Acapulco, Guerrero, a 2 de noviembre de 2024.- El gobierno del estado creó la Oficialía Mayor de la Secretaría de Finanzas y Administración, con la que busca “garantizar un manejo óptimo de los recursos estatales y responder de manera efectiva a las demandas crecientes de la ciudadanía y las dinámicas contemporáneas de la gestión pública”, porque la estructura y funciones de la Subsecretaría de Administración han quedado “desfasadas”. Entre sus atribuciones estarán administrar el Impuesto sobre Hospedaje e ingresos de peajes en vías estatales.
El decreto de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para reformar y adicionar disposiciones en el reglamento de la dependencia se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero el pasado 14 de octubre, e indica que es parte del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027.
Señala que el objetivo fundamental es la desaparición y transferencia de funciones, personal, recursos materiales y financieros de la Subsecretaría de Administración a la Oficialía Mayor, porque “ya no responde de manera adecuada a los retos y demandas actuales de la administración pública estatal”, que ha quedado desfasada ante el avance de las necesidades administrativas modernas, y que es necesario crear una nueva área con mayor capacidad de gestión y facultades.
Añade que, como parte de la política de austeridad republicana de la Cuarta Transformación, la centralización de las operaciones permitirá reducir significativamente los costos operativos asociados a las transacciones financieras del gobierno del estado, y que los ahorros representan más recursos disponibles para invertir en áreas prioritarias como educación, salud, infraestructura y programas sociales.
Destaca que los cambios son para tener una administración “más transparente y justa, alineada con los principios de austeridad y buen gobierno, para maximizar el impacto positivo en la búsqueda de lograr el bienestar social de las y los guerrerenses”, y asegurar que los recursos se utilicen de manera eficiente y transparente.
Administrará el Impuesto sobre Hospedaje e ingresos de peajes
La Oficialía Mayor, con autonomía técnica y de gestión, tendrá entre sus atribuciones específicas “administrar, coordinar, supervisar y ejecutar de manera eficiente los recursos provenientes del Impuesto sobre Hospedaje, destinados a la prestación de servicios públicos esenciales, así como al mantenimiento, conservación y modernización de la infraestructura en zonas turísticas estratégicas”, para elevar los estándares de calidad turística y mejorar la imagen de los destinos, promoviendo su competitividad y atractivo a nivel nacional e internacional.
Asimismo, “administrar, coordinar y supervisar las actividades relativas a la recaudación y control de ingresos provenientes del cobro de peajes en carreteras estatales, implementando políticas y mecanismos de control que aseguren la eficiente gestión de los recursos, la transparencia en su aplicación y el debido registro contable, conforme a los principios de legalidad y rendición de cuentas, así como asegurar su mantenimiento”.
El 17 de mayo El Sur informó que el presidente del Fideicomiso de Promoción Turística (Fidetur), Manuel Negrete Arias, señaló que la Secretaría de Finanzas seguía sin entregar 80 millones de pesos y tampoco se había informado del impuesto que pagan las aplicaciones de renta de inmuebles.
Casi un año antes, el 23 de octubre de 2023 el secretario de Turismo municipal, David Abarca Ramírez, expuso que, ante la falta de recursos para la promoción de Acapulco en el Fidetur, el municipio hacía “circo, maroma y teatro” con el poco dinero con el que cuenta.
Un día antes, el presidente de la Canaco-Servytur, Alejandro Martínez Sidney, llamó a la gobernadora a poner orden entre la Secretaría de Finanzas y el Fidetur, porque la falta de dinero estaba perjudicando la llegada de visitantes con la parálisis de las campañas publicitarias en estados y agencias estratégicas.
La Oficialía Mayor también se encargará del control patrimonial del gobierno, administrar los bienes inmuebles, subastar públicamente bienes muebles, realizar informes del control del ejercicio presupuestal de dependencias relacionados con su competencia, asesorar a dependencias en los procedimientos administrativos para la adjudicación de contratos, declarar la nulidad de comités o subcomités en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y prestación de servicios que operen sin autorización y notificar a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental para la aplicación de sanciones, y supervisar la gestión integral de los recursos humanos.
El decreto plantea que las adecuaciones se harán en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de su entrada en vigor.
Texto: Yee Trujillo / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
