Ciudad de México, 18 de septiembre de 2024.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general una reforma que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonios propios.
Por unanimidad, con 492 votos, el pleno avaló las modificaciones al Artículo 2 de la Constitución propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte del paquete de reformas enviadas el 5 de febrero pasado.
La reforma señala que la jurisdicción indígena será ejercida por las autoridades comunitarias de acuerdo con los sistemas normativos de los pueblos y las comunidades indígenas y reconoce la propiedad intelectual colectiva de su patrimonio cultural, material e inmaterial.
Establece que los pueblos y las comunidades indígenas deberán ser consultados sobre las medidas legislativas y administrativas cuando éstas puedan causar afectaciones o impactos significativos a su vida o entorno y plantea que cuando una persona física o moral obtenga un lucro de medidas objeto de una consulta, deberá otorgar un beneficio justo y equitativo.
El nuevo texto indica que los pueblos y las comunidades serán los únicos legitimados para impugnar el incumplimiento de este derecho y detalla que entre las obligaciones de las autoridades se encuentran fomentar los cultivos tradicionales, en especial el sistema de milpa, las semillas nativas, los recursos agroalimentarios y el óptimo uso de la tierra, libre de uso de sustancias peligrosas y productos químicos tóxicos.
Durante la discusión, diputados de oposición advirtieron que aunque acompañan la reforma, ésta se encuentra incompleta porque no atiende la violencia que hoy afecta a las comunidades e incluso acusaron que resulta discriminatoria.
“Es hoy que el gobierno federal no sabe aún cuántas niñas, cuántos niños, cuántas mujeres y cuántos hombres están en condición de asilo en el país vecino de Guatemala. ¿De qué derechos estamos hablando?, ¿de qué país estamos hablando?”, cuestionó el emecista Gildardo Pérez Gabino.
El legislador lamentó la ausencia del gobierno federal ante la situación que viven los pueblos originarios, que los ha llevado no sólo a desplazarse, sino a tener que ceder sus recursos, como las zonas mineras.
“Este gobierno del cambio que prometió escuchar a los pueblos indígenas, sólo ha buscado ocultar los desplazamientos, la violencia como una ley que, seguramente, también será letra muerta”, afirmó.
Aunque dijo que su partido acompañaría la reforma, Pérez Gabino acusó a la mayoría de racistas, por incluir en la Constitución conceptos como “afromexicanos”.
“Se tiene que quitar este prefijo ‘afromexicano’. Si nací en México, mis padres nacieron en México, mis abuelos nacieron en México, mis tatarabuelos nacieron en México, soy mexicano, nada más mexicano, no afromexicano”, indicó.
La panista Genoveva Huerta inició su intervención solidarizándose con las y los indígenas que han tenido que desplazarse por la presencia del crimen organizado que, afirmó, “hoy manda más que el gobierno en Chiapas y en este país”.
Huerta aseguró que la deuda con los pueblos y comunidades indígenas no ha sido saldada, incluso por este Gobierno, en el que las carencias para esta población también se han incrementado.
“En México radican 68 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, quienes en su conjunto representan más de 25 millones de personas, de las cuales, al iniciar este Gobierno, poco más de 10 millones padecían alguna carencia, ya sea en educación, en salud, en vivienda, en seguridad social, servicios básicos o de alimentación. Cuatro años después había aumentado a más de 11 millones, datos del Coneval”, dijo.
Aunque celebró la reforma, la panista afirmó que ésta deja a deber, porque no atiende temas como el acaparamiento desmedido del agua por parte de empresas, la resolución de conflictos por tierras y tampoco establece mecanismos de defensa ante decisiones presidenciales como la del Tren Maya.
“Si el presidente López Obrador, con facultades discrecionales tuvo que declarar el mal llamado Tren Maya como un proyecto de seguridad nacional para imponerse a los amparos ganados por los pueblos y comunidades indígenas mayas, ¿de qué manera esta reforma garantiza la defensa de esos mismos pueblos en una situación similar en el futuro?
“¿Será por eso que la reforma impide que organizaciones defensoras de derechos humanos, colectivos o abogados intercedan a favor de los pueblos originarios?”, cuestionó.
La priista Leticia Barrera adelantó que su bancada también apoyaría la reforma que impulsa la mayoría. No obstante, advirtió que hoy las comunidades y pueblos indígenas claman por un México más justo, en donde el Gobierno federal vuelva a ver por derechos como la salud y la educación y no sólo les proporciones apoyos sociales.
“Nuestras y nuestros hermanos indígenas claman por un México más justo, por un México donde un apoyo social no sea lo único que haga el Gobierno por ellos, por un México que vuelva a pensar con responsabilidad, que vuelva a ver por la educación, por la salud, por la vivienda y por la mejor calidad de vida.
“Claman por un México que no sólo piense en lo inmediato de la elección, sino en el desarrollo integral de los pueblos y las comunidades indígenas”, sostuvo.
La morenista Irma Juan Carlos afirmó que hoy es un día histórico, porque después de cinco siglos de invasión, despojo, exclusión, racismo y discriminación, por fin se reconocen los derechos de los pueblos originarios, reconociendo con ello la gran diversidad de pueblos y culturas que conforman el país.
Recordó que en el año 2000, después de la firma de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, se reformó en artículo 2 de la Constitución para reconocer algunos derechos colectivos, como la libre determinación y la autonomía, pero no se establecieron las normas y mecanismos para ejercer esos derechos.
Juan Carlos calificó la actual reforma como una gran oportunidad, porque eleva a rango constitucional el derecho a ser consultados sobre medidas legislativas o administrativas cuando éstas puedan causar afectaciones a su vida y entorno, además de que establece el derecho a interponer medios de impugnación por la violación a este derecho.
La morenista subrayó que con las modificaciones constitucionales aprobadas, se establece también el derecho de los pueblos indígenas a acceder, administrar y ejercer sus recursos públicos de manera directa, con lo que se pone fin al saqueo y a la explotación de sus recursos.
“Se acabaron los ultrajes a nuestra madre tierra. Le decimos adiós a cualquier megaproyecto sin la consulta y consentimiento libre, previo e informado a nuestros pueblos. Nunca más una decisión por encima de la voluntad de los pueblos”, afirmó.
Texto: Agencia Reforma / Foto: Cuartoscuro
