Parte de las guerrerenses de 12 a 17 años de edad, sobre todo en zonas rurales, viven una discriminación estructural que “se traduce en indicadores de abandono escolar, trabajo infantil o embarazo temprano”. Todo ello limita su desarrollo personal, advierte el coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, Juan Martín Pérez García. Se puede revertir ese destino, dice, si las niñas se mantienen en la escuela y luego siguen sus estudios en las cabeceras municipales. “Esto demanda políticas públicas, pero también esfuerzo de niñas y jóvenes”
El Sur / Ciudad de México, 13 de marzo de 2025. En Guerrero, la discriminación estructural facilita el embarazo y el abandono escolar entre niñas y mujeres adolescentes –en particular de las comunidades rurales–, que terminan dedicándose al trabajo doméstico, lo que limita la posibilidad de tener redes de apoyo para generar autonomía personal y económica.
A propósito de la reciente marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en la que también se manifestaron un importante número de niñas y adolescentes en contra de la estructura patriarcal y machista predominantes, El Sur conversó sobre la situación de las guerrerenses en esa etapa de vida con Juan Martín Pérez García, consultor y coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe.
Muchas de ellas, señala el especialista, son obligadas a casarse o son víctimas de trata. Según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), el 6 por ciento de las mujeres de 12 a 17 años –esto es 12.3 mil– vivían casadas o unidas en Guerrero en 2020. Con ese porcentaje, el estado ocupó el segundo lugar con mayor porcentaje de mujeres adolescentes casadas o unidas de todo el país.
Por otro lado, 3.2 por ciento de las mujeres de 12 a 17 años –6.6 mil– en Guerrero tenían al menos un hijo en 2020. Esta cifra lo situó como la segunda entidad con mayor porcentaje de mujeres adolescentes que ya eran madres.
“Tenemos que asumir que las uniones y embarazos tempranos y otros delitos son una expresión, una manifestación. Sin duda son un gran problema, pero solamente reflejan, en primer lugar, la discriminación estructural. Hay que recordar que el estado de Guerrero tiene un predominio de pueblos originarios”, señala.
Psicólogo, Pérez García afirma que en México, nacer en un pueblo originario automáticamente te coloca en pobreza extrema: ocho de cada 10 ya viven en esas condiciones “y no saldrán de ahí”.
Además de la precariedad económica y la discriminación estructural que experimentan, los pueblos originarios “son profundamente machistas”, agrega.
Son prácticas “nocivas tradicionales” que se mantienen en buena medida bajo el argumento de los usos y costumbres, los cuales, a su vez, “son una manera de resistirse al avance de los derechos humanos y la dignidad de las personas”.
Un tercer componente es que la posibilidad de hacer un cambio cultural enfrenta serias dificultades en el mundo rural.
“Guerrero cuenta con amplias zonas de ese tipo. Tenemos, entonces, tres factores vinculados: la discriminación estructural por pueblos originarios, el argumento de usos y costumbres para conservar culturas patriarcales y prácticas machistas, y el aislamiento, la falta de servicio y conectividad”, resume durante la entrevista vía telefónica.
“Así, llegamos a las niñas. Lo que ellas tienen es, lamentablemente, miseria. Son consideradas objeto de propiedad familiar. En muchos casos, estos matrimonios arreglados entre familias forman parte de esas condiciones entre usos y costumbres y sobrevivencia económica”, lamenta.
Trata de mujeres en comunidades rurales
La situación de las niñas y adolescentes en Guerrero es un tema complejo, advierte Pérez García, porque cuando las organizaciones civiles las han entrevistado, “un número muy alto de ellas desea, entre comillas, ser madres o tener una pareja que sea un proveedor, porque es parte de lo que les han enseñado” y porque representa salir del hogar familiar.
“Esto se acompaña de indicadores muy bajos de permanencia en la escuela. No existe accesibilidad para educación secundaria o media superior. En sus comunidades, tienen que trasladarse a las cabeceras municipales y, en una cultura patriarcal y machista, las mujeres no pueden hacerlo.
“Sin duda, hay poblaciones indígenas que han ido avanzando, pero estadísticamente son las menos”, expone.
Enfatiza que, pese a esto, “el Estado mexicano sigue siendo omiso en su responsabilidad de promover los derechos de niñas y adolescentes; omiso en promover y hacer realidad los avances legislativos en materia de igualdad y lucha contra la violencia de las mujeres.
“Esto se ha quedado mucho en los ámbitos urbanos, pero no para las poblaciones fuera de las ciudades o en las zonas conurbadas, especialmente las que viven en condiciones de pobreza más extrema”.
De acuerdo con la información de Redim, en 2023 Guerrero era la entidad con mayor cantidad de víctimas de trata de niñas y adolescentes.
