Acapulco, Guerrero, a 7 de abril de 2025.- De diciembre de 2018 a octubre de 2024 fueron asesinados 39 defensores de derechos humanos en Guerrero, cifra que ubica al estado como el segundo más mortífero en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con el monitoreo de la organización Educa Servicios para una Educación Alternativa.
Es la violencia ejercida por los “poderes fácticos regionales o locales que andan desatados, que sienten que con toda impunidad pueden actuar y pueden deshacerse de las voces críticas”, explicó el integrante de la organización, Felipe Gerber.
Los indígenas activistas están en riesgo por la disputa de los recursos naturales y “por simplemente pertenecer a una organización social”, apuntó el defensor de derechos humanos sobre los 25 muertos del Concejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (Cipog-EZ).
En la celebración del Día de Muertos de 2024, Educa, con sede en Oaxaca, presentó los resultados del monitoreo Todos sus nombres, Todas sus luchas, sobre Agresiones Graves a Personas Defensoras en México, que da un total de 225 defensores asesinados de diciembre de 2018 a octubre de 2024.
En Oaxaca fueron asesinados 58 defensores de derechos humanos, después está Guerrero con 39 víctimas. La primera de ellas es Julián Cortés Flores, líder me’phaa de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), asesinado en San Luis Acatlán el 12 de abril de 2019.
Sigue Eugenio Máximo Hilario, líder nahua del Cipog-EZ y ex comandante regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), asesinado en Hueycantenango, municipio de José Joaquín de Herrera, el 2 de mayo.
Del Cipog-Ez se contabilizan 25 integrantes asesinados, entre ellos José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, ultimados en Chilapa el 4 de mayo; el 23 del mismo mes fueron asesinados en la carretera Chilapa-Tlapa Bartolo Morales Hilario e Isaías Xantenco Ahuejote.
El 20 de diciembre de 2020 murieron María Agustín Chino, Amalia Morales Guapango, José Benito Migueleño y Miguel Migueleño, en la misma carretera de la Montaña; y el 8 de marzo de 2021 Jordán Terjiño Luna en Tlatoaqui, municipio de Olinalá.
El 25 de junio de 2022 fueron ultimados en Chilapa Marcos Campos Ahuejote y Lorena Chantzin Paxacuasingo; y el 9 de julio Alberto Morales Sebastián y el 24 de ese mes Nicolás Pérez Xoyateco.
El 5 de noviembre murieron los también integrantes de la CRAC-PF, Adán Linares, Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario Morales.
El 13 de agosto de 2023 asesinaron a Esteban Xochitempa Tepexco y a su hijo de 16 años, Juan Xochitempa Macario, en Chilapa.
Pasaron 10 días para que fuera encontrado muerto Marcelino Hernández Tecorral, “detenido y asesinado por personas armadas y uniformadas en el tramo carretero que va de Chilpancingo a Chilapa”.
El 12 de septiembre fue asesinado Bonifacio Xochitempa Tlalxintli, y el día 27 del mismo mes hallan muertos en San Jerónimo Palantla, Chilapa, a Albertha Santos Tomas y José Juan Hernández Fiscaleño, desaparecidos un día antes.
El 18 de julio de 2024 fueron asesinados María de Jesús Pasado y Alberto Berales, son las últimas víctimas contabilizadas del Cipog EZ en el sexenio de López Obrador.
Líderes de la Montaña y defensores del medio ambiente, las otras víctimas
El 11 de octubre de 2019, el me’phaa Isaías Cantú Carrasco fue asesinado en Malinaltepec, de donde era presidente del comisariado de los Bienes Comunales de Paraje Montero, y también era integrante del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET).
Ese mismo día fue desaparecido Arnulfo Cerón Soriano, dirigente nahua del Frente Popular de la Montaña (FPM), cuyos restos fueron encontrados en una fosa clandestina de Tlapa el 20 de noviembre.
El 9 de diciembre, fue asesinado el fundador nahua y coordinador del Comité de Enlace de la Policía Comunitaria de Huamuxtitlán, Manuel Alejandro Gutiérrez.
El 24 de abril de 2020, el delegado de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos en Costa Grande de Guerrero, Jesús Memije Martínez, fue asesinado junto con su hijo cuando se dirigían a la comunidad de Yetla, municipio de Coyuca de Benítez.
