Chilpancingo, Guerrero, a 29 de abril de 2025.- Para los juzgadores que manejan el derecho positivo, resulta “inimaginable” e “impensable” que en regiones como la Montaña de Guerrero aún se practiquen los matrimonios forzados como parte de los usos y costumbres de los indígenas.
La magistrada de la Sala Unitaria en Materia Penal de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Norma Leticia Méndez Abarca, habló del problema, en respuesta a una pregunta durante la conferencia magistral Protección Integral de los Derechos de Niñas y Niños Adolescentes, organizada por el TSJ como parte de las actividades con motivo del Día del Niño que se celebra el 30 de Abril.
En la conferencia en el auditorio del TSJ del zócalo de la capital, la directora general de los Centros de Convivencia Familiar Supervisada, Claudia Ivet Navarrete Mendoza, impartió la conferencia Habilidades Parentales para una Mejor Infancia.
“Yo espero, como todos los que estamos aquí, que estas costumbres del matrimonio a corta edad, vayan terminando porque no es justo, se corta la infancia y la adolescencia de las niñas, que ni si quiera escogen a su pareja, sino que se trata de bodas arregladas”, dijo la magistrada.
Explicó que ya hay organizaciones de mujeres que están haciendo lo propio para que este fenómeno, que antes estaba invisibilizado, ahora sea atendido, “y poco a poco, me imagino, vamos a seguir la atención del problema en estas mesas de trabajo que hacen las mujeres y las organizaciones”.
Cuando se le insistió que se han denunciado casos de que las niñas no solo son vendidas y obligadas a casarse a temprana edad, sino que han sido encarceladas cuando incumplen los convenios y acusadas de infidelidad, la magistrada Méndez Abarca dijo que eso resulta “inimaginable” e “impensable” porque la infidelidad no es un delito en el derecho positivo.
La magistrada Méndez Abarca argumentó que la infidelidad no es un delito en nuestro Código Penal, y que en algunas regiones del estado, como en la Montaña, se aplica por usos y costumbres y en estos casos debe intervenir la Secretaría General de Gobierno y el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) de esa dependencia.
“Yo creo que muy pronto vamos a tener que dar una solución, mediante educación, cultura y más atención a estas regiones a efecto de que ya no se den estos temas, estos hechos”, ofreció sin abundar.
En el curso de su ponencia, la magistrada había hablado del reconocimiento de los derechos de las niñas y niños: “cada día ha ido evolucionando el derecho afortunadamente y tenemos muchas figuras jurídicas e instituciones que ahora trabajan para el bien de la niñez”.
Explicó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y que como autoridades, “todas, en el ámbito de nuestras competencias tenemos la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
“En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en términos que establezca la ley”.
La magistrada se explayó por casi una hora hablando de las leyes, convenios internacionales y reglamentos que existen para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Al final, en la etapa de preguntas y respuestas, la defensora pública especializada en justicia para adolescentes, Dalila Zeferino, desde el público cuestionó que cómo es posible que en Guerrero haya casas para perros y no para jóvenes cuando salen de sus procesos de rehabilitación.
Propuso que en los Centros de Justicia para Adolescentes se impartan talleres para que cuando salgan los adolescentes puedan ejercer un trabajo: “pedimos que haya casas hogar para los adolescentes para que cuando se les decreta su libertad tengan un lugar seguro donde estar”.
“Esperamos que se le dé importancia al sistema de adolescentes, se lo merecen porque todos tenemos una nueva oportunidad en esta vida”, pidió la abogada.
Posteriormente se impartiría la conferencia Habilidades Parentales para una Mejor Infancia por la directora general de los Centros de Convivencia Familiar Supervisada, Claudia Ivet Navarrete Mendoza.
En representación del presidente del TSJ y del Consejo de la Judicatura Ricardo Salinas Sandoval, estuvo la magistrada Delfina López Ramírez, y también en la mesa de honor el director del Instituto para el Mejoramiento Judicial y la Escuela Judicial del Estado, Edgardo Mendoza Falcón.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Jessica Torres Barrera
