Responsabiliza al alcalde de Chilapa, Aldy Esteban, a la gobernadora Evelyn Salgado y al gobierno federal por ser omisos ante la violencia y el terror que genera el grupo criminal Los Ardillos
Chilpancingo, Guerrero, 23 de julio de 2024. El Congreso Nacional Indígena (CNI) condenó ayer los asesinatos de los indígenas nahuas Alberto Verales Tepetitla y de María de Jesús Pasado Margarito, el primero de la comunidad de Buenavista y la segunda de Alcozacán, municipio de Chilapa.
Los dos indígenas, integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), fueron asesinados el 18 de julio en la carretera interestatal Chilapa-Hueycantenango, cerca de la colonia Corral de Piedra, en la entrada de Chilapa y a unos 200 metros de un retén de la Guardia Nacional y soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El Congreso Nacional Indígena exigió en su comunicado a los tres órdenes de gobierno realizar las acciones necesarias para esclarecer el doble crimen y evitar que queden en la impunidad. Asimismo pidió garantías para los miembros de la misma organización que han recibido amenazas de muerte.
“Responsabilizamos al presidente municipal de Chilapa, Aldy Esteban Román; a la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda y al gobierno federal en manos del partido de Morena, por ser omisos a la violencia y al terror que genera el grupo
narco-paramilitar Los Ardillos”, señala el escrito del CNI, agrupación a la que pertenece el Cipog-EZ.
Reprocha que a pesar de los retenes del Ejército, de la Guardia Nacional y de la presencia de policías municipales y estatales, Los Ardillos “asesinan sin obstáculo alguno, sin ser detenidos, sin carpetas de investigación y sin que el gobierno de Guerrero mueva un solo dedo para detener a los responsables”.
Acusó a este mismo grupo de las amenazas de muerte que recibieron la semana pasada vía telefónica el delegado del Congreso Nacional Indígena y promotor del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo, así como al integrante de la misma agrupación Francisco Vázquez Mendoza.
Refiere que desde el 2018 el grupo “narco-paramilitar” inició una guerra “por el control de la Montaña Baja de Guerrero y en contra del Cipog-EZ”.
“Este grupo criminal está abiertamente vinculado al PRD. Además, mantienen vínculos con el gobierno de Morena, como quedó evidenciado en el encuentro que tuvieron Los Ardillos por medio de Celso
Ortega Jiménez con la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez”, denuncia el CNI en su comunicado.
Añade: “También es evidente el desprecio de Evelyn Salgado, gobernadora del estado y del gobierno federal, no olvidamos que Andrés Manuel López Obrador fue interceptado por el Cipog-EZ el 21 de octubre del 2022, cuando viajaba de Chilapa a Tlapa, en la salida de la comunidad de Papaxtla, cuando viajaba con él Evelyn Salgado”.
Recuerda que entonces le plantearon el problema de la inseguridad “cuya consecuencia era, hasta ese momento, el asesinato de 46 compañeros y compañeras del Cipog-EZ en Chilapa”.
Indica que también le recordaron que los responsables de esos crímenes son del mismo grupo delictivo.
“AMLO se limitó a decir que enviaría al (entonces) subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas para que él nos atendiera y resolviera nuestras demandas”.
Sin embargo denuncian que días después, el 5 de noviembre, fueron asesinados en Chilapa Adán Linares, Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario, miembros del Cipog-EZ que estuvieron en el encuentro con el presidente López Obrador.
“Por lo anterior, exigimos la investigación, esclarecimiento y detención de los perpetradores de los asesinatos y que no queden en la impunidad como de por sí ha sido con cientos de asesinatos y los miles de desaparecidos y desaparecidas de todo el país”.
Exigieron, también, “la desarticulación del grupo delictivo Los Ardillos y demás grupos delincuenciales que aterrorizan a nuestras comunidades con la complicidad de autoridades municipales, estatales y federales”.
Concluye: “Llamamos a detener la guerra que vivimos en nuestros territorios que amenaza con incrementarse frente a la insensibilidad del Estado y lo responsabilizamos por todas las muertes como consecuencia de su omisión y complicidad, así como de cualquier cosa que pase en contra de Jesús Plácido Galindo, y Francisco Vázquez Mendoza y de cualquier otro integrante del Cipog-EZ”.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Archivo-El Sur
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