Chilpancingo, Guerrero, 23 de octubre de 2024. El Estado mexicano dejó sin protección a la familia del luchador social desaparecido y asesinado en el 2013, Arturo Hernández Cardona, señaló la organización Red Solidaria Década contra la Impunidad.
En un comunicado que emitió este miércoles, el organismo informó que debido a ello, su viuda y tres de sus hijas viven fuera del estado, “como medida de protección ante la persecución y amenazas de que son víctimas”.
Hernández Cardona, dirigente de la organización social Unidad Popular (UP), fue privado de la libertad el 30 de mayo de 2013 cerca de Iguala junto con siete de sus compañeros y el 3 de junio de ese mismo año su cuerpo torturado fue encontrado a orillas de la carretera Chilpancingo-Iguala, junto al de sus acompañantes Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez.
Por el secuestro en agravio del dirigente social y sus compañeros, el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, fue condenado el 12 de mayo de 2023 a 92 años y seis meses de prisión, además le fue impuesta una multa equivalente a 920 mil 700 pesos; sin embargo, en la sentencia no se incluyó el delito de homicidio.
“A la fecha, y a pesar de que la familia de Arturo ha tenido que vivir fuera del estado de Guerrero, como una medida de protección a la persecución y amenazas de que son víctimas, el gobierno mexicano se ha negado a extender dichas medidas a todas las integrantes de esta familia”, denunció la Red Solidaria Década contra la Impunidad.
Además, informó que desde principio de este año, sin previo aviso, le fueron retiradas las medidas a María Soledad Hernández Mena, la hija mayor del activista, la única que tenía.
El organismo responsabilizó al gobierno mexicano de la integridad física y sicológica de la María Soledad, Carolina y Reina Hernández Mena, hijas de Arturo, así como de su viuda, Carolina Mena Marchán.
El 29 de mayo de 2013, Hernández Cardona y otros activistas de la UP presentaron por escrito una denuncia de hechos ante el Ministerio Público del Distrito Judicial de Hidalgo en la sede regional de la FGE de Iguala, en contra del entonces presidente municipal (PRD) José Luis Abarca Velázquez, su esposa María de los Ángeles Pineda Villa y el secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, donde manifestaron tener el temor fundado de que el alcalde pudiese ordenar matarlos.
Un día después, ocho de los activistas fueron detenidos por policías municipales en complicidad de civiles armados tras concluir una protesta en la caseta de peaje de Iguala, uno de ellos logró escapar, y tres días después, el 3 de junio, se hizo el hallazgo de los cuerpos, mientras que otros cuatro lograron escapar de sus captores.
José Luis Abarca fue señalado por uno de los sobrevivientes de haber asesinado personalmente a Hernández Cardona, por lo que este caso es uno de los delitos por el que el ex presidente de Iguala sigue preso desde 2014 en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano. Con información de Alejandro Guerrero.
Texto: Zacarías Cervantes/ Foto: Archivo