Asimismo, mil 343 personas de 0 a 17 años han sido reportadas como desaparecidas, no localizadas o localizadas en Guerrero hasta el 12 de marzo de 2024. De éstas, 517 –38.5 por ciento– continuaban desaparecidas o no localizadas a la misma fecha, siendo 221 mujeres y 294 hombres.
–Muchas veces, desaparición y trata son delitos relacionados. La trata está presente en los pueblos, en las zonas rurales.
–Tristemente, es un método que conocemos desde al menos los últimos 70 años. El que ya, literalmente, patentaron y exportaron en Tlaxcala: a través del engaño y el amor romántico, vinculan a muchas mujeres indígenas, muy jovencitas, la mayoría adolescentes y muy pobres. Tienen hijos que son retenidos y sirven de chantaje para mantenerlas atrapadas. Efectivamente, son las víctimas que están en las carreteras, en las rancherías. En este país donde tenemos muchas capas de la población bajo control terminal, quedan esclavizadas y son vendidas literalmente como objetos.
El gran problema en la trata, continúa el especialista, es que no hay denuncia. “Las víctimas están tan lastimadas, que no tienen condiciones para escapar o denunciar cuando lo logran. Eso es muy grave, porque la ley de trata está mal diseñada desde su origen y permite que fácilmente una víctima de trata sea convertida en tratante.
“Por eso es que muchas de ellas evitan al máximo verse involucradas en operativos o en denunciar. Y más si tuvieron hijos con sus proxenetas”.
Es posible lograr un futuro distinto
En 2023, a nivel nacional Guerrero era una de las entidades con mayor cantidad de víctimas de feminicidio de entre 0 y 17 años, aunque muchas veces las cifras no representan la realidad, pues los casos son catalogados como homicidios.
–¿Qué explica esta realidad tan desalentadora para las niñas en Guerrero? –se le pregunta a Pérez García.
–Hay un tema en que han insistido las colegas feministas: lo que llaman el pacto patriarcal. Nuestra sociedad es machista. Quienes nos beneficiamos de esta disponibilidad de mujeres pobres, jóvenes y sin posibilidad de defenderse, somos los hombres en general. Por supuesto, hay muchos que lo aprovechan de manera directa, con uniones tempranas o explotación criminal. Estos beneficios alcanzan a todos los hombres y hace que guarden silencio porque no lo consideran como un tema que los afecte directamente a ellos, o a sus, entre comillas, mujeres: esposa, hijas u otras familiares.
El de la trata de niñas es una situación normalizada, deplora Pérez García, y existe un negocio enorme que aporta a la economía local de estas rancherías en los municipios. Las víctimas son niñas, indígenas y pobres, reitera.
El coordinador de Tejiendo Redes reprocha la falta de incentivos para que las víctimas denuncien. Esa es la razón, insiste, por la que los crímenes de trata se denuncien tan poco, “aún cuando México está inundado de crimen organizado, de mujeres esclavizadas y de una cantidad de impresionante de feminicidios”.
–Hubo infancias que protestaron en la reciente marcha del 8M, pero hay otras que jamás tendrán esa perspectiva –se le dice.
–La discriminación estructural se traduce en indicadores muy concretos de abandono escolar, trabajo infantil –niñas haciendo trabajo doméstico, por ejemplo– o embarazo temprano. Todo esto limita la posibilidad de tener autonomía o contar con redes de apoyo para generar autonomía personal y económica. Pasan de una familia, donde el papá era dueño de ellas, a ser entregadas literalmente al esposo, quien va a definir su vida y su cuerpo. Estamos hablando de relaciones desiguales, no solamente en términos de edad, sino también de ingreso y de poder.
Aunque para ellas formar su propia familia a edad temprana “sea como una posible salida, en la práctica quedan atrapadas ahí. Esta noción de mejorar la condición de vida, que quizá sí mejora un poquito respecto a su familia de origen, va a llegar con violencia, embarazos u otro tipo de situaciones” desventajosas.
Para Pérez García la clave que puede revertir ese destino está en que las niñas se mantengan en la escuela y luego tengan posibilidad de salir de su comunidad para continuar los estudios en las cabeceras municipales. Esto permitiría que puedan tener un futuro distinto con desarrollo en temas que les interesan.
“Pero nos falta muchísimo todavía porque eso cruza con una presencia del Estado, con presupuesto público, personal especializado y que tengamos para ellas focalización de acciones que permitan que aquellas que ya tuvieron un bebé o que han enfrentado discriminación, puedan recuperar lo más posible el libre desarrollo de la personalidad.
“Esto demanda, por un lado, políticas públicas, pero también creación de comunidades y esfuerzo de ellas mismas”, finaliza.
Texto: Guillermo Rivera
