Chilpancingo, Guerrero, a 20 de junio de 2024.- La jueza del Tribunal de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial de Morelos decretó el auto de formal prisión para la defensora de derechos humanos de mujeres en Guerrero, Xóchitl Ramírez Velasco, en la reposición de la audiencia ordenada mediante un juicio de amparo a favor de la activista.
La abogada Ximena Urgarte denunció que la jueza dio por válidos una serie de supuestos que argumentó el Ministerio Público, para negar la libertad condicional en el proceso, que solicitaron como defensa, como el hecho de que la activista tiene una red de apoyo en Guerrero que haría factible una posible huida.
La defensora de derechos humanos de las Mujeres en Tlamacazapa fue detenida en mayo de 2023, por el delito de secuestro, por un hecho ocurrido en 2019. Lleva más de un año en prisión sin sentencia.
La abogada explicó que la defensa planteó entregar su pasaporte, entre otras medidas menos lesivas que la prisión preventiva, el MP señaló que la red de apoyo de Xóchilt la ayudaría a escapar.
“Nosotros planteamos que sería todo lo contrario, tener una red de apoyo, hace susceptible que Xóchitl se quede y se presente a audiencias hasta el juicio para tener una sentencia que le permita probar su inocencia”.
En entrevista telefónica, aclaró que hay una situación política judicial en Morelos, de poner ejemplos, de que estos delitos no van a quedar impunes, porque tienen un alto índice de secuestros, “pero no debe ser a costa de echar culpa a personas inocentes, sin justificar privación de las personas mientras durante el proceso, y no a costa de defensoras de otras mujeres”.
Recordó que Xóchitl ha dedicado su vida a servir y hacer el bien a la sociedad,
Del amparo que se declaró el mes pasado, dijo que obligaba a la jueza de Control, a dejar sin efectos la prisión preventiva oficiosa que se dictó el año pasado; que reconozca en el desarrollo de la esta audiencia (de ayer) que la medida de prisión preventiva oficiosa es inconvencional, y una vez hecho esto, abriera el debate entre las partes para una medida cautelar específica.
Incluso, pidió con toda claridad que, en caso de que el MP solicitara la prisión preventiva oficiosa justificada, la juez debía resolver con base en los sistemas internacionales, la necesidad, la idoneidad y proporcionalidad de la medida, analizando puntualmente las pruebas que ofrezcan las partes.
Confirmó que la audiencia de ayer, citada a las 12 del día, fue muy extensa, por los planteamientos internacionales y legales de la defensa, y el MP argumentó como un supuesto riesgo de fuga, el número de años que amerita el delito que la acusan, de 50 a 90 años, y el riesgo para las víctimas.
La defensa insistió en que los muchos precedentes internacionales y de México donde se indica con claridad que el hecho delictivo o pena no es justificación suficiente para imponer la privación de la libertad, y que no había indicios ni remotos de que Xóchitl hubiera molestado a las víctimas o testigos, o que pusiera en riesgo la investigación
“De ahí salieron una serie de cosas del imaginario del MP, de que ella sería capaz de falsificar, y si ella tiene una red de apoyo en Guerrero, que sí están dispuestos a declarar, también estarían dispuestos a ayudarla a escaparse. Puras consideraciones subjetivas, supuestos sin evidencias, suposiciones personales, como si generalidades justificaran algo tan delicado como es mantener privada de la libertad de una persona”.
Añadió que la defensa propuso otras medidas cautelares, que no fueran tan lesivas de los derechos humanos, por la salud de Xóchitl, y porque su hijo con discapacidad auditiva, depende totalmente de ella.
Sin embargo, lamentó que la jueza concluyó que la prisión preventiva es la idónea porque está prevista en la ley, sin atender las consideraciones internacionales y de la Corte.
Urgarte denunció que Xóchitl ha estado 412 días en prisión, antes de hoy, por una medida inconvencional, que un juez de distrito obligó a una juez de control a reconocer.
El MP, que debe comprobar la idoneidad de la medida de prisión preventiva, no lo hizo, y tampoco la juez que se basó en consideraciones subjetivas, y en que esa medida está prevista en la ley, recriminó.
Añadió que la propia jueza dijo que el delito es de alto impacto, un planteamiento que han venido manejando los jueces de Morelos de manera reiterada.
“A nuestro criterio, no se justifica de ninguna manera la medida más gravosa, y es contrario a la obligación del Estado mexicano en materia de derechos humanos”.
Adelantó que se va a recurrir de nueva cuenta la determinación, pero advirtió que los recursos de la defensa, han sido utilizados como pretexto para ampliar el tiempo de prisión preventiva.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Archivo
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