Saúl Escobar Toledo
En memoria de la maestra Ifigenia Martínez por sus enseñanzas y su generosidad.
La política laboral en México ha olvidado, desde hace décadas, asuntos muy relevantes que tienen que ver con la protección y el fomento al empleo. Esto es, considero, lo más importante que puede desprenderse del documento publicado por Coneval titulado Evaluación Integral de la Política Social Vinculada al Derecho al Trabajo 2023 – 2024. (disponible en coneval.org.mx).
De acuerdo con este reporte, la garantía del derecho al trabajo enfrenta once “retos” para hacerse efectiva. Entre ellos destacan en primer lugar, la informalidad laboral, dado que más de la mitad de la población ocupada trabaja en estas condiciones, lo que reduce “las oportunidades de acceder a la seguridad social y otras prestaciones asociadas al trabajo formal”. Otros problemas relevantes que tienen que ver con la calidad y protección al empleo, incluidos en el documento, son: la capacitación y formación para el trabajo; la intermediación y vinculación laboral; la protección del ingreso ante pérdida del empleo; y el trabajo infantil. En todos estos asuntos, no hay políticas gubernamentales para remediarlas o éstas han sido parciales e insuficientes.
En el caso de la informalidad laboral, Coneval afirma que “no hay un programa específico” para atender este reto, aunque se han elaborado programas que pueden ayudar a resolverlo como el destinado a las trabajadoras del hogar, las personas que realizan teletrabajo y las personas trabajadoras del campo. La recomendación del organismo de evaluación al gobierno federal consiste en desarrollar “una estrategia que incluya incentivos fiscales y financiamiento para micro y pequeñas empresas (pues emplean a la mayor proporción de personas trabajadoras)”.
En lo que concierne a la capacitación, se considera que “la falta de desarrollo de habilidades laborales limita el crecimiento profesional y la estabilidad laboral” además de que afecta la productividad y el crecimiento económico del país. Aunque existen algunos programas relacionados con este asunto, el documento considera que tienen una cobertura limitada y recomienda “combinar las herramientas digitales con servicios presenciales…”; esto último requiere aumentar las oficinas regionales del Servicio Nacional de Empleo (SNE). También sugiere que el gobierno federal debe reforzar sus programas de formación laboral, ofreciendo capacitaciones que aumenten la productividad… y fomenten el desarrollo profesional tanto de empleados como de quienes buscan trabajo. Además, apoyos complementarios para beneficiarios de capacitación…”.
Por su parte en el rubro de la intermediación y vinculación laboral encuentra que es predominante “la búsqueda de empleo a través de medios informales… lo cual afecta el tipo de empleos a los que se puede acceder”. A pesar de la existencia de algunos programas como el PAE y Jóvenes Construyendo el Futuro, éstos han resultado insuficientes por lo que recomienda entre otras cosas “ofrecer servicios de intermediación laboral personalizada mediante la figura del Consejero del Empleo”.
En lo que se refiere a la protección del ingreso ante pérdida de empleo, Coneval no identificó ningún programa, estrategia o reforma para enfrentar este problema a nivel federal. Su recomendación es enfática: diseñar e implementar “un seguro de desempleo, que tenga el objetivo de proveer un ingreso temporal a las personas trabajadoras que hayan perdido su empleo y estén en búsqueda de otro”(retomando la experiencia de este programa en la Ciudad de México)
Finalmente, en lo que toca al trabajo infantil, el documento recalca que “es ilegal y expone a las infancias a condiciones laborales peligrosas y a ocupaciones no adecuadas”. Enfatiza que no se identificó ninguna oferta gubernamental… dedicada exclusivamente a erradicar el trabajo infantil. Sin embargo, sólo se limita a recomendar el fortalecimiento “de las estrategias de fiscalización” para identificar la presencia de este fenómeno.
El documento analiza otros retos relacionados con el derecho al trabajo que tienen que ver con el ingreso laboral señalando que “más de un tercio de la población no puede cubrir la canasta alimentaria” aún con los aumentos otorgados al salario mínimo. También aborda otros temas relacionados con las condiciones de trabajo: especialmente la falta de acceso a la asistencia médica, pensión, vivienda, vacaciones y guarderías entre otras. Las brechas salariales merecen una recomendación : llevar a cabo políticas “contra la discriminación en el mercado laboral y en los centros de trabajo, acompañada de campañas de divulgación…”.
Coneval explica, igualmente, que las jornadas laborales excesivas “afectan la salud y el bienestar de las personas trabajadoras y sus familias, además, generan riesgos de trabajo y la productividad”. Y considera que no hay una oferta gubernamental en este sentido. Su recomendación, no obstante, es limitada y en cierto sentido va en una dirección equivocada: establecer una estrategia que garantice “una remuneración justa por las horas trabajadas” y “asegurar el pago de las horas extras”. Curiosamente no recomienda la reducción de la jornada como ya lo sugirió la presidenta Sheinbaum.
Otro reto se refiere a los contratos y la estabilidad laboral, la cual afecta especialmente a las personas trabajadoras en condiciones de informalidad, empleos temporales o subcontratadas. Y reconoce que se requiere fortalecer la fiscalización (se entiende que la inspección en los centros de trabajo) para “identificar omisiones e irregularidades” (por parte de los empleadores). No señala, sin embargo, que el propio gobierno federal es uno de los principales responsables de estas carencias.
Un apartado muy incompleto trata de la “implementación deficiente de la justicia laboral y la falta de inspección”. La recomendación se limita a promover mecanismos para “fortalecer la negociación colectiva…” y omite, quizás por razones de su enfoque, una revisión crítica de la implementación de las reformas de 2019 y el funcionamiento de nuevas instituciones como los centros de conciliación y los juzgados en la materia adscrito al poder judicial.
Además, el documento pasa por alto por lo menos otros dos “retos”: el sistema de pensiones contributivas administradas por empresas privadas que arrastra serios problemas de cobertura y escasas posibilidades de obtener una pensión (por la baja densidad de cotización) de muchos trabajadores. Tampoco se refiere a un problema fundamental: la salud en el trabajo, es decir, políticas para prevenir y remediar los riesgos laborales.
A pesar de sus limitaciones, el documento tiene la virtud de hacer patente las áreas en las que las políticas públicas han sido insuficientes o en las que de plano no hay ninguna estrategia. Esto es más claro en el caso de los asuntos relacionados con el fomento y la protección al empleo y el trabajo infantil.
De esta manera, las autoridades laborales a nivel federal pero también a nivel local, deberían tomar nota de estas ausencias y fallas. El anuncio de retomar la discusión de las cuarenta horas y otros como la “ley silla”, la seguridad social para trabajadores de plataformas digitales, la brecha de género, y el aumento del aguinaldo, resultan muy positivas.
Sin embargo no se ha anunciado nada, por ejemplo, acerca de la necesidad de un seguro de desempleo. Asimismo, se requiere, urgentemente, una evaluación de los programas para la intermediación, la vinculación, la capacitación y la formación laborales. Y definir claramente una estrategia para erradicar el trabajo infantil.
Las políticas del gobierno federal no pueden omitir estos asuntos sobre todo en momentos en que se presentan dos factores aparentemente contradictorios: por un lado, la caída de la actividad económica y por lo tanto de la creación de empleos; y por otro, las anunciadas nuevas oportunidades de inversión por el nearshoring. Para abordar ambas cuestiones, las recomendaciones de Coneval y otras que pueden surgir de la discusión en el Congreso y que fueron omitidas en el documento, deben formar parte de la agenda legislativa.
saulescobar.blogspot.com
