En el estado los centros clandestinos dentro de las instalaciones de la Sedena fueron la Base Aérea de Pie de la Cuesta, el Cuartel Militar de Atoyac, el cuartel de la 27 Zona Militar con sede en Acapulco, y la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, expone el informe del Mecanismo
Acapulco, Guerrero, 22 de agosto de 2024. El volumen 4 ¿Quiénes fueron los perpetradores?, Instituciones y personas implicadas en la comisión de violaciones graves a derechos humanos (1965-1990), del informe final del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH), expone decenas de nombres de guerrerenses que fueron detenidos por el Ejército y luego trasladados al Campo Militar Uno de la Ciudad de México, último centro clandestino del que se tiene información que estuvieron.
En el estado los centros clandestinos dentro de las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron la Base Aérea de Pie de la Cuesta, el Cuartel Militar de Atoyac, el cuartel de la 27 Zona Militar con sede en Acapulco, la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, expone el documento de 542 páginas.
A partir del Plan Telaraña en 1971 en Guerrero y la reforma a la Ley Orgánica del Ejército el mismo año, el papel que ocupó el Ejército en las violaciones durante la década de 1970 “es fundamental para retratar la lógica de violencia perpetrada por el Estado en este ámbito. El Ejército no solamente prestó la estructura clandestina de sus cuarteles para alimentar el circuito, también jugó un lugar preponderante como operador y administrador dentro del mismo”, afirma el MEH.
La 35 Zona Militar de Chilpancingo fue creada el primero de octubre de 1967 por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, decisión “embebida” por el contexto de movilizaciones sociales y el surgimiento de organizaciones político-militares en las regiones Centro y Costa Grande”.
De 1968 a 1969 estuvo a cargo el comandante Miguel Bracamontes García, quien es señalado como el responsable de trasladar a Epifanio Avilés Rojas, integrante de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) y considerado la primera víctima de desaparición forzada, al Campo Militar Uno tras su detención en Coyuca de Catalán el 9 de mayo de 1969.
A este campo militar también fueron trasladados Margarito Roque Testa y Romana Ríos García, detenidos-desaparecidos el 19 de abril de 1972 en Acapulco; David Rojas Vargas, Margarito Roque Ríos y Guadalupe Castro Molina, estudiantes detenidos- desaparecidos el 20 de abril del mismo año; Petronilo Castro Hernández y Roque Adame Baena, detenidos-desaparecidos el 23 del mismo mes, de 1972; y los campesinos Ángel Arriola Ortiz, Gonzalo Juárez Cabañas, Cutberto Ortiz Cabañas, detenidos-desaparecidos el 9 de octubre de 1973 en Coyuca de Benítez.
Un documento de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) citado por el MEH señala que en 1972 había 38 “presos políticos” en la cárcel de Chilpancingo y 11 en “Cuarteles del Ejército en Guerrero”.
El 20 de julio de 1974, el medio hermano de Lucio Cabañas, Lucio Castillo Gervasio, fue detenido-desaparecido en Atoyac por elementos del Ejército y luego trasladado al Campo Militar Uno, y el 26 de noviembre de 1974, soldados detuvieron en el estado a numerosos familiares de Lucio Cabañas, entre ellos a su madre, su esposa y su hija, y los trasladó al mismo campo militar, “donde fueron torturados, interrogados y detenidos-desaparecidos por tres años; muchos del grupo desaparecieron dentro de instalaciones militares”.
El MEH señala que los “centros clandestinos fungieron como estructuras del circuito detención- desaparición, y en la mayoría de las ocasiones, estaban ubicados dentro de las instalaciones militares”, y destaca, además del Campo Militar Uno, la Base Aérea Militar 7 en Pie de la Cuesta y el cuartel con sede en el 71 Batallón de Infantería en Atoyac.
“La detención y la tortura en consencuencia, no sólo conllevaron un ejercicio clandestino que podría culminar con la desaparición forzada de las personas, sino también como dispositivo de desarticulación” de las organizaciones.
El MEH lo ejemplifica con la detención de Jorge Mota González el 22 de enero de 1972, que derivó en confesiones que repercutieron en la detención de más de 12 militantes de la ACNR, entre ellos, Fausto Ávila Juárez y Arturo Miranda Ramírez, torturados y consignados al Campo Militar Uno.
