Chilpancingo, Guerrero, 22 de julio de 2024. El señor Emiliano Navarrete Victoriano, papá de José Ángel Navarrete González, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, denunció que el presidente Andrés Manuel López Obrador, envío de forma descuidada, con la Guardia Nacional, el informe del caso que les presentaron en la reunión del 3 de julio pasado. Los agentes entregaron el documento en la carretera en Tixtla.
Explicó que en esa reunión les dijo que el documento lo enviaría después, y entendió que a través de sus representantes legales.
Incluso le pidió al mandatario una próxima reunión para esclarecer sus dudas, si algún dato de posible hallazgo ameritaba sustento legal o científico, para que sea analizado por personas expertas.
Dijo que su lucha es por las vidas de sus hijos, y siempre mantendrán esta postura porque en lugar de encontrar la verdad del gobierno, han tenido que batallar contra él, que protege a personas con información relevante para esclarecer el caso, en referencia al Ejército.
Sin embargo, el 8 de julio supo por sus compañeros que los estaban citando en el sitio conocido como El Triángulo, en la ciudad de Tixtla, donde la Guardia Nacional les entregaría en la carretera los informes.
“Para nosotros cualquier información respecto a nuestros hijos, o para mí, es algo muy sagrado que no puede ser entregado en la calle, o donde sea, donde te encuentres. Sabemos que no podemos esperar cosas favorables de las autoridades, pero creo que debía entregarse con más respeto”.
Advirtió además, que con esa informalidad, puso en riesgo su integridad y la de sus familias, “(porque) sabemos de tanta inseguridad que hay en nuestro estado. Todos saben que se vigila a quién entra, quién sale del territorio, piensan que los llamamos (a la Guardia Nacional). Creo que no dimensiona el gobierno federal los daños que puede ocasionar”.
En consulta telefónica ratificó que pese a las descalificaciones del presidente, sus representantes son parte fundamental de su lucha desde el primer día de los hechos.
Enfatizó que ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ni el gobierno federal los apoyaron, “si no fuera por estas organizaciones independientes del gobierno, ¿nuestro caso dónde hubiera quedado?, porque tampoco en este sexenio ha habido respuestas positivas”.
Aclaró que aún estaba revisando el informe que recibieron en Tixtla, y lo que observa es la misma postura de protección al Ejército y a funcionarios de alto nivel, sin información del paradero de sus hijos.
Expuso que los soldados rasos ni los tenientes se mandan solos, por lo tanto el presidente no los puede engañar, “porque en esa institución no mueven un dedo, no disparan una bala si no es autorizado por sus superiores”.
Lamentó que el presidente quiera que le crean sólo porque dice que el Ejército no está involucrado, cuando se ha pasado su sexenio limpiando a los involucrados, sin una línea que lleve al esclarecimiento del caso.
Recriminó que “sólo se levantan el pecho con la detención de Jesus Murillo Karam (exprocurador) que no ha aportado nada, sólo abrogó la prisión para hacerla domiciliaria. Eso no lo vamos a aplaudir”.
No hay avances en la extradición de Tomás Zerón
Por otro lado, dijo que no hay avances en la extradición del exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) escondido en Israel, Tomás Zerón de Lucio, ni de quien se desempeñaba como juez de Barandilla de la Policía Municipal de Iguala, Bernabé García, con protección en Estados Unidos.
Insistió en que el gobierno federal tiene toda la información de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de Gobernación y del Ejército, pero inculpa a personas con menos información.
Sobre la crítica del presidente a la periodista Anabel Hernández, La noche de Iguala, sobre el posible móvil de los hechos en el tráfico de droga de Iguala a Estados Unidos, don Emiliano señaló que la investigación no tiene legalidad.
Sin embargo, exigió que el mandatario se remita a los informes y recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el mismo gobierno aceptó como coadyuvante en la investigación, “ahí están los elementos para señalar al “Ejército”.
Subrayó que los expertos evidenciaron que los militares disponen de muchos informes, que negó todo el tiempo.
“El Ejército sí ha cometido obstrucción a la verdad y a la justicia, por no poner en manos de la FGR la documentación que han tenido desde ese lamentable día”, expuso.
Confirmó que tienen una cita con López Obrador el día 29 de este mes, que ahora por los medios de comunicación saben que puede estar ahí la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, “lo que nosotros comentábamos es que no debían estar los dos, es como pasarle el caso a ella, darle la información que sabemos lo tiene que hacer de manera independiente a la reunión”.
Puntualizó que en la última reunión lo único que se sabía era que la reunión era con sólo con López Obrador, y no han hablado con sus representantes, ni del informe del presidente.
Estimó que podrían irse un día antes de la reunión para hablar con sus representantes en la Ciudad de México, sobre el alcance del informe del peresidente
Búsquedas del sexenio, bajo la guía de un testigo
Del informe del presidente consideró que no tiene contundencia, que es un recuento y defensa de los militares, sin relevancia, que no conduce al esclarecimiento de los hechos.
De las acciones de búsqueda, que pocas veces son publicitadas pero que se dieron a conocer la semana pasada, informó que desde el comienzo de esta administración ha habido búsquedas en Iguala, Tepecoacuilco, Cocula, donde al subsecretario Félix Arturo Medina Padilla, “le gusta tomarse fotos”.
Agregó que en este sexenio han tenido a un testigo protegido “el famoso Juan”, ¿si supiera por qué han estado seis años escarbando por donde sea?, como gobierno federal creo que ya les están dando atole con el dedo, y es lo que nos quiere hacer”.
Informó que está al tanto de todas las actividades de búsqueda, casi en tiempo real.
Incluso estuvo en una que guió a un detenido en la prisión de Morelos, en un sitio donde decían que habían matado a 30 de los jóvenes. Explicó que cerraron una presa para poder hacer excavaciones.
“Llevaban al detenido sobre un río, miré que varias gentes lo interrogaban, hasta un señor de nombre Epigmenio (Ibarra, el periodista), que le pedía que recordara a cuántos metros… y le dije: ‘oye, ya déjalo, el asesino siempre va a recordar lo que hizo, no le estés dando ideas’. Cuando me acerqué al detenido le dije tiene que dijera la verdad o voy a hacer que te metan años en la cárcel, y me voltea a ver y me dice ‘yo a usted no lo conozco’”.
Agregó que el nuevo fiscal le decía que no le importaba ensuciarse los tenis, que les iba a comprar unos nuevos, “le pedí que no ofreciera dádivas si tenía elementos para inculparlo”.
Por hechos como este, denunció que las búsquedas no tienen seriedad.
Reveló que aunque no se dijo en su momento, los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos dejaron de ser parte de la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa desde el 28 de enero.
Explicó que insistían en pedir documentación en poder del Ejército y el subsecretario se desviaba, “no tenía caso seguir dialogando con él. Dijimos, no vamos a seguir siendo parte de este juego con personas que no tienen palabra, que no son autónomos del presidente. Es muy desagradable todo eso, siempre llevamos las de perder, porque pasa el tiempo y el dolor de las familias a ellos no les importa”.
En cuanto al informe detalló que se divide en dos partes, una presentación a modo de carta firmada por el presidente, defendiendo al Ejército, un apartado de imágenes de las búsquedas y otro informe a madres y padres de los 43 estudiantes con fotografías de las búsquedas, y preguntas al testigo protegido Juan.
Texto: Lourdes Chávez
