Atoyac, Guerrero, a 19 de septiembre de 2025.- A contracorriente de la exigencia generalizada desde hace 32 años, de que se reabra la investigación de la masacre de Aguas Blancas, para que se haga justicia a las víctimas y se castigue a los responsables, este caso está cerrado, denunció la dirigenta de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino Mesino.
La Organización, a la que pertenecían los 17 campesinos asesinados por la Policía del Estado en el vado de Aguas Blancas, el 28 de junio de 1995, en Coyuca de Benítez, se enteró de que el caso está cerrado hace menos de dos meses, el 1º de agosto pasado, cuando la Secretaría de Gobernación federal, por medio de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, respondió a la insistente petición, en la que planteó que la investigación sea atraída por la Fiscalía General de la República (FGR): “con relación al caso 11.520 Tomás Porfirio Rodín (masacre de Aguas Blancas) – informe de fondo 49/97 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); con oportunidad se atendió el tema en sede internacional. En específico, en 2016 las autoridades de Guerrero celebraron el convenio de reparación del daño a las víctimas, respectivamente.
“En ese sentido, se informó a la CIDH dichas acciones para cumplir con las recomendaciones de la CIDH, siendo este el único organismo facultado para determinar el grado de cumplimiento y avance de sus recomendaciones”.
Y agrega: “no hay registro en los informes anuales de la CIDH de que continúe el seguimiento del presente caso y por tal motivo no se aprecian áreas de oportunidad para acciones en sede interamericana, sin perjuicio de las gestiones que en atención a sus pretensiones se puedan concertar en colaboración con otras instancias”.
La respuesta, firmada por la coordinadora para la Atención de Casos en Organismos Internacionales de Derechos Humanos de la Segob, Nancy Desiderio Noyola, está dirigida a Norma Mesino, que en entrevista, con base en esos párrafos, denuncia: “Este caso lo cerró el gobierno anterior, y este gobierno lo avala”.
Plantea que la masacre de Aguas Blancas no se puede cerrar porque es un crimen de lesa humanidad, no ha habido justicia para las víctimas, ni castigo a los perpetradores.
En entrevista, en la casa en Atoyac de su papá, el fundador y dirigente de la OCSS, Hilario Mesino Acosta, el 25 de agosto, que es parte de un trabajo más amplio de El Sur, Norma Mesino relata cómo se dio esta respuesta de la Segob.
En la preparación del acto por los 30 años de la masacre, Norma Mesino firmó una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la titular de la Segob Rosa Icela Rodríguez, y al subsecretario de Derechos Humanos, Félix Arturo Medina Padilla, en la que pide:
“Una mesa de diálogo y trabajo permanente para la reapertura del caso Aguas Blancas, a partir de las resoluciones y recomendaciones que fueron emitidas en su momento por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que son las siguientes:
“La Recomendación 104/1995, del 14 de agosto de 1995 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
“La Resolución 3/96 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 23 de abril de 1996.
“La Recomendación 49/97 de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, del 18 de febrero de 1998.
“Estos documentos señalaron claramente, a los responsables materiales e intelectuales de la masacre, así como, la importancia de realizar una investigación exhaustiva e imparcial que garantice la justicia para las víctimas directas e indirectas de la masacre. En este sentido, demandamos la reapertura del caso Aguas Blancas, cuya investigación sea atraída por la Fiscalía General de la República, ya que en Guerrero no existen garantías para que se lleve a cabo una investigación imparcial, ya que, desde el 28 de junio de 1995, nos negaron el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral”.
En el escrito del 1º de agosto, la Segob plantea una supuesta salida para reabrir la investigación: “se tiene a bien sugerir que cualquier comunicación y/o petición relacionada con el asunto sea formulada a través de la CIDH, a fin de que el organismo cuente con el adecuado seguimiento y se pueda obtener el traslado al Estado mexicano”.