El informe también registra las detenciones masivas de parte del Ejército de 60 campesinos en la sierra de Atoyac el 3 de diciembre de 1971, otra el 7 de enero de 1972 a raíz del secuestro del director Jaime Farril Novelo por parte del Partido de los Pobres, el 24 de julio en la comunidad de San Francisco del Tibor, y la de El Quemado entre el 28 de agosto y el 5 de septiembre, al mando del general general Joaquín Solano Chagoya.
La puesta en marcha de la Operación Atoyac significó el despliegue de 4 mil 500 elementos del Ejército en Guerrero a finales de 1974, año del que MEH publica una larga lista de desapariciones forzadas, como la perpetrada el 2 de abril en contra de Miguel Ángel Cabañas Vargas, Rodolfo Molina Martínez, integrantes del Partido de los Pobres, detenidos por elementos del 27 Batallón y trasladados al Campo Militar Uno, “desaparecieron dentro de las mismas instalaciones”.
Pasaron 13 días y José Flores Gervasio y Guillermo Gabriel Sotelo, fueron desaparecidos en Atoyac y trasladados también al campo militar de la capital del país con el mismo destino, según el MEH.
El 18 de julio, “el Ejército detiene-desaparece a aproximadamente 70 personas, las cuales fueron trasladadas a la base aérea de Pie de la Cuesta y otras al Campo Militar N. 1. Muchas de ellas se encuentran desaparecidas hasta la fecha”.
El 25 de agosto fueron detenidos por tropas del 27 Batallón de Infantería Fernando y Mardonio Morales Galeana, Rosalio Castrejón Vázquez, Pedro Castro Rosas, Mardonio Flores Galeana, Pedro Castro Nava, Rosendo Radilla Pacheco y Austreberto García Pintor, quienes fueron trasladados al Campo Militar Uno “y están desaparecidos hasta la fecha, excepto Mardonio Morales, quien fue liberado”.
Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo
Además de su papel como perpetradores en los “Vuelos de la muerte” de la Base Aérea de Pie de la Cuesta, el MEH indica que “Mario Arturo Acosta Chaparro Escápite y Francisco Quirós Hermosillo ejemplifican otra dimensión de la frontera porosa entre estructuras legales e ilegales. Además, estos personajes en particular contribuyen a la comprensión del desdibujamiento de las fronteras entre las agencias e instituciones estatales de seguridad e inteligencia y el crimen organizado”.
En la breve semblanza que anota en esta parte del informe, el MEH recuerda que Acosta Chaparro llegó a dirigir todas las corporaciones policiales del estado de Guerrero en la década de 1970, el 2 de noviembre de 2002, fue sentenciado por sus vínculos con el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes y Arellano Félix, pero en 2007, el gobierno de Felipe Calderón lo liberó y se convirtió en consultor de seguridad para la guerra contra las drogas, hasta su asesinato, en 2012.
“Los lazos de protección que representaron Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo ponen en perspectiva el grado de connivencia entre ambas estructuras. Además, cabría suponer que ese grado de colaboración está intrínsecamente relacionado con los diferentes grados obtenidos dentro de las fuerzas militares antes de su juicio, así como su continúa relación con el poder político guerrerense a lo largo de su trayectoria profesional”.
Grupo Sangre
El Grupo Sangre es uno de los grupos paramilitares identificados en las indagaciones “más recurrentes” del MEH, los otros son el Batallón Olimpia que participó en la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, Los Halcones del Jueves de Corpus del 10 de junio de 1971 y la Brigada Blanca.
Fue conformado por aproximadamente 30 personas, ex agentes de la Policía Judicial y de la Policía Militar, y dirigido por el Capitán Francisco Javier Barquín, un informe de 1974 de la DFS reporta que la prensa local de Acapulco dio a conocer “la formación de un grupo clandestino integrado por policías retirados y militares quienes tenían la instrucción de matar a determinadas personas”.
Los cuerpos presentaban “señales de haber sido torturados y desfiguraciones en el rostro y otras partes del cuerpo, producidas por quemaduras”, y si los hechos ocurrían en el municipio y nadie reclamaba los restos, éstos eran inhumados en la fosa común del panteón de Las Cruces.
Texto: Ramón Gracida Gómez / Foto: Archivo
