EDITORIAL
Los guerrerenses llegan a las más numerosas elecciones en la historia del país, una vez más, enmedio de una ola de violencia criminal. En víspera de los comicios, el estado es el octavo del país con más homicidios dolosos y Acapulco la cuarta ciudad que más registra víctimas de asesinato.
Las cifras oficiales sólo dan cuenta de aspirantes, precandidatos o candidatos asesinados. Pero hemos visto atentados a candidatos, ataques a negocios de personas vinculadas al proceso electoral, hostigamiento en actos de proselitismo o campañas que han debido detenerse a consecuencia de amenazas o temores.
En los comienzos del proceso, Acapulco, Chilpancingo, Taxco e Iguala vivieron una ola de violencia contra transportistas y los choques entre grupos delictivos en la sierra de San Miguel Totolapan dejaron un saldo mortífero.
La ciudad de Acapulco está sacudida todavía en estos días por una cadena de asesinatos, que han hecho de las noches y madrugadas en el puerto un escenario de terror.
Y la paz que se observa en algunas regiones no es resultado de la ausencia de grupos violentos, sino más bien expresión de que allí solamente uno domina e impuso las condiciones de la competencia electoral.
El asesinato del candidato a alcalde de Coyuca de Benítez, José Alfredo Cabrera en su cierre de campaña apenas el miércoles pasado, es un estremecedor ejemplo del estado de violencia en el estado: con un atentado previo y una escolta de 15 elementos, fue víctima de un tirador que pudo acercarse a centímetros para abatirlo.
Solamente dos semanas antes antes el candidato a regidor Aníbal Zúñiga Cortés fue asesinado junto con su esposa. Y en octubre pasado 11 policías municipales y sus dos jefes fueron asesinados por un grupo delictivo, después de que acudieron a atender una presunta emergencia.
Sólo la situación en Coyuca de Benítez parecería indicarnos que la verdadera autoridad está detrás de esas armas que han impuesto la ley del terror.
Quizás lo más grave de este escenario es que ni el gobierno federal, ni las fuerzas armadas ni el gobierno estatal parecen tener interés en volcar sus recursos para frenar al crimen. Al paso del tiempo ya ni siquiera hay declaraciones ni ofrecimientos de una vaga justicia a un plazo incierto.
A pesar de este clima tan adverso, este domingo se cumplirá una jornada que constituye la única ocasión en que las y los guerrerenses habremos de decidir el rumbo del estado y del país por medio de las urnas. Acudir a votar este domingo es la única vía legal, legítima y factible para poder influir masivamente en la composición de las autoridades federales, estatales y municipales y de esa forma en el proyecto de gobierno que más nos interese.
Una votación copiosa, gane quien gane en cualquiera de los cargos en disputa, dará a los ciudadanos una mayor capacidad para presionar a las autoridades electas a cumplir sus promesas de campaña. Ayudaría a poner a Guerrero y sus graves problemas en la agenda nacional.
Para que no se olvide a los 43 normalistas de Ayotzinapa y no haya más desaparecidos ni víctimas de delitos de lesa humanidad; para que se liberen recursos cuantiosos hacia la reconstrucción de Acapulco; por proyectos de desarrollo que abatan la pobreza que afecta a la mayoría de los guerrerenses del campo y de las ciudades.
Una votación masiva, en fin, alteraría los cálculos de las fuerzas políticas y los poderes fácticos que se reparten poder y territorios sin el concurso de los ciudadanos y sin tomar en cuenta sus necesidades.
El voto ciertamente no lo es todo, pero es de gran relevancia que una gran concurrencia a las casillas refleje el interés ciudadano por la vida pública, por la elección de este o aquel candidato y programa de gobierno y, sobre todo, demuestre el firme e inequívoco respaldo a la solución pacífica de nuestros problemas y el rechazo rotundo a la violencia, la ilegalidad y el crimen.
