Ciudad de México, 1 de diciembre de 2017. El temor social y de los partidos de oposición por la eventual aprobación, en el Senado, de la Ley de Seguridad Interior tiene fundamentos en datos documentados y probados en el sentido de que el Estado mexicano ha practicado, a través de las Fuerzas Armadas, acciones cuestionables y, además, ha adquirido equipos para espiar a sus ciudadanos, también a través del Ejército.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales lanzó este viernes una alerta sobre cómo dicha ley abre la puerta para que el Ejército y la Marina tengan las facultades legales para realizar actividades de inteligencia y espionaje.
Estos datos se revelan sobre el conocimiento de la adquisición por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en 2015, de un software capaz de intervenir cualquier dispositivo electrónico: smartphone, tableta o computadora para espiar a 600 “objetivos” y que tuvo un costo de 66 millones de pesos.
El portal digital Animal Político y la Red en Defensa de los Derechos Digitales revelaron en una investigación publicada el 21 de julio de 2015 (“Sedena negoció copra de software a Hacking Team en 2015 para espiar a 600 personas”) que la Secretaría de la Defensa Nacional negoció en ese mismo mes la compra de una versión especial del software de espionaje conocido como Galileo a la empresa italiana Hacking Team, con las habilidades para infectar las computadoras y celulares de 600 objetivos para robarles información.
La firma cobró por este producto 66 millones de pesos (3.2 millones de euros) sólo por un año de servicio.
Las negociaciones para tal adquisición tuvieron lugar durante este gobierno, en la administración del secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos.
La petición del software a la empresa italiana se hizo a través de una intermediaria llamada Neonlinx, a la cual la Sedena la hizo la lista de los requisitos con que debía cumplir Galileo.
Entre otras cosas, los requisitos incluían:
- Sistema de Monitoreo Remoto (Galileo).
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600 licencias para instalar agentes de monitoreo en computadoras y celulares.
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21 estaciones de trabajo, computadoras nuevas y de fábrica, para operar los sistemas.
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Capacidad del software para infectar sistemas operativos como Android, iOS, BlackBerry, Windows, Mac, OSX, Linux Kernel.
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Capacidad para intervenir objetivos en redes Wi-Fi y de empresas como Telcel, Movistar, Iusacell, Unefon y Nextel.
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Infección de celulares mediante SMS; WhatsApp, Facebook, Messenger, Skype, Line, y otros.
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Infección mediante envío de imágenes en general.
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Infección a través de códigos QR.
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Infección capaz de activar micrófonos, cámara de fotos y cámara de videos.
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Infección de computadora capaz de extraer toda la información además de registrar pulsos del teclado.
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Mantenimiento correctivo y preventivo de todo el equipo.
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12 smartphones de gama alta para dar seguimiento a los programas espía.
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Capacitación por parte de 5 hackers de Hacking Team en México.
El espionaje debía hacerse a través de un ataque que se transmitiera con imágenes, mensajes de texto y los llamados códigos QR, que pueden leerse con la cámara de los celulares o las tabletas, inclusive.
La información se encuentra en los casi mil 500 mails de Hacking Team que fueron extraídos el 5 de julio de 2015, cinco días antes de que una delegación militar mexicana formada por mandos del Centro de Inteligencia Militar acudiera a Milán para cerrar el trato y revelados por el sitio Wikileaks.
Entre los correos se revelaban datos acerca de que la Secretaría de Marina así como la Policía Federal revisaron varios demos y una versión nueva del software. Se afirma que la Procuraduría General de la República adquirió el programa en 2014.
Otro de los correos, fechado el 29 de enero de 2014, escrito por Alex Velasco, representante de Hacking Team en México, hace referencia al gasto millonario y obsoleto que antes ya había hecho el Ejército para la adquisición de equipos de espionaje al empresario Susumo Azano, que al final, terminó siendo acusado por extorsión y lavado de dinero en EU.
En otro correo del 5 de febrero de ese mismo año se alude a “Lisaraga, Castellanos y Herrejón”, que según datos arrojados por la investigación ya mencionada son altos cargos del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
Para poder reproducir el software la Sedena pidió también que el software pudiera infectar los equipos como un virus, a través de mensajes e imágenes, e incluso mediante códigos QR.
El 8 de mayo de 2015 fue entregada a la Sedena la propuesta de paquete de software de Hacking Team que tuvo un costo de 66 millones de pesos. También la Semar es un cliente potencial de acuerdo con la correspondencia de la empresa.
Hoy, ante la incertidumbre de la aprobación de la controvertida Ley de Seguridad Interior, la Red en Defensa de los Derechos Digitales publicó en su portal un video en el que un investigador del Citizen Lab explica de manera sucinta cómo funcionan estos softwares.
