Mecanismo para el Impulso a la Justicia.
De acuerdo con un comunicado difundido este miércoles por la Segob, se trata de una labor que “se efectúa de manera permanente con víctimas, familiares y sobrevivientes mediante acciones que incluyen encuentros y reuniones de trabajo, así como sesiones ordinarias y extraordinarias que realiza la comisión”.
La comisión destaca su progreso en el levantamiento de 831 testimonios de personas en 20 entidades del país, el registro documental en 87 acervos y la inspección en seis instalaciones militares, junto con la presentación de un plan especial de reparación y compensación a las víctimas de estos hechos, que fue detallado por la titular de la CEAV.
Pero sobre todo, se pondera el hallazgo de las siete osamentas en el municipio de Ajuchitlán del Progreso en Guerrero, las cuales se encuentran en proceso de identificación forense.
Entre marzo y abril de 2023 se realizaron inspecciones en otras cinco instalaciones militares:
- Cuartel de la 9ª Zona Militar en Culiacán, Sinaloa
- Cuartel de la 35 ª Zona Militar en Chilpancingo, Guerrero
- 7ª Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta, Guerrero
- Cuartel de la 28 ª Zona Militar y de la 8ª Región Militar en Oaxaca
- Excuartel de la 27 ª Zona Militar en Acapulco, Guerrero, que ahora funciona como oficinas del ayuntamiento de ese municipio
Foto: Reforma
