Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2025.- Al presentar su examen profesional para obtener el título de maestro en periodismo político, en la escuela Carlos Septién García de Ciudad de México, el reportero Luis Daniel Nava, fue acompañado por los colegas víctimas de violencia Sergio Ocampo, Marcela de Jesús Natalia y Gustavo Nava.
Durante su presentación expuso los casos de agresiones en contra de diferentes comunicadores, como Alejandro Guerrero, María Avilés y Zacarías Cervantes de esta casa editorial, en una investigación que muestra que cada gobierno, de cada partido, atenta contra la libertad de expresión.
Su asesor de tesis, el colega José Gil Olmos advirtió que desde el gobierno y desde los grupos crimi-nales se busca amedrentarnos y “si se calla a los periodistas va a perder la sociedad”.
Además de su asesor, fungieron como sinodales los periodistas María Verónica Veloz Valencia y José Raúl Olmos Castillo, quienes cuestionaron al colaborador de El Sur originario de Chilapa sobre su tesis, presentada en el formato de gran reportaje con el título Reporteros en Guerrero: Violencia, precariedad y censura, en donde coincidieron en que es un documento histórico, respecto de las condiciones en que se hace el periodismo en la entidad.
Tras exponer la precariedad laboral del grueso de sus colegas en el estado, la violencia criminal que ha provocado desplazamiento forzado, del que, aunque no lo dijo, él mismo es víctima; la violencia física, de la cual también es víctima, así como la desaparición y asesinato, sus sinodales lo cuestionaron “¿por qué seguir?”, y respondió que es convicción y admiración a grandes periodistas, que no se amedrentaron ante las adversidades.
Expuso que hay violencia laboral desde los patrones y las empresas, pues en la mayoría de los casos los reporteros no cuentan con un contrato laboral, no hay prestaciones, muchas coberturas se tienen que pagar “de tu propio bolsillo. Ahí anda el reportero, juntando para los pasajes, mientras los dueños comen en los mejores restaurantes” y lanzó un dato preocupante al respecto: “Ocho de cada diez reporteros están en la precariedad laboral”.
En cuanto a la violencia, expuso que el 90 por ciento de las amenazas que logró documentar son de funcionarios de gobierno y gobernantes. Puso como ejemplo el caso del reportero, también de esta casa editorial, Zacarías Cervantes, quien fue despedido del medio nacional Milenio debido a que así lo exigió el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, quien además es sospechoso de ordenar un ataque armado a las oficinas de El Sur, en Acapulco, el 10 de noviembre del 2010.
“Para vivir en la zona se tienen que evitar ciertos temas, Zacarías ha sufrido toda clase de censura en 40 años de labor”, expuso y mostró un documento en el que Milenio notifica al gobernante, antes que al reportero, de su cese, para mantener buenas relaciones comerciales.
Expuso que en la entidad hay zonas silenciadas, que son franjas de población en dónde no se puede hacer periodismo, “el crimen los ahorca mediante amenazas, son lagunas de desinformación que se extienden cada día y existen en las ocho regiones del estado”.
Esto sucede, explicó, sobre todo en las zonas donde hay un gran flujo de dinero, como Chilapa, Tlapa, Taxco, Zihuatanejo, y están en riesgo Acapulco y Chilpancingo, “que son espacios en donde está la mayoría de los medios”.
Mencionó el ataque a balazos a reporteros que cubren nota roja en la capital del estado, ocurrido el 28 de noviembre de 2023; el reportero Marco Antonio Toledo, de Taxco, fue raptado y estuvo en cautiverio seis días, amenazado por ex alcalde Mario Figueroa, debido a que publicó la corrupción en el gobierno.
En total documentó el desplazamiento forzado de 20 periodistas en 10 años, según datos de la Unidad Estatal de Protección a Periodistas del Estado, que depende de la Secretaría de Gobierno.
“La violencia le está funcionando a los delincuentes y a las autoridades, me dijo Alejandro Guerrero, corresponsal de El Sur desplazado de Iguala”, mencionó.
Suman 316 agresiones a periodistas de 2018 a 2024, 23 asesinatos de 1997 al 2025, tres desaparecidos: Leodegario Aguilera, Marco Antonio López Ortiz y Alan García Aguilar.
Documentó, además, 106 agresiones contra reporteras, entre las que destacan la de comunicadora indígena Marcela de Jesús, quien sufrió una agresión armada, fue encarcelada y se mantiene en la profesión; “representa el espíritu de los periodistas”, subrayó.
Luis Daniel advirtió que hay una relación dañina prensa-gobierno que no se ha roto con los gobiernos de izquierda, “de ahí viene la precariedad, hay un amasiato en el que no se le toca al funcionario porque se puede perder el convenio por el ímpetu de un reportero. Con la gobernadora Evelyn (Salgado Pineda de Morena) hay un ejercicio millonario al año, que no puede ser cuantificado, para silenciar a la prensa. A mí me ofrecieron dinero mensual para censurarme, 10 mil pesos”, reveló el también corres-ponsal de la revista Proceso.
En el mismo gobierno ocurrió la agresión a la periodista María Avilés, también de esta casa editorial, agredida de forma directa por la gobernadora, su jefe de prensa y sus guaruras, por querer entrevistar a la mandataria, “en este gobierno hay una política de silencio mezclado con una política de dádivas”.
“El Fondo de Apoyo a Periodistas tampoco garantiza nada, hay compañeros que no han podido cobrar el seguro de vida desde hace seis años y al caricaturista Méndez de El Sur le perdieron su expediente. Luego se ventiló que el gobierno lo sacó porque es crítico con su trabajo, por una caricatura de un funcionario (Sergio Ferrer) con su garrote, luego de la agresión al periodista Sergio Ocampo, en una gira de la presidenta Claudia Sheinbaum, en Chilpan-cingo”.
Los sinodales lo felicitaron y Luis Daniel Nava obtuvo el grado de maestro en periodismo político, con mención honorífica.
Rosendo Betancourt Radilla