Espionaje a periodistas y activistas
En junio de este año se dio a conocer el caso de periodistas y activistas que presentaron denuncias antes la Procuraduría General de la República por espionaje hecho a través de sus teléfonos móviles con un malware conocido como Pegasus, una investigación revelada por The New York Times (“Somos los nuevos enemigos del Estado”: el espionaje a periodistas y activistas en México, 19 de junio de 2017).
Los afectados también pidieron medidas cautelares a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como a distintos organismos internacionales dedicados a la protección de los mismos.
La denuncia fue hecha por miembros del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), como Mario Patrón del Centro Prodh; los periodistas Carmen Aristégui, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán; así como Juan Pardiñas, Alxandra Zapata, Alejandro Calvillo, Stephanie Erin Brewer y Jorge de Santiago Aguirre.
Todas estas acusaciones han previsto la aprobación de la Ley de Seguridad Interior que según los partidos de oposición en la Cámara Baja es inconstitucional, pues facilita al Ejército la violación de las garantías individuales.
Los diputados ya prevén enviar un recurso por inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para frenar su aprobación por el Senado y la consecuente firma por parte del Ejecutivo.
La iniciativa ya está en manos del Senado y se prevé que la próxima semana, entre martes y jueves, los integrantes de las comisiones emitan el dictamen correspondiente.
Texto: Redacción El Sur / Foto: Saúl López, Cuartoscuro
Ley de Seguridad Interior, la “legitimación de la narrativa
del miedo” para quedar bien con el Ejército: Álvarez Icaza
En León, Guanajuato, el coordinador de la iniciativa ciudadana Ahora, Emilio Álvarez Icaza, fustigó a los diputados que aprobaron la Ley de Seguridad Interior, misma que calificó como una legitimación de la narrativa del miedo con la que el PRI y el presidente Enrique Peña Nieto pretenden quedar bien con el Ejército.
“Esta es una ley golpista aprobada en una coyuntura electoral muy peligrosa, contraria a todos los estándares internacionales (y que) debilita a los poderes judiciales” que servirá para legitimar el discurso del miedo, “como ocurrió en el Estado de México” en las pasadas elecciones, advirtió.
El exombudsman del Distrito Federal afirmó que desde la iniciativa que encabeza se analiza el combate jurídico que se dará en contra de la nueva legislación, incluyendo una incidencia entre fuerzas políticas en el Congreso para que se interponga un recurso de inconstitucionalidad.
“Creemos que hay espacios para las acciones legales” contra la ley, aseveró, ante la posibilidad prevista de que en el Senado se produzca la misma decisión política que se dio en la Cámara de Diputados “y se dé el voto máquina del PRI, del Verde y de los priistas azules; estos panistas que se dicen rebeldes pero que son panistas al servicio del PRI”, acusó.
Otras alternativas que ya se revisan, explicó Emilio Álvarez Icaza, surgirían desde la sociedad civil y las organizaciones defensoras de derechos humanos que, desde todos los ámbitos, advirtieron sobre una ley que tiene vicios de constitucionalidad y convencionalidad y es riesgosa para la sociedad.
De manera evidente, la ley tiene tintes electoreros, dijo el activista. “Abre la puerta a la intervención del Ejército ante protestas electorales y genera una noción de política pública absolutamente discrecional y sin controles”.
Y agregó: “La aprobación es un peligroso error, es legislar lo que no ha funcionado a lo largo de los últimos 10 años en los que hemos visto la intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública sin un marco legal”.
La prueba de lo anterior, detalló, es que el 2017 terminará como el año más violento en el país, incluyendo a estados como Guanajuato, donde no se habían visto los picos de homicidios dolosos que se registran en este año. “Es un fenómeno que no se había observado, muy de alarma”, comentó.
Y en lugar de revisar la estrategia y repensar la actuación para frenar los delitos, se debilita a los aparatos de justicia y se aplica la misma medicina que no ha funcionado, pero en dosis más fuerte, agregó.
“Esta ley legaliza la actuación de las Fuerzas Armadas y las organizaciones internacionales, la propia ONU, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo han advertido; las Fuerzas Armadas pueden irrumpir en la casa de alguien sin autorización; pueden revisar los teléfonos; vemos otras actuaciones peligrosas sobre lo que se hace con esa información…”, aseguró.
Para el PRI y para el presidente Peña Nieto, señaló Álvarez Icaza, la ley es una herramienta más en busca de refrendar la Presidencia en el 2018, ante realidades como el hecho de que a pesar de que el gobierno peñista ha gastado 37 mil millones de pesos en publicidad, el presidente tiene los peores niveles de aceptación.
“Yo sí me quejaría de su publicista”, concluyó.
Texto:apro
