Acapulco, Guerrero, a 30 de octubre de 2024.- El abogado de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra criticó ayer que la reunión con Claudia Sheinbaum Pardo ya como presidenta del país se ha “demorado”, a casi un mes de su toma de posesión y expuso que en este encuentro se revisaría la continuidad de la comisión de la verdad y la fiscalía especial con nuevos titulares o se crea un nuevo mecanismo.
El 30 de julio, la entonces presidenta electa Sheinbaum Pardo se reunió con padres de los 43 y sus representantes legales. Este lunes pasado, el vocero de los familiares, Melitón Ortega dijo que buscan que regrese el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y que se investigue al Ejército mexicano.
Consultado después de su conferencia que ofreció ayer en el auditorio de la Facultad de Derecho de Acapulco de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), sobre la reforma constitucional de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, Vidulfo Rosales dijo que los padres y sus representantes legales están pendientes de ser convocados a la primera reunión con Sheinbaum Pardo como presidenta de México.
Dijo que esta primera reunión “ya se ha demorado, vamos a establecer comunicación con ella los próximos días para ver cuándo va a tener ocasión esa reunión en la que habremos de construir una nueva metodología”, uno de los compromisos del encuentro de julio pasado.
De esta nueva metodología, el abogado de los padres de los 43 mencionó que habrá que discutir sobre la continuidad de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), creadas en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, o se va crear un nuevo mecanismo.
“Se van a cambiar los titulares o no, desde nuestro punto de vista, después de la salida de Alejandro Encinas y la salida de Omar Gómez de la Fiscalía Especial, quedaron muy debilitados estos mecanismos”.
“Habría que fortalecerlo y eso pasa por cambiar a los titulares o en su caso habría que crear uno nuevo, pero bueno, ésas son de las cosas que tendríamos que hablar con la presidenta”, planteó Vidulfo Rosales.
Dijo que la Covaj formalmente aún existe, pero “muy debilitada, desdibujada, con una labor que lleva Arturo Medina (subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación) más de fracturarnos y dividirnos, más que de avanzar en el caso”.
“Por eso, yo creo que de seguir este mecanismo tendríamos que pensar en un fortalecimiento y esto pasa por cambiar a los titulares”.
Destacó que los padres de los 43 han resistido “embates e intentos de división por parte del gobierno y otros actores, pero no se ha logrado, la unidad de ellos permanece intacta”.
Precisó que el grupo liderado por Felipe de la Cruz está conformado por cuatro padres, después de ser expulsados por acudir a la marcha de liberación de la familia Abarca, pero las esposas de ellos continúan en el grupo mayoritario.
Si hay nueva información después de las recapturas de Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil, y Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, el abogado dijo que no, aunque la de El Gil “puede contribuir, pero no sabemos ahorita cuáles son los acercamientos que el gobierno ha tendido con esta persona, él tiene información importante, valiosa”.
Vidulfo Rosales aseveró, “nosotros tenemos el temor fundado de que quieran presionar a El Gil para efectos de que él se retracte de responsabilizar al Ejército en la participación de la desaparición”.
Mencionó que dio a conocer la estructura del grupo criminal Guerreros Unidos, “quiénes son las autoridades coludidas con este grupo que le facilitan el trasiego de droga, que cobran en la nómina, que forman parte de ellos y ahí involucra policías federales, policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco, Tepecoacuilco, policías ministeriales estatales, el entonces procurador de Justicia, Iñaki Blanco Cabrera, Leonardo Octavio Pérez (ex secretario de Seguridad Pública del estado”.
“Y el comandante del 27 Batallón de Infantería (José Rodríguez Pérez), otros militares de alto rango del 27 Batallón; es decir, involucra él a todas las autoridades en su declaración e incluso El Gil hace su señalamiento de que varios jóvenes fueron detenidos por una patrulla militar y llevados al interior del Batallón, ahí los torturaron y ahí los asesinaron”.
Vidulfo Rosales dijo que esta última acusación “es la parte más dura de su testimonio y lo que preocupa al gobierno”.
Reforma “rasurada y limitada”
La reforma constitucional sobre los pueblos indígenas y afromexicanos aprobada en septiembre pasado no reconoce los derechos de autogobierno, justicia y propiedad de los territorios, criticó el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales.
