METALES PESADOS
Tryno Maldonado
En América Latina del siglo XXI, donde la retórica del progreso y el desarrollo de los gobiernos “progresistas” se esgrime como un mantra, existe otra realidad paralela y soterrada: la de los pueblos que resisten frente a la maquinaria extractivista que devora territorios, vidas y memoria.
La estrategia de militarización impulsada por Estados Unidos bajo el pretexto de la “guerra contra las drogas” en América Latina y perpetuada hasta la fecha en México por la autonombrada Cuarta Transformación, opera como un claro ejemplo de la “doctrina del shock” descrita por Naomi Klein, donde crisis reales o fabricadas –como la violencia de los cárteles– son aprovechadas para imponer agendas económicas y políticas que profundizan el despo-jo territorial. Esta dinámica se ma-nifiesta en Oaxaca, donde la narco-violencia sirve como cortina de hu-mo que facilita el avance de pro-yectos extractivos, mineros y ener-géticos, en alianza con élites polí-ticas y corporativas (no hay que ol-vidar, como ejemplo, la reunión de hace unos meses de la presidenta Claudia Sheinbaum con Larry Fink, fundador de BlackRock). Mientras la atención se centra en enfrentamientos armados, las co-munidades indígenas sufren un do-ble despojo: por un lado, la violen-cia criminal fractura el tejido social, y por otro, el Estado mexicano omite su obligación de proteger los territorios ancestrales, permitiendo que empresas mineras y energéticas estatales –como la CFE en Ixtepec– avancen sin consulta previa, violan-do el Convenio 169 de la OIT. La retórica de la “seguridad” enmasca-ra así un proyecto neocolonial que prioriza la extracción de recursos sobre los derechos humanos, donde la minería –promovida como “sus-tentable” en foros empresariales– y los megaproyectos energéticos se benefician de la incapacidad estatal para garantizar paz y justicia, perpetuando un ciclo de violencia sistémica que consolida el poder de quienes operan en la sombra.
Esta contradicción se encarna a la perfección en el estado de Oaxa-ca, donde la minería es un negocio que genera miles de millo-nes de dólares para empresas extran-jeras, pero deja a las comunidades en pobreza y violencia. Según datos del Atlas de Justicia Ambiental, entre 2010 y 2024, las dos principales empresas mineras en la región –Gold Resource Corp. y Fortuna Mining Corp.– obtuvieron ganancias por 3 mil 400 millones de dólares por la extracción de oro y plata. A pesar de esto, según documentó el recientemente extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), municipios como San José del Progreso mantienen nive-les de pobreza extrema de 43.5 por ciento y pobreza general de 84 por ciento. Las promesas de desarrollo se han incumplido sistemática-mente, mientras la resistencia co-munitaria ha sido respondida con violencia sistémica. En este con-texto, el Congreso Nacional Indí-gena (CNI) ha persistido desde hace décadas como una voz crucial de denuncia y organización frente al despojo.
Paralelamente, bajo esta doc-trina del shock de la 4T, la violencia contra defensores se ha recrudecido de forma alarmante. De acuerdo con el informe anual de Global Witness, en 2024 México registró 25 asesinatos de defensores ambientales, con Oaxaca como el estado más peligroso, con 15 eventos de agresión documentados. Ejemplos trágicos abundan: Marco Antonio Suástegui, defensor del agua en Acapulco, fue asesinado en abril de 2025; Cristino Castro, defensor en Barra de la Cruz, fue asesinado en febrero de 2025 pese a tener medidas de protección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); y Arnoldo Romero, autoridad agraria, fue ejecutado por oponerse al Tren Interoceánico, reportó el Centro de Derechos Humanos Tepeyac.
El Estado mexicano aparece como principal agresor, participan-do, según la Red Nacional de Or-ganismos Civiles de Derechos Hu-manos Todos los Derechos para To-das y Todos, en 66.9 por ciento de los eventos de agresión contra de-fensores. Las instituciones mues-tran una clara complicidad a través de consultas y asambleas amaña-das, además de reformas legales vacías que excluyen deliberada-mente el derecho al territorio, se-ñala en un análisis el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La impunidad flagrante permite que operen minas ilegales como Natividad en Capulalpam de Méndez, que sigue contaminando el Río Grande con plomo y arsé-nico a pesar de órdenes de cierre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Foros como el Mexico Mining Forum 2025 promueven el oxímo-ron de una “minería sustentable”, pero los hechos desmienten diaria-mente este discurso contradictorio de origen. Datos de la propia Se-cretaría de Economía muestran que las empresas mineras en Oaxaca pagan aproximadamente 83 millo-nes de pesos semanales en impues-tos, pero las comunidades vecinas no reciben inversión significativa. Peor aún –documenta el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto–, la minería ha causado división social polarizada en el municipio San José del Progreso y otros de la región. El CNI ha respondido a esta estrategia con procesos de unidad territorial, tejiendo alianzas entre comunidades afectadas.
La minería en Oaxaca es un mi-crocosmos del extractivismo glo-bal. Registros del Observatorio de Conflictos Mineros de América La-tina dan fe de la situación: las ga-nancias se externalizan, los cos-tos se internalizan en las comunidades y la violencia se normaliza, en eso que la pensadora Laura Rita Segato llamaría “pedagogía de la cruel-dad”. Frente a esta maquinaria de muerte, los pueblos arraigados en torno al CNI persisten como ejem-plo vivo de resistencia, recor-dán-donos que la defensa del territorio es, ante todo, la defensa de la vida.
