EDITORIAL
El crimen atroz de Alejandro Arcos Catalán es un ataque a la sociedad entera, una corrosión de la vida institucional del estado y una estremecedora ratificación de la incapacidad de las autoridades de todo nivel para garantizar la vida de las personas en Guerrero, la que debiera ser la primera obligación de los gobernantes.
El impacto de este homicidio rebasa a la ciudad y al estado por tratarse del alcalde de la capital. Pero el mismo día una sencilla familia de comerciantes de Teloloapan fue víctima de dos ataques mortales, uno de ellos en el mercado del centro, a una cuadra del Palacio Municipal, frente a vendedores y clientes y a plena luz del día.
La violencia no distingue jerarquías. El primer agravio es el que comete la delincuencia contra una sociedad que no puede trabajar en paz, ganarse el sustento por una vía legal y legítima, porque incluso la faena cotidiana a la vista de todos, desde la más modesta hasta la más renombrada, ya es un riesgo en el estado.
Las elecciones son la vía legal, civilizada y democrática para la renovación periódica de autoridades y la ratificación de su legitimidad. Pero quedan pulverizadas de golpe por la violencia incontrolable. En segundos se puede derrumbar todo un proyecto de vida, toda la voluntad acumulada de una sociedad con esperanzas.
En meses recientes otros casos notables, como el de Coyuca de Benítez o Copala, han mostrado que la decisión de los electores queda relegada frente a las balas. En una variante del mismo fenómeno, en Taxco existe la fuerte presunción de que el cuerpo de Policía Municipal era en parte más una banda delictiva que la autoridad en la que deben confiar los ciudadanos. En la Tierra Caliente hace tiempo que comunidades enteras viven en la zozobra, porque no hay poder que logre frenar las extorsiones sistemáticas contra la población. Y Acapulco se mantiene como la quinta ciudad del país con más homicidios dolosos.
La cadena de huecos en la procuración de justicia en el estado es alarmante. Pasa por la falta de adecuada custodia para candidatos y autoridades municipales, por la ausencia total de trabajo de inteligencia sobre la operación de las bandas delincuenciales y por la ineficacia de las policías estatal y de los municipios.
La Guardia Nacional surgió en el discurso oficial como el primer garante de la seguridad en el país, pero la realidad dista mucho de ese objetivo. En la práctica es un cuerpo dedicado a construir cuarteles, a patrullar algunas cuantas calles y a cercar el escenario del crimen cuando ya es algo irremediable. Hasta ahora, que se sepa, no tiene órdenes de enfrentar directamente a la delincuencia, en una increíble cesión de la facultad del Estado para ejercer el monopolio de la violencia.
Todos estos ángulos, el social, el político y el de seguridad, concurren dramáticamente en el caso de Arcos Catalán. El viernes 27 de septiembre fue asesinado el ex mando de la policía estatal y capitán del Ejército Ulises Hernández Martínez, en el viejo libramiento a Tixtla. El militar era un posible candidato a ocupar la Secretaría de Seguridad Pública de Chilpancingo, en el nuevo gobierno. El jueves 3 de octubre fue asesinado de cuatro balazos el recién nombrado secretario general del Ayuntamiento, Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez, cuando caminaba por el centro de la capital.
Ambos personajes, como Arcos Catalán, pudieron ser ultimados a la luz del día. Los criminales se saben impunes en el epicentro político y administrativo del estado de Guerrero. Con sus atentados logran no sólo torcer la voluntad ciudadana, sino ejercer directamente un veto invisible sobre quien ejerce el poder político municipal.
Después del homicidio de Tapia, el alcalde había pedido en público el reforzamiento de su seguridad personal y de la de su equipo. No sólo no tuvo esa custodia. La reacción de las autoridades ha sido de un burocratismo que indigna. La Fiscalía General del Estado se tardó en confirmar la identidad del personaje asesinado, que ya circulaba ampliamente en las redes sociales, y sólo anunció que abrió una carpeta de investigación luego de que el dirigente nacional del PRI había informado del homicidio del alcalde. El nuevo jefe de la Región Militar anunció un reforzamiento de la seguridad. Nada nuevo y nada concreto. Cientos de expedientes abiertos reposan en los archivos judiciales, sin mayores consecuencias en los últimos años en el estado. En los asesinatos de alto impacto prevalece una impunidad perfecta; ninguno ha sido esclarecido y ninguno de los perpetradores ha sido detenido. Abundan las ofertas y promesas lo mismo de las autoridades civiles y policiales que de los mandos militares para, ahora sí, encarar la violencia en Guerrero.
Acaso la reacción más relevante en estas horas aciagas haya sido la de una población cansada de la violencia, que de manera espontánea levantó un memorial popular para el alcalde asesinado y que colmó las calles del centro de la ciudad para exigir justicia.
Esta actitud puede ser el comienzo de un protagonismo social en contra de las atrocidades del crimen organizado, participación hasta ahora ausente, pues lo que ha prevalecido entre los guerrerenses es el miedo ante el poder violento de los grupos delictivos y una gran desconfianza en los gobiernos que son vistos más como parte del problema que de la solución.
Es cierto que la seguridad pública no es sólo un asunto local. Hoy mismo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se dispone a presentar su plan en la materia, del que deben esperarse las líneas generales y medidas que den un vuelco a la inacción que caracterizó al gobierno federal anterior.
Pero es igualmente cierto que el peso de la operación preventiva y de la acción judicial sí radica en el estado. ¿Qué hace la Mesa de Paz? ¿Dónde han quedado tantas investigaciones abiertas por la Fiscalía? ¿Cómo sirve a la seguridad pública la presencia de las fuerzas armadas en esa tarea? ¿Por qué todavía no se conoce en público, siquiera, qué fue exactamente lo que pasó en las últimas horas de vida de Arcos Catalán?
Esa multitud que pide justicia a gritos es la que espera las respuestas. Y es la que, esperanzadoramente, comienza a movilizarse.