Es una reforma “totalmente rasurada y limitada” porque no fueron tomadas en cuenta las propuestas de los foros públicos de 2019, señaló en su conferencia que ofreció este martes en el auditorio de la Facultad de Derecho de Acapulco de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), en el marco del 44 aniversario de su fundación. Planteó que las propuestas de los pueblos sean incorporadas en las leyes secundarias.
Un poco antes de las 12 de la tarde y ante un auditorio casi lleno de estudiantes, Vidulfo Rosales reivindicó el derecho indígena, que preexiste a todas las instituciones públicas porque provienen de los pueblos precolombinos. “Antes de que existieran estos gobiernos, nosotros ya teníamos nuestras leyes”.
Rememoró que en el marco de los 500 años de la llegada de Cristóbal Colón en 1992, los pueblos indígenas se organizaron en torno al Consejo 500 años de Resistencia para denunciar que seguían siendo reprimidos por los gobiernos; en la misma década irrumpió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) con “casi” las mismas demandas, luego vinieron los Acuerdos de San Andrés de 1996 y la reforma al artículo dos en 2001.
Sin embargo, afirmó el abogado, el gobierno no respeta los tres derechos “duros”: autogobierno o representación política, justicia y propiedad de los territorios y los bienes naturales. De este último dijo que hay una “contradicción” porque los recursos naturales que se encuentran dentro de territorio indígena no le pertenecen a los pueblos, sino a la nación.
“No somos dueños de nada, nada más vivimos ahí”, aseveró el abogado de la Montaña y criticó a la clase política por reivindicar las culturas indígenas sólo en los aspectos de tradiciones, bailes y vestimentas, y no cuando los pueblos demandan ejercer los derechos “duros”.
Recordó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), realizó 52 foros en 2019 en distintos estados, entre ellos Guerrero, en torno a la reforma sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Las propuestas surgidas de los foros fueron plasmadas en una iniciativa, pero ésta nunca fue presentada por el INPI ante el Congreso de la Unión y el tema fue retomado hasta septiembre pasado, cuando fue aprobada la reforma al artículo dos como parte del paquete de iniciativas que mandó el gobierno de López Obrador que incluyó la reforma judicial.
De las propuestas de los foros del INPI, comentó Vidulfo Rosales, sólo se incluyó la justicia indígena, pero con “limitaciones” porque la iniciativa original decía: “Aplicar y desarrollar sus sistemas normativos para la regulación de sus formas de gobierno, organización, propiedad e impartición de justicia y solución de conflictos, entre otros”; es decir, “los sistemas normativos iban a regular todos esos ámbitos”.
Además, la iniciativa del INPI incluía cambios en 17 artículos de la Constitución mexicana, entre ellos el 21 para que los Jueces y el Ministerio Público se coordinaran con la justicia indígena.
Sin embargo, sólo fue modificado el artículo dos y el fraseo quedó así: “Aplicar y desarrollar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos”, y en otra parte establece: “la jurisdicción se ejercerá por las autoridades comunitarias de acuerdo con los sistemas normativos de los pueblos indígenas”.
Vidulfo Rosales dijo que ahora la Constitución reconoce la jurisdicción, lo que permite la existencia de tribunales indígenas, pero éstos son limitados a resolver “conflictos internos”, un término muy amplio que está a expensas de la interpretación del juez.
El abogado de Tlachinollan señaló que este problema lo han enfrentado durante la labor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y puso de ejemplo el procesamiento de un feminicida en Ayutla que se amparó y el Juez de Distrito ordenó a la CRAC entregar al detenido o liberarlo porque, según su interpretación, no tiene facultades para procesar tal delito.
Por eso, reiteró Vidulfo Rosales, es verdad que los tres derechos “duros” no han sido reconocidos ni por la vía de los hechos ni por las leyes, y la reforma reciente fue “totalmente rasurada y limitada” por un gobierno de izquierda que afirma que el cambio constitucional fue un “triunfo histórico”, lamentó.
Además, las organizaciones sociales no se pronunciaron sobre la reforma y todo el debate está concentrado en la reforma judicial, criticó el abogado y llamó a los estudiantes y los profesores de Derecho a pronunciarse a favor de que las propuestas de los pueblos sean incorporadas en las leyes secundarias.
El académico de Derecho, Uriel Ramírez, secundó las críticas de Vidulfo Rosales y dijo que la reforma está “mochada”. El evento fue moderado por el priista y también profesor de esta escuela de la UAG, Sofío Ramírez.
Texto y foto: Ramón Gracida Gómez
