Chilpancingo, Guerrero, a 16 de octubre de 2025.- Autoridades de comunidades de los municipios de San Luis Acatlán y Marquelia, que resultaron afectadas por las lluvias del huracán Erick, demandaron la destitución del delegado de la Secretaría de Bienestar, Iván Hernández Díaz, “porque ha demostrado ser incapaz de servir al pueblo con honestidad”.
En un escrito enviado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la titular de esa dependencia federal, Ariadna Montiel Reyes, denuncian “amenazas, racismo, discriminación institucional y violación de los derechos constitucionales” de los promotores, comisariados y comisarios de las comunidades indígenas y afromexicanas.
Con fecha 15 de octubre, las autoridades de al menos seis pueblos de esos municipios, que pertenecen al Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), refieren que el funcionario federal no se ha conducido con transparencia, “conforme con las leyes constitucionales y generales de responsabilidades administrativas”.
Informan que el 19 de julio pasado, las autoridades de los pueblos se reunieron en Chilpancingo con Hernández Díaz, que ese día se comprometió con atender las demandas de los damnificados del huracán Erick, en concreto, entregar láminas para la reparación de techos de las casas dañadas y de la escuela de la comunidad de Jicamaltepec, municipio de San Luis Acatlán.
Recuerdan que el 23 de agosto, luego de no recibir los apoyos, las autoridades bloquearon la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, y al paso de la presidenta Sheinbaum Pardo, que viajaba rumbo a la Costa Chica, la interceptaron y en Agua Zarca, Marquelia, firmaron una minuta de acuerdos junto con la Secretaria de Bienestar, Montiel Reyes.
El escrito indica que la presidenta y la secretaria de Bienestar expresaron su compromiso de atender las demandas de los damnificados y entregar las láminas.
Comentan que el 26 de agosto, en el Instituto Tecnológico de San Marcos, bajo la instrucción de la presidenta, de nuevo se reunieron con Hernández Díaz, quien se comprometió a hacer la entrega de láminas dentro de una semana.
“Pero hasta la fecha, los acuerdos no han sido respetados. No se ha entregado nada a las comunidades, ni ha sido reparado el kínder en la comunidad de Jicamaltepec”.
Denuncian que tampoco se han respetado acuerdos firmados con anterioridad relacionados con la entrega de medicamentos y una ambulancia para las nuestras comunidades.
Refieren que este 14 de octubre, cuando se comunicaron con el delegado Hernández Díaz “para cuestionar estas omisiones”, les respondió que no ha atendido a las comunidades “debido a que hemos denunciado públicamente sus faltas administrativas”.
Señalan que cosieran que su actitud “es un acto de hostigamiento hacia nuestros pueblos, así como un intento de condicionar lo que nos corresponden por ley y por instrucción directa de la presidenta”.
Condenan estas “prácticas por parte de funcionarios públicos que pretenden burlarse de nuestras autoridades y asambleas, despreciando los acuerdos y compromisos firmados por ellos mismos”.
Reprochan que sólo usan a sus comunidades para hacerse publicidad, “sacándose fotos y promoviéndose, para luego abandonar y traicionar los acuerdos, condenando a madres, padres, abuelas, abuelos, niñas y niños a vivir en la intemperie y a estudiar en escuelas destrozadas”.
Califican estas respuestas como una violación directa a la Constitución Mexicana y a los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, a la libre determinación, autonomía, acceso a los recursos y desarrollo integral.
Advierten que si no les cumplen “la destitución inmediata” de Iván Hernández, “elevaremos la protesta tomando las oficinas del Bienestar en Chilpancingo indefinidamente, este jueves 16 de octubre”.
Informan a la presidenta “que este tipo de funcionarios nunca serán aceptados por nuestras comunidades y el gobierno federal tampoco debería tolerarlos ni dejarse engañar por ellos”.
Anuncian, asimismo, que llevarán su demanda a instancias nacionales e internacionales de derechos humanos, a la Misión Civil de Observación, al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, “porque estos atropellos a los derechos humanos por parte de este funcionario público federal no deben pasarse por alto”.
Las autoridades municipales y agrarias que respaldan el documento son de Yolozóchitl, Jicamaltepec, El Manguito, Cruz Verde y Zoyatlán, municipio de San Luís Acatlán, que son las que resultaron más afectadas por las lluvias del huracán Erick, que azotaron en el estado en junio pasado, así como la dirigencia del Cipog-EZ.
Zacarías Cervantes / Foto: Facebook Iván Hernández
