Acapulco, Guerrero, 27 de agosto de 2024.- Las masacres de Aguas Blancas y El Charco, y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, fueron perpetradas por factores de persistencia de la guerra sucia, señala el informe final del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH).
Aguas Blancas “sintetiza el proceder de la lógica contrainsurgente emprendida a nivel local”, El Charco muestra “la criminalización de poblaciones en un contexto de militarización”, y Ayotzinapa “tiende un puente claro entre las lógicas de violencia estatal del pasado con las del presente”, señala el Volumen 5 ¿Por qué sigue ocurriendo? Factores de persistencia de la violencia estatal tras 1990.
El MEH afirma que la militarización en Guerrero “ha generado incontables violaciones a los derechos humanos que, junto con la inacción gubernamental, ha generado una impunidad devastadora que ha llevado al estado a ocupar en pocos años una tasa siete veces mayor a la tasa media nacional en homicidios dolosos, así como hiperprisionización”.
En concreto, la militarización ha generado confrontación, hostigamiento, detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados y “control de la vida política y social de zonas del estado”, violaciones que han sido imposibles de resolver por los mecanismos judiciales nacionales, expone el mecanismo y documenta a lo largo de las 444 páginas de este quinto volumen múltiples casos.
El asesinato cometido por policías del estado el 28 de junio de 1995 de 17 campesinos, además de 19 heridos, en el vado de Aguas Blancas, Coyuca de Benítez, y el asesinato a manos de soldados de 11 personas en El Charco, Ayutla, muestran “la persistencia de violaciones graves a los derechos humanos por parte de las policías locales y militares en este estado, uno de los más golpeados durante el periodo 1965-1990”.
En particular, Aguas Blancas “sintetiza el proceder de la lógica contrainsurgente emprendida a nivel local y de criminalización de las comunidades fuera del periodo de estudio, así como de la impunidad que acompaña aún a estos casos”.
El informe agrega que la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) nació en un contexto de “desinformación” por las acusaciones de acercamiento del clero con la guerrilla, en particular contra el padre Orbelín Jaramillo Diego, quien actuaba en la región donde fue creada la organización y que murió en un accidente automovilístico el 13 de mayo del 2000, pero su cuerpo “tenía marcas de tortura, sobre todo alrededor del cuello, por lo que se piensa que murió asfixiado”.
El Charco “muestra la persistencia de la incursión del Ejército en comunidades indígenas, las prácticas de detención arbitraria y de tortura, así como la criminalización de poblaciones en un contexto de militarización fuera del periodo”.
De la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 en Iguala y el asesinato de otros tres alumnos, el MEH retoma los planteamientos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señalaron que soldados del 27 Batallón de Infantería escoltó autobuses por toda la ciudad de Iguala, “y durante los hechos mantuvieron un conocimiento oportuno de lo que estaba ocurriendo”.
“El caso de Ayotzinapa permite mostrar cómo es que autoridades estatales, ahora en connivencia con el crimen organizado, aún actúan bajo la lectura contrainsurgente frente a poblaciones políticamente activas y organizadas como los estudiantes de las escuelas rurales”, asevera el MEH.
Al igual que en las masacres de San Fernando, Tamaulipas, en 2010, y Allende, Coahuila, en 2011, en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa “se tiende un puente claro entre las lógicas de violencia estatal del pasado con las del presente”, y la ejecución del normalista Yanqui Kothan Gómez el 7 de marzo pasado es “muestra de cómo estas poblaciones siguen siendo sujetas a agresiones”.
Con la intención de documentar factores de persistencia que permitieron la comisión de violaciones graves durante el combate antidrogas desde 1990 a la fecha, el MEH recupera varios casos de Guerrero “que ponen en evidencia tanto la continuación de la violencia desde el periodo de análisis del MEH y durante los años posteriores, como las prácticas de un Estado profundamente corrupto y carente de respeto por los derechos humanos”.
El 5 de junio de 1993, 170 agentes de la Policía Judicial Estatal y Federal ingresaron a la comunidad de Yolotla para detener a los presuntos responsables de la masacre de 24 campesinos ocurrida el 9 de febrero en la localidad de Huautla, municipio de Heliodoro Castillo, por un conflicto entre familias por el cultivo y trasiego de enervantes, según la Procuraduría General de la República (PGR).
El enfrentamiento en Yoyotla duró seis horas y tuvo un saldo de dos campesinos ejecutados, “y un número indeterminado de pobladores resultaron heridos”; fueron 14 campesinos detenidos arbitrariamente, de los cuales 10 fueron condenados a 30 años de prisión.
Entre cacicazgos
En 1999, soldados detuvieron arbitrariamente a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), y fueron inculpados por siembra de amapola y mariguana, y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
El MEH señala que el “asedio” militar se dio tras la denuncia pública de los campesinos ecologistas de la venta de ejidos de parte del “cacique” Bernardino Bautista y el gobernador Rubén Figueroa Alcocer, que derivó en un “ecocidio” en la sierra de Petatlán; los ecologistas continuaron su sentencia en sus casas a partir de 2001.
El 29 de noviembre de 2004, soldados asesinaron a Aquileo Márquez Adame, quien iba acompañado de su hijo en el lugar conocido como Cascada del Río Tehuehuetla, durante el sitio militar de la comunidad de Los Laureles, municipio de San Miguel Totolapan, como parte del Plan Estratégico en la Lucha contra el Narcotráfico y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
El 7 de junio de 2009, en El Naranjito, municipio de La Unión, un menor de edad con problemas de sus facultades mentales fue lesionado con arma de fuego por militares, luego fue acusado delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; salió libre por una garantía de 3 mil pesos.
Como parte de la persistencia de las violaciones a los derechos humanos de las disidencias político-partidistas después de 1990, el MEH expone el “cacicazgo” de la presidenta priista de Xochistlahuaca, Aceadeth Rocha Ramírez, quien no se pudo reelegir este año.
De la persistencia de la desaparición forzada de policías, el mecanismo reporta el caso del comandante de la Policía Motorizada del estado, Heriberto Baltazar Pantaleón, y del comandante responsable del depósito de armas de la policía, Cándido Organista Mayo, desaparecidos el 13 de octubre de 1994 en Chilpancingo en un automóvil propiedad del comandante de la Policía Montada, Lorenzo Cortés Abelar.
Y para hablar de la existencia actual de grupos paramilitares, el MEH retoma la declaración de 2019 del entonces subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, que confirmó la existencia de “grupos paramilitares y delictivos” entre las 24 policías comunitarias y autodefensas que operan en más de la mitad del estado de Guerrero.
Texto: Ramón Gracida Gómez / Foto: Rosendo Betancourt Radilla / Archivo
