Octavio Klimek Alcaraz
Un nuevo informe de la organización Global Witness fue presentado el pasado 10 de septiembre, en colaboración con socios de todo el mundo. El informe titulado Voces silenciadas. La violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente se puede conocer en la página electrónica https://www.globalwitness.org/es/missing-voices-es/.
A continuación realizo una síntesis del informe reproduciendo algunos párrafos de manera textual, sólo con cambios mínimos en su redacción.
Los datos son malos, por lo menos 196 personas defensoras de la tierra y el medioambiente fueron asesinadas el año pasado por intentar proteger el planeta. Destaca que 49 por ciento de las víctimas en todo el mundo provienen de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Las nuevas cifras elevan a 2 mil 106 el total de asesinatos de personas defensoras entre 2012 y 2023. El informe de Global Witness destaca que en el contexto del cambio climático al menos mil 500 de estas personas han sido asesinadas desde la aprobación del Acuerdo de París, el 12 de diciembre de 2015.
América Latina registra sistemáticamente el mayor número de asesinatos documentados de personas defensoras de la tierra y el medioambiente: en 2023, el 85 por ciento de todos los casos (166 asesinatos en total). Estas agresiones mortales se concentraron principalmente en cuatro países, donde ocurrieron más del 70 por ciento Brasil, Colombia, Honduras y México. Global Witness lleva muchos añosos advirtiendo de esta tendencia en la región. De las personas asesinadas en 2023, el 43 por ciento eran indígenas y el 12 por ciento mujeres.
Aunque se comunica que existe una subestimación en las cifras documentadas por Global Witness, no sólo en América Latina, sino también en todo el planeta. En ese sentido lo que se reporta en Asia y África puede tener una subestimación mayor que en Latinoamérica, pues en esos continentes hay más problemas de acceso a la información y a la justicia, así como más restricciones que enfrentan las organizaciones de Derechos Humanos para documentar los casos.
El año pasado, Colombia resultó ser el país con la mayor tasa de homicidios de todo mundo, con 79 muertes en total, frente a las 60 de 2022 y las 33 de 2021. Se trata de la cifra más alta registrada por Global Witness de personas defensoras asesinadas en un país en un solo año. Con 461 asesinatos entre 2012 y 2023, Colombia ha acumulado el mayor número de homicidios de activistas ambientales registrados en todo el mundo.
El año pasado, otros países latinoamericanos con una elevada tasa de ataques mortales fueron Brasil, con 25, y México y Honduras, con 18 cada uno, lo que supone un descenso para México (en comparación con las 31 de 2022) y un aumento para Honduras (desde las 14 de 2022).
Centroamérica se ha convertido también en uno de los lugares más peligrosos del mundo para las personas defensoras. En 2023 Honduras registró el mayor número de homicidios de personas defensoras per cápita, con un total de 18. Ese mismo año también se asesinó a 10 personas defensoras en Nicaragua, 4 en Guatemala y 4 en Panamá.
Si bien sigue siendo difícil establecer una relación directa entre el homicidio de una persona defensora e intereses empresariales concretos, Global Witness determinó que la minería fue el mayor móvil industrial con diferencia, con 25 personas defensoras asesinadas tras oponerse a operaciones mineras en 2023. Otros sectores involucrados fueron la pesca (5), la explotación forestal (5), la agroindustria (4), las carreteras e infraestructuras (4) y la energía hidroeléctrica (2).
En total, 23 de los 25 asesinatos vinculados a la minería en todo el mundo el año pasado ocurrieron en América Latina. Por otra parte, más del 40 por ciento de todos los asesinatos relacionados con esta industria entre 2012 y 2023 tuvieron lugar en Asia, región que cuenta con importantes reservas naturales de los principales minerales críticos para las tecnologías energéticas limpias.
En México, más del 70 por ciento de los asesinatos de 2023 fueron de indígenas. Además, se observó una concentración de ataques en los estados de Jalisco, Colima y Michoacán, en la costa del Pacífico. La mayoría de las víctimas luchaban contra las explotaciones mineras de la región. De los tres estados, Michoacán fue el más peligroso, con ocho asesinatos documentados en 2023.
En México se relaciona más del 40 por ciento de los asesinatos ocurridos en 2023 con las operaciones mineras a las que se oponían las personas activistas. Aparte de los asesinatos mencionados, en México también se ha producido un número considerable de desapariciones forzadas, una forma de violencia especialmente cruel que es típica, aunque no exclusiva, de este país. Las últimas investigaciones han demostrado que, en todo México, desaparecieron de ese modo 93 personas defensoras de la tierra y el medioambiente entre el 1 de diciembre de 2006 y el 1 de agosto de 2023. Más del 40 por ciento de ellas aún no han sido encontradas.
Además de señalarse el número de homicidios a escala mundial, en el informe también se ponen al descubierto las tendencias más generales de las agresiones sin consecuencias mortales y los efectos dañinos que estas tienen en las comunidades de todo el mundo. Se destacan casos de desapariciones forzadas y detenciones ilegales, tácticas crueles que se usan en Filipinas y México en particular, así como el uso generalizado de la criminalización para silenciar a personas activistas en todo el mundo.
En el informe se analiza también la represión del activismo ambiental en el Reino Unido, Europa y los Estados Unidos, donde cada vez se usa más la legislación para atacar a las personas defensoras y se imponen condenas más duras a quienes han participado en protestas contra el cambio climático. Estas conclusiones van de la mano de una tendencia preocupante de criminalización que está surgiendo en todo el mundo.
Concluyo con lo expresado por Laura Furones, autora y asesora principal de la campaña de las personas defensoras de la tierra y el medioambiente de Global Witness, que declaró con relación a este informe:
“Mientras la crisis climática avanza apresuradamente, quienes alzan voz con valentía para defender nuestro planeta se enfrentan a actos de violencia, intimidación y asesinato. Nuestros datos indican que el número de homicidios sigue siendo escandaloso y los gobiernos no pueden mantenerse impasibles ante esta situación completamente inaceptable: deben tomar medidas contundentes para proteger a las personas defensoras y abordar las causas ocultas de la violencia que sufren. Las personas activistas y sus comunidades son esenciales en cualquier labor para prevenir y reparar los daños y perjuicios causados por las industrias nocivas para el medioambiente. No podemos permitirnos la pérdida de más vidas; no lo toleraremos”.
