EDITORIAL
Un año después, el huracán Otis está presente en Acapulco en la forma de escombros, destrozos, restos de naves hundidas, viviendas de todas clases dañadas, calles fracturadas o cerros y laderas en riesgo de derrumbe.
Pero el meteoro está presente, sobre todo, en los rostros de las personas que salen a las calles en demanda de ayuda para subsistir, para reparar sus hogares, para reabrir sus negocios o para instar a las autoridades a que rehabiliten zonas naturales dañadas.
El saldo humano que dejó Otis y, menos de un año después, el huracán John, es devastador. Lejos de la promesa del anterior presidente, de que volvería la fiesta para los acapulqueños en la Navidad de 2023, ya la nueva temporada decembrina se acerca con un horizonte sombrío para muchos.
El rezago en la recuperación es notable, como puede verlo cualquier observador a simple vista, aunque haya paliativos. Pero, por desgracia, una respuesta de fondo, verdadera puerta de salida para el hábitat deteriorado del puerto, aún es inexistente.
En el discurso oficial suele ponderarse la distribución de bienes o ayuda monetaria, los arreglos epidérmicos en la ciudad y hasta la pintura de las fachadas. Importante, como es, la entrega de recursos para sortear la adversidad a corto plazo, la gran ausencia en la reacción al desastre de hace un año es un proyecto de recuperación urbana y ambiental de Acapulco con la participación de la sociedad.
Importa comprender que la respuesta a la tragedia no puede venir de una cadena de parches, sino de un proyecto integral de desarrollo sustentable que no se ve. La prisa no debiera ser por lanzar frases o discursos espectaculares, como si las soluciones llegaran al conjuro de las palabras o de reacciones voluntaristas.
Ante todo, es indispensable encarar uno de los grandes problemas nacionales que se manifiesta en el puerto: la carencia de una política de protección civil moderna. Construirla pasa por una disposición de recursos tecnológicos de punta y una revisión de los que están disponibles para Acapulco.
Pero ni la tecnología ni los avisos oportunos ni la apertura de refugios basta para la dimensión de los problemas de esta ciudad. ¿De qué sirve todo ello si hay viviendas en la zona de humedales, en el lecho de un río, al lado de una barranca o en medio de una ladera?
Cierto que el crecimiento caótico de Acapulco no es de hace pocos años. Viene desde mediados del siglo pasado y fue incubado por la corrupción de empresarios y gobernantes que propiciaron un desarrollo turístico excluyente y depredador. Pero el impacto de los huracanes ha puesto sobre la mesa, una y otra vez, la necesidad de reencauzar el diseño urbano y la sustentabilidad del puerto.
Por eso es que, como decíamos hace un año, no se trata de volver al Acapulco de antes del huracán, sino de realmente reconstruir una ciudad que sea inteligente, incluyente, respetuosa de la naturaleza y segura.
Se requiere un nuevo modelo sustentable de asentamientos humanos, que privilegie la organización ciudadana desde abajo, promueva una nueva arquitectura y destierre de plano el crecimiento irregular.
Al mismo tiempo, brinca en las calles el desempleo y la falta de un ingreso seguro y estable, que estremece a miles de familias. La situación se agrava en una ciudad en la que predomina la economía informal que mantiene a tres cuartod de la población ocupada trabajando en empleos precarios, sin prestaciones ni derechos laborales.
Hay que apremiar, por lo tanto, un diseño múltiple, que incluya, por lo menos, un shock de recursos para el turismo, el motor de la economía regional y un programa específico para medianos, pequeños y micro empresarios del sector, que un año después no se ve.
El programa de créditos blandos anunciado tuvo una aplicación tardía y parcial. Y al final, cada dueño de unidad turística ha tenido que arreglar su situación con sus propios recursos, lo mismo los grandes hoteles que los artesanos, los prestadores de servicios ambulantes, pescadores o pequeños restauranteros.
La zona damnificada comparte con otras regiones del país conflictos que, bajo el impacto del huracán, demandan atención prioritaria. Es el caso del abasto de agua, la debacle de la agricultura pequeña y mediana, azotada por una de las peores sequías de la historia y, por supuesto, de la violencia criminal.
El impacto de John, el otro huracán que afectó la costa guerrerense y que volvió a sacudir a Acapulco este año, mostró las vulnerabilidades de una ciudad que, para empezar, lleva ya un mes sin el servicio regular de agua potable, sin playa en algunos tramos y con una dramática caída en el número de visitantes, como la de la pandemia.
Una ciudad sustentable sólo se conseguirá con el concurso de los acapulqueños de todas las clases sociales, e incluso con la participación de gobiernos y agencias de la comunidad internacional a quienes ni se ha buscado ni se ha convocado. El grave problema de la inseguridad requiere también ser enfrentado con la participación de la sociedad y no apostar todo a la presencia apenas disuasiva de la Guardia Nacional. Cierto que en primer lugar se debe resolver lo urgente. Pero el Estado mexicano cuenta con los recursos suficientes para elaborar –con el apoyo de científicos, especialistas y representantes de la sociedad– un proyecto de largo plazo que oriente las tareas inmediatas. Y es lo que no se ve.
Alienta tener a una presidenta que decidió hacer lo elemental, caminar entre el barro de las calles y mirar a la cara a los damnificados. Como científica claramente comprometida con el medio ambiente y una sociedad sustentable, tiene todas las herramientas a la mano para emprender el proyecto que todos esperamos para Acapulco.
