“La asistencia de un grupo minoritario de familiares confirma la pretensión del gobierno de atizar la división y usarlos para legitimar sus acciones, reprobamos estas prácticas añejas de gobiernos autoritarios del pasado que ahora se reeditan”, señalan en un comunicado
Chilpancingo, Guerrero, 2 de agosto de 2024. La búsqueda de restos y evidencias de los normalistas desaparecidos, en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en Iguala por padres encabezados por el ex vocero Felipe de la Cruz, es una acción distractora para lavarle la cara al Ejército frente a su responsabilidad en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, consideró el Comité de Madres y Padres.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró Vidulfo Rosales Sierra, abogado del caso Ayotzinapa, ha hecho crecer y le ha dado legitimidad a un grupo de cuatro padres y madres incluso más que al colectivo que ha reclamado desde hace 10 años justicia.
Este miércoles, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) y una de las madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en 2014 en la ciudad de Iguala, realizaron la búsqueda de evidencias de sus hijos en el campo militar 35 de Iguala, sede del 27 Batallón de Infantería.
El Comité de Madres y Padres de los 43 fijó en un comunicado por la noche:
“(…) rechazamos la búsqueda que realiza el gobierno federal. Es una acción distractora que tiene el afán de lavar la cara al Ejército mexicano frente a los señalamientos de su responsabilidad en la desaparición de nuestros hijos.
La diligencia, indica, fue decidida de manera unilateral por el presidente en la reunión que tuvieron el lunes 29 de julio, frente al señalamiento de un testigo protegido que afirma que 25 estudiantes habrían sido detenidos e ingresados al 27 Batallón de Infantería, y posteriormente entregados a la organización criminal Guerreros Unidos en una colonia de Iguala.
“El presidente dio instrucciones al subsecretario de derechos humanos (Félix Arturo Medina Padilla) para que se hiciera una búsqueda”.
Esa decisión no fue consultada ni consensuada con las madres y padres de los 43, por el contrario, no se les permitió hablar para manifestar su oposición a tal diligencia, se lee.
Esa búsqueda en el 27 batallón se realizó en el 2019 sin éxito alguno, agrega.
“Ningún caso tiene buscar allí, no existe dato de prueba que establezca que los estudiantes fueron inhumados en fosas en este lugar. El testigo que hace tal señalamiento es claro al referir que los 25 estudiantes estuvieron temporalmente en el batallón mientras eran torturados, después fueron sacados y entregados al grupo delictivo Guerreros Unidos”.
Agrega, “ningún sentido tiene buscar en esas instalaciones militares, más bien, es una acción desesperada del gobierno para limpiar la imagen de un Ejército que tenía vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos y que la noche del 26 de septiembre del 2014 se colocó del lado de los perpetradores”.
El Ejército, aseguran los padres, supo en tiempo real lo que ocurría con sus hijos y ha ocultado información relevante del caso.
“La asistencia de un grupo minoritario de familiares confirma la pretensión del gobierno de atizar la división y usarlos para legitimar sus acciones, reprobamos estas prácticas añejas de gobiernos autoritarios del pasado que ahora se reeditan”, finaliza.
AMLO ha hecho crecer al grupo disidente, señala Vidulfo
Consultado ayer, el abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales Sierra consideró que el papel de Felipe de la Cruz y un grupo disidente de padres es fragmentar la unidad de la mayoría de los papás de las víctimas.
Reveló que la búsqueda en el 27 batallón surgió de manera espontánea por parte del mandatario, en la reunión del 29 de julio en Palacio Nacional
“Es una pretensión de lavarle la cara al Ejército. Surge de manera espontánea de decir: ‘si es cierto lo que dicen vamos a buscar al batallón y ahí instruyo’, no pensamos que eso fuera a tomar forma”.
“Los padres desde ese momento querían referir que esa búsqueda es infructuosa porque ya se hizo en junio de 2019 sin resultados”.
