El máximo tribunal de la ONU advierte que si hay países que no lo hacen se entendería como una amenaza “urgente y existencial” para la humanidad
Bruselas, Bélgica, 24 de julio de 2025. El máximo tribunal de las Naciones Unidas anunció que si los países no toman medidas para proteger el planeta del cambio climático, podrían estar violando el derecho internacional.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una opinión consultiva en un caso histórico sobre las obligaciones de las naciones para abordar el cambio climático y las consecuencias que podrían enfrentar si no lo hacen, calificándolo como una amenaza “urgente y existencial” para la humanidad.
“El incumplimiento de un estado en tomar medidas apropiadas para proteger el sistema climático… puede constituir un acto internacionalmente ilícito”, declaró el presidente de la corte, Yuji Iwasawa, durante la audiencia.
La opinión no vinculante, que se extiende a más de 500 páginas, se considera un posible punto de inflexión en el derecho internacional sobre el clima.
La corte también declaró que un “entorno limpio, saludable y sostenible” es un derecho humano. Consagrar un entorno sostenible como un derecho humano allana el camino para otras acciones legales, incluyendo que los estados acudan a la CIJ para rendir cuentas entre sí, así como demandas nacionales, junto con instrumentos legales como acuerdos de inversión.
El caso está liderado por la nación insular de Vanuatu y cuenta con el respaldo de más de 130 países.
Todos los estados miembros de la ONU, incluidos los principales emisores de gases de efecto invernadero como Estados Unidos y China, son partes de la corte.
Fuera de la corte, activistas climáticos se reunieron con una pancarta que decía: “Los tribunales han hablado. La ley es clara. Los estados deben ACTUAR AHORA”. La sala del tribunal, conocida como el Gran Salón de la Justicia, estaba llena.
Un panel de 15 jueces debía responder dos preguntas: ¿Qué están obligados a hacer los países bajo el derecho internacional para proteger el clima y el medio ambiente de las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el hombre? En segundo lugar, ¿cuáles son las consecuencias legales para los gobiernos cuando sus actos, o la falta de acción, han dañado significativamente el clima y el medio ambiente?
“Lo que está en juego no podría ser más grave: La supervivencia de mi pueblo y de muchos otros”, expresó Arnold Kiel Loughman, fiscal general de Vanuatu, a la corte durante una semana de audiencias en diciembre.
Aplaude António Guterres la declaración de la CIJ
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha aplaudido este miércoles la declaración de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la obligatoriedad de los Estados a actuar frente al cambio climático.
“Celebro que la CIJ haya emitido su histórica opinión consultiva. Ha dejado claro que todos los Estados están obligados, en virtud del Derecho Internacional, a proteger el sistema climático global”, ha expresado Guterres a través de un comunicado.
El jefe de la ONU ha considerado que “esta es una victoria para todo el planeta, para la justicia climática y para el poder de los jóvenes que buscan marcar una diferencia” después de que la Juventud de Islas del Pacífico impulsara el caso hasta el tribunal de La Haya.
“Los jóvenes de las islas del Pacífico iniciaron este llamamiento por la humanidad al mundo y el mundo debe responder”, ha manifestado Guterres, que ha reiterado que el objetivo de 1.5 grados del Acuerdo de París debe ser la base de las políticas climáticas.
Greenpeace también lo celebra
Greenpeace celebró también la resolución emitida este miércoles por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal del mundo con sede en La Haya, en la que se establece que los Estados deben adoptar todas las medidas a su alcance para garantizar el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.
Se impone además la obligación de acabar con cualquier tipo de subsidio a los combustibles fósiles, así como la prohibición de nuevas licencias de exploración y prospección.
También impone obligaciones a las empresas, incluida la de reparar los daños causados por sus emisiones, independientemente del lugar donde ocurran.
Para Greenpeace, esta decisión “representa un hito en la protección de la población afectada por la crisis climática , al reforzar las responsabilidades de los Estados más allá de lo dispuesto en el Acuerdo de París e incorporar nuevas obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos”.
La ONG considera que la resolución realiza “afirmaciones trascendentales”, como que el incumplimiento del Protocolo de Kioto es un acto internacionalmente ilícito, o que las contribuciones nacionales a la reducción de emisiones no son discrecionales, sino que deben contribuir al objetivo legalmente vinculante de conseguir un aumento global de la temperatura de 1,5º C.
“Los Estados ya no pueden seguir eludiendo sus obligaciones climáticas, y los contaminantes deben pagar por los daños que han causado. A partir de este momento, los tribunales nacionales deben aplicar esta doctrina internacional, haciendo que tanto Gobiernos como empresas rindan cuentas”, ha declarado la abogada de Greenpeace España Lorena Ruiz-Huerta.
La ONG ha valorado esta resolución “ante la proliferación de fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo, que amenazan la salud y la vida de millones de personas, como la dana del 29 de octubre de 2024, los recientes incendios de más de 3000 hectáreas ocurridos en diferentes comunidades autónomas, o las recientes olas de calor de junio, que han causado más de 1.000 muertes”.
La Corte formula recomendaciones específicas para garantizar la justicia climática intergeneracional, ofreciendo una protección histórica a las comunidades más afectadas por la crisis climática, así como la protección del medio ambiente para las generaciones futuras. (Europa Press / Madrid).
Agencia Reforma
