Chilpancingo, Guerrero, a 22 de octubre de 2025.- La coordinadora de la línea de trabajo sobre comunidades afrodescendientes en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Gema Tabares Merino, diseñará herramientas para que las autoridades jurisdiccionales garanticen los derechos humanos de las personas negras, afromexicanas y afrodescendientes, conforme a los principios de erradicación del racismo sistémico, justicia reparadora e igualdad y no discriminación.
En entrevista telefónica, la docente del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados de la Universidad Autónoma de Guerrero (IIEPA-IMA), y activista, destacó que la postura de la SCJN hoy marca “un hito histórico para los pueblos indígenas y afromexicanos”.
Es originaria de Acapulco, se autoabscribe como “afropulco”, y se une a las guerrerenses en la Corte como la defensora de derechos electorales, originaria de Cuajinicuilapa, Mijane Jiménez Salinas, ahora directora general de Enlace con autoridades comunitarias. Se menciona que estará a cargo de las consultas a pueblos y comunidades.
Así como la activista por los derechos de jornaleros agrícolas en Baja California, nacida en Cochoapa El Grande, Cristina Solano Díaz, Ñuu Savi, directora general de Prevención, Atención y Seguimiento a casos de violencia de Género.
El nombramiento de Tabares Merino trascendió el domingo por las felicitaciones en redes del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán y de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Este lunes, la académica y activista informó que el Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN que dirige Orlando Aragón, abogado del municipio indígena de Cherán, estableció una nueva línea de trabajo e investigación dedicada a las comunidades afrodescendientes en México.
Consideró que este avance fue posible por la llegada del ministro indígena a la presidencia de la Corte, Hugo Aguilar, que garantiza una perspectiva de pluralismo jurídico en el sistema judicial.
“Con este cambio, el Centro de Estudios, que busca resolver problemas relevantes de la justicia constitucional, ahora se enfoca en trabajar directamente con las comunidades afromexicanas”.
En su encomienda, informó que tiene varias responsabilidades, entre ellas, diseñar herramientas para que las autoridades jurisdiccionales garanticen los derechos humanos de las personas negras, afromexicanas y afrodescendientes, conforme a los principios de erradicación del racismo sistémico, justicia reparadora e igualdad y no discriminación.
Además de promover diálogos directos con las comunidades afromexicanas, y elaborar manuales e investigaciones que fomenten el reconocimiento de la identidad étnico-racial como elemento central para juzgar con perspectiva afrocentrada; es decir, que pone a África en el centro de la historia, la cultura y la civilización, en lugar de la perspectiva eurocéntrica.
Añadió que “nos encontramos en el Segundo Decenio Internacional para las Personas Afrodescendientes, proclamado por la ONU, por ello, la importancia que desde la nueva Suprema Corte se impulse el acceso a una justicia racial y reparadora, bajo los principios y directrices de organismos internacionales como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de garantizar una perspectiva pluricultural y equitativa”.
Desde esta línea de trabajo e investigación, indicó que se promueve la profesionalización, la vinculación con las comunidades afromexicanas y la investigación para que las autoridades judiciales comprendan la pertinencia étnico-racial y cómo el racismo estructural, al ser un fenómeno sistemático, genera desventajas y desigualdades interseccionales en el acceso a la justicia.
“También proporcionaremos un marco conceptual y jurídico, diseñado desde las realidades de los territorios donde vivimos las personas afromexicanas, para que los operadores de justicia comprendan cómo las desigualdades históricas nos han afectado. Para ello, trabajamos en directrices que permitan identificar los sesgos y prejuicios raciales dentro del sistema judicial”.
Subrayó que el acceso a la justicia para las personas, comunidades y pueblos afromexicanos debe tener una perspectiva afrocentrada y esto implica situar en el centro del análisis las experiencias identitarias y especificidades culturales a efecto de comprender las opresiones históricas y de promover resoluciones justas y equitativas desde la mirada del pluralismo jurídico, que reconoce los derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas, sus sistemas normativos y formas de organización.
De la aplicación de su línea de investigación, explicó que la Corte ha emitido protocolos de actuación para guiar a los impartidores de justicia en la resolución de casos, y ahora, el trabajo del Centro de Estudios Constitucionales es proponer nuevas herramientas para atender casos que involucran a grupos en situación de vulnerabilidad o históricamente discriminados.
Asimismo, posicionar el enfoque teórico del pluralismo jurídico. “Es decir, la apuesta no solo es actualizar los protocolos sino crear nuevas herramientas para juzgar con perspectiva de género, de derechos humanos y con perspectiva afrocentrada que reconozca las múltiples opresiones sistémicas de la población negra en México, colocando en el centro la interseccionalidad para garantizar el acceso a una justicia reparadora”.
Tabares Merino forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, Nivel 1, es una reconocida activista por los derechos de los pueblos afromexicanos, y participa como especialista en la formulación de la propuesta de Ley Reglamentaria al Artículo 2 constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
También fue parte del Comité Técnico que elaboró la Ley reglamentaria de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, con las recientes reformas que impulsó la presidenta Claudia Sheinbaum. Particularmente en en el capítulo que versa sobre los pueblos y comunidades afromexicanas.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: El Sur