En la reunión, dijo, el debate estaba en ese momento por el testigo que señaló que los 25 estudiantes fueron ingresados al batallón.
“Y de pronto dijo el presidente ‘pues bueno, hagamos una diligencia. Nosotros como gobierno la vamos a hacer y ya si puede ir un grupo de ustedes que vaya.¡Arturo (Medina Padilla), encárgate de eso!’”.
Agregó que el testigo protegido hizo alusión que 25 normalistas fueron ingresados, pero sacados de ahí por lo que su presencia fue temporal en el batallón.
El testigo declaró que ahí fueron torturados, pero después fueron sacados.
“Entonces por qué tendríamos que buscar ahí en el batallón, qué objetivo tendría ir a buscar si ya se hizo en el año 2019 sin resultados”.
“La acción del gobierno es una situación desesperada y de distracción que pretende limpiar la imagen del Ejército hoy acusado y señalado de haber participado en la desaparición”.
Rosales Sierra consideró que un grupo de cuatro padres de las víctimas está siendo utilizado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para legitimar su estrategia de defender al Ejército y su gobierno ante la falta de resultados.
“Primero, el gobierno lo ha hecho crecer, le ha dado mucha legitimidad, incluso más que a los demás padres, incluso que a la representación legal que está acreditada y que en los expedientes judiciales están autorizados para participar en cualquier reunión”.
“Porque se trata de análisis de expedientes, de analizar el caso, entonces los abogados de los padres están legitimados y tienen actuación y margen legal para cualquier reunión, y el análisis de cualquier expediente o diligencia, pero por parte el presidente se ha negado”.
Cuestionó, “pero a Felipe (de la Cruz) se le permite una diligencia, ¿por qué? ¿él es padre de uno de los 43? ¿tiene una acreditación legal dentro de los expedientes para estar participando en estas reuniones?”.
Dijo que ese grupo de padres no existía, pero insistió que el gobierno lo ha hecho crecer.
Recordó que ese grupo de padres fueron expulsados porque participaron en una marcha para defender al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, preso por delincuencia organizada.
Señaló que ese grupo y Felipe de la Cruz han tejido vínculos con el empresario y amigo del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, Pedro Segura Valladares, así como con el ex gobernador defenestrado por el caso Ayotzinapa, Ángel Aguirre Rivero.
El papel de Felipe de la Cruz, dijo el abogado, hoy en día es fragmentar la unidad de los padres de familia.
“Su único papel es dividirnos y el gobierno le ha dado el empoderado a este grupo. Es una prueba de que se está usando a algunas de las madres y padres de familia para deslindar al Ejército, en lugar de hacer otras diligencias para corroborar que sí entraron ahí los estudiantes”.
El defensor legal insistió en que es un acto mediático, más que efectivo.
“Es decir ‘mira aquí estamos buscando y está participando el Ejército, estamos abriendo las puertas’, pero sin hay dato objetivo de que ahí estén los estudiantes”.
Dijo que como abogados no fueron notificados de la diligencia, pero que desconoce si fueron convocadas otras organizaciones que dan acompañamiento a los padres, como el Centro Agustín Pro Juárez, Serapaz y Fundar.
“Como Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan no se recibió ninguna notificación”.
Esa diligencia nunca fue consensuada ni analizada por las madres y padres de familia, sino que fue una acción unilateral del presidente, insistió.
En cambio, consideró, que las búsquedas en campo han sido permanentes y son más objetivas.
“Tienen más razón de ser esas búsquedas y son apoyadas, tenemos un representante permanentemente en esas búsquedas que son en base a informantes y testigos colaboradores, que refieren a dónde fueron llevados los estudiantes”.
“Esas búsquedas tienen más lógica, son apoyadas por madres y padres, y ésta (la búsqueda en el batallón) no. Esto sólo es un show”, finalizó.
Texto: Luis Daniel Nava/Foto: Archivo