El 12 de mayo, fue ultimado Óscar Ontiveros Martínez, líder minero opositor a la empresa Media Luna, Cocula.
El 28 de octubre fue asesinado Juan Aquino González, defensor nahua del bosque en el municipio de Copalillo.
El 15 de marzo de 2021, Isaías Elacio Palma, integrante de la CRAC-PC de Huamuchitos, al igual que el 4 de agosto Ramiro Ventura Apolonio, policía comunitario y miembro del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (Cecop).
El 4 de abril fue asesinado Carlos Marqués Oyorzábal, campesino ecologista y comisario municipal del poblado Las Conchitas, municipio de San Miguel Totolapan; y el 21 de mayo en la capital del estado, Marco Antonio Arcos Fuentes, comisario de Jaleaca de Catalán y defensor del bosque.
El 28 de abril de 2022, Luis Donato Ortiz, defensor del pueblo afromexicano y fundador del Consejo Ciudadano en Marquelia, fue asesinado en este municipio.
El 13 de febrero de 2024, Noé Sandoval Adame, activista del Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera, fue asesinado en Zumpango; y el 7 de marzo Yanqui Kothan Gómez Peralta, alumno de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, fue asesinado por policías estatales, un día después de protestar en la capital del país.
Además de las 225 defensores de derechos humanos asesinados en el país, Educa registra 23 desaparecidos, entre ellos, Vicente Suástegui, integrante del Cecop, y Alejandro Ortiz Vázquez, defensor de la tierra, originario de Zapote Cabezón, municipio de Metlatónoc, “su desaparición fue retomada por el Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”.
Peligro para la defensa de recursos naturales
Felipe Gerber explicó que el monitoreo Todos sus nombres, Todas sus luchas se publica anualmente el Día de Muertos. Su micro sitio Alas y Raíces especifica la organización “que reivindica la persona defensora, significa que no es nuestro criterio quién entra a la lista, quién no”.
En el caso de Guerrero, las organizaciones que reivindican a los defensores de derechos humanos son, entre otras, la Red TDT, HRD Memorial, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Global Witness, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI).
En el panorama del país, señaló Gerber, “la situación es muy preocupante en el sur-sureste” porque además de las cifras de Oaxaca y Guerrero, están las 17 víctimas de Chiapas, lo que suma 114 defensores asesinados en esta región de México, es decir, más de la mitad del total del país.
“En esos tres estados, también en Guerrero, vemos sobre todo el tema de la seguridad comunitaria, el tema de grupos de poder fáctico local que son un gran peligro para la defensa, por ejemplo, de recursos naturales como son bosques”.
De las 23 víctimas integrantes del Cipog-EZ, dijo que “no son las únicas y eso es general, el fenómeno es que esa lista sólo es la punta del iceberg, es sólo lo que sale públicamente denunciado y donde hay una trayectoria de las personas asesinadas que sirve para que haya organizaciones que las reivindican como defensoras”.
La violencia contra los pueblos indígenas se debe a “las disputas de los recursos naturales” y también a la organización, o sea, muchas veces en la zona triqui, o en Guerrero, pertenecer a una organización social significa un riesgo.
Sobre el registro de asesinatos en el gobierno de López Obrador, el integrante de Educa dijo que “nosotros tenemos el análisis de que hay menos violencia, digamos, abierta, física, desde la federación hacia personas defensoras como antes, pero hay más poderes fácticos regionales o locales que andan desatados, que sienten que con toda impunidad pueden actuar y pueden deshacerse de las voces críticas”.
“Esa es la diferencia, no es el que gobierno o el sexenio de AMLO haya sido especialmente brutal contra las personas defensoras, quizás el caso de Samir Flores (defensor de la tierra de Morelos) es una excepción, donde podemos ver una criminalización de su lucha desde la Presidencia, pero en la mayoría de los casos son poderes locales o regionales que presuntamente son los agresores”.
Dijo que las cifras altas del sur del país también son espejo de la movilización y capacidad de denuncia de los pueblos indígenas en el sur.
Texto: Ramón Gracida Gómez/ Foto: Cortesía Cipog-EZ
