Ciudad de México, 12 de septiembre de 2024. La Presidencia de la Suprema Corte de Justicia rechazó peticiones de personal judicial para intervenciones de última hora contra la reforma constitucional aprobada esta semana, que llevará a la elección por voto popular de todos los jueces del país.
Notificaciones publicadas hoy indican que, entre el 5 y el 9 de septiembre, la ministra Norma Piña tuvo que desechar escritos de jueces, magistrados y otros empleados del Poder Judicial Federal (PJF) que, ante el avance de la reforma en el Congreso, imploraban una acción desesperada de la Corte, para la cual no había fundamento legal.
“Que la Suprema Corte ejerza acciones concretas en defensa de la autonomía e independencia del PJF con base en los tratados internacionales, que le permiten y lo obligan a analizar la constitucionalidad y convencionalidad de actos como los que se han emprendido hasta ahora y que pretenden concretar la reforma judicial”, pidieron los magistrados y empleados de un tribunal colegiado de Villahermosa.
También demandaron a la Corte fijar una posición en defensa de la división de Poderes y la independencia judicial, lo que se consideró improcedente.
Aun así, Piña presentó el domingo una propuesta alterna de reforma, que fue rápidamente rechazada por Morena.
Mónica Pereda Gutiérrez, jueza federal en Culiacán, solicitó a la Corte declarar que el Congreso violó la suspensión que una jueza de Cuernavaca concedió desde el 30 de agosto para impedir que siguiera adelante la discusión de la reforma en ambas Cámaras.
La Corte aclaró que no puede pronunciarse sobre violaciones a una suspensión en amparo, lo que corresponde a la jueza que la concedió, Martha Magaña.
Esta última, sin embargo, ya se declaró incompetente para seguir con el trámite de amparos contra la reforma, por lo que la resolución de que el Congreso violó la suspensión -lo que es un delito- podría no llegar a dictarse.
La semana pasada, Piña inició una consulta al Pleno de la Corte para aclarar si podía dictar una suspensión que detuviera el proceso de reforma a la Constitución, como le pidió una asociación de jueces y magistrados.
Un grupo de juzgadores pidió a la Corte declarar impedidas para participar en esta discusión a las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres, Loretta Ortiz, afines al gobierno, y las dos últimas, militantes de Morena y promotoras entusiastas de la reforma.
Piña desechó el impedimento por improcedente. En cuanto a la consulta al Pleno, Batres es quien debía presentar el proyecto, lo que no ha sucedido, por lo que la reforma se consumará este fin de semana con su publicación en el Diario Oficial, sin que la Corte hubiera aclarado si su presidenta podía detener el proceso.
Texto y foto de archivo: Agencia Reforma