La mesa de trabajo solicitada por la OCSS se estableció, y otro problema a tratar además del caso Aguas Blancas, es el de Antonio Barragán Carrasco, sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas, que lleva 24 años en la cárcel por delitos prefabricados con motivo de la persecución a la OCSS, y se ha acordado con el gobierno buscar la forma legal para su libertad.
También, se restablecieron las medidas cautelares a Norma Mesino, que tenía desde 2014 por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le fueron retiradas en febrero de este año, sin justificación alguna, y recientemente cuenta con protección, ahora de la Segob: un teléfono satelital y cámaras de vigilancia en su casa.
De manera mañosa, los mismos perpetradores de la masacre cerraron el caso
Norma Mesino explica cómo se llegó al cierre del caso Aguas Blancas, en 2012, y se hizo púbico en 2016.
“Dicen que ya cerraron el caso Aguas Blancas, porque a las viudas las hicieron firmar ante el gobierno, que ya había cumplido con la reparación del daño, con 150 mil pesos que les dio el entonces gobernador Rubén Figueroa y una casa mal hecha”.
“De manera mañosa, el gobierno del estado ante la Comisión Interamericana cerró el caso, hizo que firmaran los sobrevivientes y las viudas, porque estaban pidiendo cada año dinero, primero a través de su abogado José Sánchez Sánchez, y después de la esposa de Sánchez, y después de la pareja de la mujer de Sánchez, mentado Gato. Se estaban llevando cada año a los familiares y sobrevivientes a que les dieran dinero por el aniversario, pero para ellos, porque los actos por el aniversario los hacía la Organización, lo que querían ellos era dinero, pero en esas idas y venidas los hacían firmar, y los hicieron firmar que renunciaban al caso. No todos los familiares ni todos los sobrevivientes están de acuerdo, no todos firmaron”.
–¿Quién los hacía firmar?
–El gobierno del estado los hacía firmar, y como nunca tuvieron una representación legal, que estuviera viendo el tema en la CIDH, el gobierno lo hizo a través de terceras personas que nada tenían qué ver, gente ajena al caso, como Virgilia Galeana. Eso es lo que estamos investigando.
“Por eso estamos pidiendo a la Segob que nos dé la información de la Comisión Interamericana, y la Segob nos dice que no puede darnos esa información, que esa información la tiene el gobierno del estado, y que yo necesito que los familiares me den un reconocimiento para que yo pueda pedir ese informe a la CIDH.
“Esa información la tienen como secreta. No sabemos en qué términos se firmó ese acuerdo. Lo que sí les dije es que la investigación del caso no prescribe porque es una masacre y no se puede cerrar, y que si ellos decidieron con algunos familiares y viudas estar de acuerdo con la supuesta indemnización, que fue raquítica, no es válido, porque no hubo castigo para los perpetradores que masacraron a los campesinos, que fueron absueltos y fueron los que están cerrando el caso”.
La dirigenta insistirá en la petición en la mesa de trabajo con la Segob, y plantea: “El gobierno de México de la 4T nos está debiendo a los familiares de las víctimas de Aguas Blancas, a la OCSS esa verdad, y estamos pidiendo que se conforme una Comisión”.
Una petición ahora es saber del cierre del expediente, “dicen que no nos pueden dar la información, que se la tienen que dar al representante legal de las viudas, pero yo me pregunto ¿quién es ese representante legal?, no nos dan información de quién es. O sea, tienen cerrada la información, y estamos viendo a través de Transparencia, y estamos viendo con familiares, y hay una parte de los sobrevivientes que no está de acuerdo” con el cierre.
Lo que se sabe es que el caso se cerró en la CIDH en 2012, y que 15 de diciembre de 2016, el gobernador Héctor Astudillo Flores publicó en los medios que firmó el acta de cumplimiento y de reparación integral del daño, y declaró que así se cumple con el informe de fondo de 49/97 de la CIDH y de la recomendación 104/95 de la CNDH.
Maribel Gutiérrez
