Chilpancingo, Guerrero, a 29 de agosto de 2024.- El gobierno de Evelyn Salgado ofreció plazas de maestros y cambios de centros de trabajo a un grupo de padres y familiares de los 43 de Ayotzinapa encabezados por el abogado Vidulfo Rosales Sierra, durante una reunión ayer en Chilpancingo.
El encuentro se realizó a puerta cerrada en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado, antes Palacio de Gobierno, de 6 de la tarde a 8 de la noche.
Es el seguimiento al pacto que realizaron los familiares de las víctimas y su representación legal con la gobernadora Evelyn Salgado el pasado 6 de agosto en Casa Guerrero, cuando se reunieron por primera vez desde que la morenista asumió el cargo, y se da a un mes de cumplirse 10 años del crimen de Estado.
La reunión se manejó de manera hermética sin que se diera a conocer a reporteros.
Además de Rosales Sierra, estuvieron 20 padres, madres y familiares de los estudiantes desaparecidos, el subsecretario de desarrollo político y social, Francisco Rodríguez Cisneros y el subsecretario de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación Guerrero, Víctor Eulalio Rodríguez.
Al salir y en la oscuridad afuera del recinto, Vidulfo Rosales les explicó a las madres y padres que lo primero era asegurar un trabajo de sus familiares para que los puedan mantener.
“Lo que me interesa es que sus hijos, hermanos, nietos, tengan algo para que ellos les puedan ayudar a ustedes”, dijo.
“Vamos a avanzar primero con familiares directos, es una ayuda para que los ayuden a ustedes (los padres)”.
“Esa es la idea, que ustedes se puedan ayudar”.
También a los familiares se les pidió empezar a juntar los requisitos, como comprobantes de estudio.
“Quienes tengan estudios que metan esos documentos”, dijo uno de los coordinadores.
Consultado, el abogado Vidulfo Rosales informó que tras la reunión con la mandataria quedaron pendientes una serie de demandas que tienen los otros hijos de las madres y padres.
“Tienen que ver con cuestiones educativas, cambios por motivos de inseguridad, por problemáticas en sus comunidades”.
Puso como ejemplo que tienen el caso de la hija de un padre de los 43 que fue privada de su libertad en Chilpancingo.
“Iba a trabajar a la sierra y la fueron a tirar por El Ocotito, entonces en ese caso estamos pidiendo un cambio a otro lugar porque ella ya tiene problemas de inseguridad para irse a su comunidad”.
En comunidades de la Costa Grande, dijo, los hijos de los padres de los 43 también han tenido incidentes relacionados con la inseguridad y violencia de la región.
“Por eso estamos pidiendo sus cambios”.
En otros casos, agregó, hijos de los padres de las víctimas hicieron examen, pero tienen problemas para su ingreso y están sin trabajo a pesar de que son normalistas.
“Tenemos el caso de un hermano que hace 5 años egresó de la Escuela Normal de Ayotzinapa, hasta el día de hoy no tiene una plaza y estamos pidiendo ahí que se pueda analizar su caso”.
“Hay más casos, estamos revisando los casos educativos de los hijos e hijas de los padres de los 43”.
Aseguró que son 26 casos que se están planteando entre cambios de adscripción y asignaciones de plazas que por derecho les corresponden.
“No se está pidiendo nada extraordinario, asignar una plaza nada más porque si, muchos de ellos estudiaron y son egresados de distintas normales rurales.
“Todos ellos son hermanos de los desaparecidos. Esos casos los estamos viendo, ahorita es una mesa de trabajo que se tiene”.
El representante legal adelantó que habrá otras mesas de trabajo en las que se tratará la recompensa que la gobernadora Evelyn Salgado prometió que iba a lanzar, para quien diera información importante para dar con el paradero de los estudiantes.
Justificó que se ha retrasado la publicación de la recompensa porque de parte de las madres y padres hay una propuesta que no han podido presentar.
Texto: Luis Daniel Nava / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
