Marco Antonio Adame Meza advierte que el recrudecimiento de los hechos violentos en Acapulco es resultado de las condiciones sociales que generó el huracán Otis
Chilpancingo, Guerrero, 23 de septiembre de 2024. El director del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano (IIEPA-IMA) de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Marco Antonio Adame Meza, dijo que la violencia “ha rebasado a las instituciones públicas”.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la cifra de homicidios dolosos en Guerrero se rebasó durante agosto en comparación con junio, pasando de 170 a 179 asesinatos producidos; además, de enero a agosto del 2024 suman 16 víctimas de feminicidio en la entidad, el mismo número acumulado que se reportó el año pasado.
Consultado vía telefónica al respecto de los factores que influyeron en este repunte registrado por el SESNSP, Marco Adame explicó que la violencia es un fenómeno multifactorial vinculado al desarrollo social, la impartición de justicia, la equidad y las condiciones socioeconómicas de la población.
Resaltó que cuando también se presentan factores como “profundos” índices de pobreza, altos porcentajes de desigualdad social, condiciones de fragilidad institucional, “lo que se ha dicho mucho respecto a la impartición de justicia y a los altos índices de impunidad”, así como poco desarrollo social económico, vinculado al bienestar de la población, “son elementos que potencian la expresión de la violencia en todas sus variables”.
Señaló que en los últimos años en México “se ha experimentado una violencia de gran escala, sobre todo por el fenómeno también del crecimiento del crimen organizado, el narcotráfico en muchas regiones del país que ha, por supuesto, hecho que las expresiones de violencia cada vez sean más crudas y más difíciles de asimilar”.
Puntualizó que la violencia “ha rebasado a las instituciones públicas… desde hace muchos sexenios, el fenómeno de la violencia rebasó a las instituciones públicas y no ha habido con claridad una estrategia”.
No obstante, destacó que “en los últimos años, se ha hablado sobre acciones específicas de combate frontal al crimen organizado, pero también acciones que están vinculadas con la generación de bienestar, influir en las condiciones económicas de la población”.
Consideró que “un gran pendiente a nivel nacional es el tema del desarrollo en el ámbito educativo, porque ninguna política pública va a ser efectiva si no existe un cambio de mentalidades a largo plazo y ningún cambio de mentalidades en la cultura ciudadana de la población va a ser generada si no es de la mano de una propuesta del modelo educativo que genere condiciones para que la ciudadanía establezca en principio un respeto al estado de derecho, el principio del respeto a la autoridad y sobre todo aquello que está vinculado con los valores en torno a los derechos humanos”.
Ejemplificó el caso de Acapulco, donde después del embate del huracán Otis hay una situación “peculiar” en el desarrollo económico, “muchas personas perdieron su empleo, hay una movilidad de la población, unos salieron de Acapulco, otros llegaron a partir de las propias circunstancias que se viven”.
Manifestó que estas circunstancias deben tomarse en cuenta al analizar “el recrudecimiento de la violencia, el repunte de la violencia porque, efectivamente, hay condiciones sociales económicas adversas”.
Además, también influyen “las condiciones sociales que Guerrero también ha estado arrastrando durante muchas décadas que están vinculadas con índices de pobreza, con el tema también del analfabetismo”, la deserción escolar, entre otros indicadores en los que en el país la entidad ocupa los últimos lugares.
Para Marco Adame es importante que las autoridades analicen estrategias que han sido efectivas en otras sociedades con “características similares y desafíos complejos como los que tenemos”, particularmente se deben estudiar las experiencias exitosas en ciudades latinoamericanas.
Reconoció que los gobiernos estatales y locales han logrado reducir el fenómeno de la violencia con algunas estrategias, pero debe haber “indudablemente una acción colectiva más allá de las propias acciones de gobierno, que incorporen a instituciones públicas, sociedades civiles e incluso, medios de comunicación”.
“Ha hecho falta la coordinación en las administraciones públicas de los tres órdenes de gobierno y una directriz de estrategia nacional que permita, con claridad, saber cómo se va a atender” este fenómeno.
Por su parte, el coordinador de la Maestría en Estudios de Violencias y Gestión de Conflictos de la Facultad de Derecho Acapulco de la UAG, Gabino Solano Ramírez, dijo que la violencia también se genera por “las disputas entre los grupos de poder fáctico, esta redistribución del territorio que se disputan permanentemente… y lo más visible que nosotros observamos como ciudadanos, víctimas directas o indirectas, es el homicidio doloso”.
Indicó que durante “la coyuntura de cambio de gobierno suelen generarse, flexibilizarse, más bien, los procesos de control político y esto alimenta las expectativas de los grupos que controlan el poder para que se pueda incrementar sus ambiciones de ampliar sus espacios territoriales”.
Puso como ejemplo que, en Acapulco, las colonias Ciudad Renacimiento, Progreso y Emiliano Zapata, son mencionadas como aquellas con más indicadores de violencia, pero esto “no quiere decir que ahí se genere la violencia, simplemente puede ser el espacio territorial que se disputen con mayor amplitud”.
Subrayó que “hoy, esta combinación del cambio gobierno, venimos de un proceso electoral también con buena incidencia delictiva, y es esta flexibilidad, digamos institucional, hace que se ambicione reconfigurar las fronteras que dominan cada grupo”.
Ante este panorama, Gabino Solano dijo que se debe fortalecer el Poder Judicial; recordó que “todos fuimos testigos” de los hechos violentos registrados en La Garita en el 2006, pero “no pasó nada, no hubo respuesta (de las autoridades) y esto habla, naturalmente, de la debilidad institucional de manera general, pero también de cómo estas estructuras criminales permean estos espacios”.
“Es a partir de ahí, donde tenemos que empezar a reconstruir esta posibilidad de enfrentar estas estructuras de poder, no hay otro camino y creo que la reforma judicial que hoy se ha implementado apenas es el primer paso que tenemos que seguir, falta la reforma a las fiscalías que constitucionalmente son autónomas, pero requieren una revisión profunda”, concluyó.
Texto: Alina Navarrete Fernández/ Foto: Archivo
