Humberto Musacchio
La guerra contra el narcotráfico, declarada y ejecutada inicialmente por Felipe Calderón, ha dejado de 2007 a la fecha “más de 420 mil personas asesinadas y más de 115 mil personas desaparecidas”, en tanto que por cada militar abatido hay 17 civiles finados, lo que arroja como resultado un dilema: contamos con “el Ejército más eficiente del mundo. O el más impune”.
Lo anterior puede leerse en el libro Permiso para matar (Ed. Ariel, 2024), obra coordinada por el periodista Daniel Moreno, joven y reconocido periodista de larga trayectoria y director de Animal Político. El volumen resume una amplia investigación que dirigió Paris Martínez, en la cual participaron 16 reporteros de diversos puntos del país. Con ellos figura el jurista Jacobo Dayán, quien se encargó de analizar la información, pues se trata de un especialista con larga experiencia en el análisis de macrocriminalidad. Paris Martínez es un reportero que ha centrado su labor en violaciones a los derechos humanos, lo que le ha merecido el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación y el Anthony Lewis Prize for Exceptional Rule of Law Journalism, entre otras distinciones. En fin, un equipo altamente profesional.
Aunque no es su propósito, el libro muestra que antes de arrasar con el Poder Judicial era y es necesario realizar una exhaustiva revisión de la llamada guerra contra el narcotráfico y la actuación en ella de los cuerpos policiacos y sobre todo los militares, a los que se han otorgado facultades, funciones, empleos y beneficios sin precedente, como el control absoluto de la Guardia Nacional, pese a que se trata de una corporación presuntamente civil.
Por supuesto, la investigación expuesta en el libro ni por asomo pretende exculpar a la delincuencia, responsable directa de 87 mil asesinatos perpetrados entre 2012 y 2020, lo que muestra, dicen los autores, que cada cuatro horas se realizan cinco homicidios, mientras que entre 2007 y 2022 se registraron tres choques armados cada dos días, lo que en modo alguno puede ser tranquilizante.
Sin embargo, para mayor precisión, los autores de Permiso para matar sólo hicieron el análisis de mil 824 “crímenes de Estado”, casos que incluyeron “detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, criminalización de las víctimas, encubrimiento e impunidad para los perpetradores”, todos ellos pertenecientes a la fuerza pública.
Los números pierden fuerza en un país de 130 millones de habitantes y cuando la criminalidad ocupa grandes espacios en los medios de comunicación, pues ya se sabe que cuando los asesinatos y abusos de la fuerza pública son hechos cotidianos, la información se hace costumbre y pierde la importancia que debe concederle la sociedad. En esas estamos.
Desde luego, el libro arroja información precisa y contundente de carácter general, pero en ese marco cobran una aplastante elocuencia los casos incluidos, los que no por particulares son excepcionales, sino que ofrecen una representación insoslayable y muy elocuente de los extremos a los que nos ha llevado esa guerra infame y contraproducente, desatada por el gobierno panista de Felipe Calderón y continuada en los sexenios del PRI y de Morena.
Un caso muy elocuente es el de Ciudad Juárez, donde “con la llegada de los soldados: de 192 ejecuciones registradas en 2007 se pasó a 1589 en 2008”. En esos doce meses, lejos de disminuir la delincuencia, “en Chihuahua se incrementaron los secuestros, los homicidios, los robos de banco, de ganado y de autos y los delitos sexuales. Lo mismo ocurrió en todas las entidades en las que el Ejército extendió sus operaciones especiales”.
En ese contexto, resulta explicable, aunque de ninguna manera admisible, lo ocurrido a los 43 muchachos de la Normal de Ayotzinapa, un caso que desde hace diez años mantiene estrujada la conciencia nacional. Lamentablemente no es un hecho aislado, sino una dolorosa muestra de que la impunidad protege los excesos militares.
Esperemos que con el cambio de sexenio se abandone esa estrategia, la que representa un terrible e injusto castigo para las víctimas directas y para todos los mexicanos que vemos como se hunde un orden que muchos años y trabajos costó construir.
