Chilpancingo, Guerrero, a 10 de octubre de 2024.- Representantes del sector agropecuario insistieron en que se incremente el presupuesto destinado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Sagadegro), a mil millones de pesos, para ir del 0.7 al 1.2 por ciento del total, considerando que en estados vecinos, como Michoacán y Puebla, se le destina más del 5 por ciento.
Incluso, señalaron que Colima invierte más recursos, sólo en la producción y certificación del mezcal, que todo el presupuesto destinado al campo en Guerrero, de 300 millones de pesos este año.
Antes de la aprobación del Presupuesto de Egresos de Guerrero, durante unos 20 años, distintos liderazgos han buscado incidir en el diseño de un presupuesto estratégico, con la participación de los productores. Nunca prosperó, por falta de voluntad política, denunciaron.
Representantes del sector, elegidos en una asamblea estatal del sector agroalimentario y ambiental, que se realizó en el auditorio de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero, el 24 de agosto pasado, pidieron exponer a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, una propuesta de presupuesto para el campo, que consideran acorde con las necesidades del sector y la realidad de la entidad.
Como la nueva legislatura no ha aprobado la integración de las comisiones, sólo acudieron seis diputados interesados a la reunión, en la sala José Francisco Ruiz Massieu, del Congreso del Estado.
Los diputados se comprometieron a buscar un reunión con secretarios del gobierno estatal, para que les presenten sus planteamientos, así como lograr una mesa de trabajo que urgieron los productores, a fin de que se realice, incluso, antes de que el Ejecutivo estatal envíe el anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio fiscal 2025, lo cual se espera para finales de octubre o en noviembre.
El ex alcalde de Zirándaro, Gregorio Portillo Mendoza, integrante de la asociación ganadera de su municipio, advirtió que las afectaciones recientes por los fenómenos naturales han demostrado que se encuentra en riesgo la producción de alimentos, “el estado debe asumir su responsabilidad, de garantizar la producción y alcanzar la soberanía alimentaria”.
Denunció que hay falta de coordinación interinstitucional a la hora del diseño de objetivos y planes de desarrollo del sector agroalimentario. “Creemos que el Congreso del Estado debe jugar un papel protagónico, ante la ausencia de coordinación necesitamos de un actor que aglutine y que convoque a las distintas instituciones que ejercen parte de este presupuesto, incluida la Universidad Autónoma de Guerrero”.
El asesor del Consejo de Ejidos y Comunidades Agrarias de Guerrero, Carlos García Jiménez, planteó que es necesaria una reunión urgente, para la próxima semana, con los titulares de Sagadegro, de Fomento y Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Dirección de Asuntos Agrarios, que coordina a la Secretaría General de Gobierno, y si fuera posible, los presidente de las comisiones legislativas que aborden los rubros que les interesan.
La diputada de Morena, Glafira Meraza Prudente, destacó que existe voluntad de coordinarse con los actores sociales, pero seguirá en comunicación con los enlaces del movimiento, a quienes informará de sus avances.
Estuvieron también los diputados Alejandro Carabias Icaza, del PVEM; Jorge Iván Ortega Jiménez, de PRD; Edgar Ventura de la Cruz, del PT; Aristóteles Tito Arroyo, Catalina Apolinar Santiago, y Carlos Eduardo Bello, de Morena.
En las intervenciones, Carabias Icaza coincidió en la necesidad de fortalecer al campo, pero consideró que a la propuesta se le debería incluir la proyección de la meta económica a alcanzar con las estrategias del proyecto. Ortega Jiménez dijo que la propuesta era buena, pero que se debe analizar más a fondo, y Ventura de la Cruz estimó que las cifras de dinero que proponen, para los rubros del presupuesto que plantean, deben estar justificadas para defenderlas.
Para confirmar la viabilidad de su propuesta, Carlos Renato Hernández, representante de mezcaleros, indicó que Guerrero estaría recaudando 53 por ciento de la venta del mezcal si hubiera certificaciones del producto.
“Es un monto de dinero que se deja de obtener porque no vendemos ningún litro con IEPS (el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), todo se vende a granel. Entonces el estado no le mete nada y no recauda nada”. Destacó que Colima, con una recaudación más baja que Guerrero, invierte 400 millones al sector mezcalero, más que todo el presupuesto de la Sagarpa en Guerrero.
Por otro lado, Gregorio Portillo precisó que las secretarías tienen la obligación de diseñar una petición del presupuesto al Congreso, justificada y argumentaba.
“Lo que nosotros estamos presentando, básicamente es un documento con las demandas. Resultados de un foro y que creemos que el Congreso es el actor que puede aglutinar a otras autoridades, para discutirlo y compararlo con el proyecto del gobierno estatal”.
Subrayó que “por cómo están la cosas, difícilmente alguien más puede tomar ese papel. Ni las organizaciones sociales ni la propia UAG, ni los alcaldes, que están involucrados en la solución de los diversos problemas que los absorben de manera total”.
Recordó que desde febrero de este año, las reglas de operación del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal, del Ramo 33, entregado a los ayuntamientos, permiten invertir en desarrollo tecnológico y mejoramiento genético en el sector agropecuario, incluso azoteas verdes.
“El Congreso tiene la autoridad para que los reciba un secretario, nosotros no. De Obras Públicas, de Desarrollo Rural, para construir con ellos un presupuesto direccionado”.
Tito Arroyo adelantó que habría resistencias, primero por parte del gobierno estatal, que no envía los anexos del anteproyecto del presupuesto de egresos al Congreso; luego de los alcaldes, que son considerados fuera de esta propuesta y no pueden ser obligados a invertir en proyectos productivos, por su autonomía, igual el estado.
Propuesta de organizaciones y productores
En la propuesta consideran reactivar la economía, revertir los impactos destructivos por los huracanes Otis y John, así como terminar con la discrecionalidad y selectividad del presupuesto rural.
Además, se busca provocar sinergias entre programas afines y propiciar la concurrencia de agentes económicos no gubernamentales, créditos y aportaciones de los campesinos, e incorporar un sistema de acompañamiento técnico, integral, agroecológico y participativo, que promueva la organización cooperativa de los productores y la contraloría campesina en programas públicos.
García Jiménez aclaró que el presupuesto del campo se ejerce sin una contraloría social, que el Consejo Guerrerense para el Desarrollo Rural, creado para abonar en el diseño de la política pública, pudo ser un instrumento de transparencia, pero “está muerto”.
Aclaró que la propuesta inicial del sector era pedir el 5 por ciento del presupuesto estatal, pero comprenden que se necesitan muchos recursos para atender la afectaciones provocadas por las fuertes lluvias, pero destacó que además de los pueblos incomunicados, por las vías colapsadas, recordó que tuvieron el mismo destino todos los caminos sacacosechas.
Por lo anterior, aclaró que sólo plantearon la posibilidad de superar el umbral del 1 por ciento del presupuesto estatal, para irlo aumentando en los siguientes tres años, al 3 por ciento.
El planteamiento financiero para 2025, es que se aprueben mil millones de pesos a la Sagadegro, distribuidos en 15 conceptos, que comienza con la elaboración de un diagnóstico de pérdidas agropecuarias por el huracán John y estadísticas agropecuarias.
Incluye, además, la habilitación y modernización de infraestructura hidráulica, así como una aportación a un fondo para proyectos estratégicos, que detonen y articulen los principales sistemas productivos, para que los productores de Guerrero puedan participar en la convocatoria nacional.
Texto y foto: Lourdes Chávez
