Luis Javier Hernández llevó a un motel a la víctima, la amenazó con que le iría peor si denunciaba porque es de mayor rango militar, ella lo denunció ante el primer comandante, “quien le advirtió que nadie le haría caso”, relata el director de Tlachinollan
Acapulco, Guerrero, 29 de diciembre de 2025. Una mujer soldado de la Base Aérea de Pie de la Cuesta fue violada en 2019 por su superior, el capitán primero Luis Javier Hernández Rodríguez, y el crimen sigue en la impunidad, denunció el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
El defensor de derechos humanos dio a conocer el caso en un artículo publicado en el diario La Jornada el sábado pasado. Relató que la mujer, que aparece con el nombre de Josefina, y cuyo nombre real fue reservado por seguridad, llegó a la Base Aérea de Pie de la Cuesta en 2018.
En 2019 estuvo en un convivio “en la base de operaciones aéreas de Chilpancingo. Como era la única mujer fue presionada para que tomara bebidas alcohólicas. Al sentirse mal se retiró a su dormitorio. En el trayecto fue interceptada por el piloto aviador Luis Javier, quien la persuadió para salir a comer, supuestamente para que se le quitara el mareo”.
“La llevó a un motel y la violó. En el forcejeo la amenazó con que le iría peor porque era de mayor rango militar. Josefina nada pudo hacer. Se atrevió a denunciarlo ante el primer comandante, quien le advirtió que nadie le haría caso”, escribió el director de Tlachinollan.
Por teléfono, Abel Barrera comentó que la víctima de violencia sexual se motivó a contactar recientemente a Tlachinollan después de conocer el caso de Melani Ibarra, quien fue asesinada por su esposo, el piloto aviador con grado de teniente adscrito a la Base de Pie de la Cuesta, José Luis Martínez, el 28 de noviembre de 2017.
Asesorados por Tlachinollan, los padres de Melani lograron en diciembre de 2024 que el feminicida fuera condenado a 36 años de prisión, quien había logrado al principio evitar el castigo adjudicando la muerte a una caída en las escaleras de su departamento de la unidad habitacional Canta Luna en la Colonia el Pedregoso y corrompiendo a las autoridades, recordó Barrera Hernández.
En el caso de la violación de la mujer soldado, la víctima y el victimario siguen activos en Pie de la Cuesta, hasta noviembre ella fue castigada por no obedecerlo en los últimos meses con “fajinas” en fines de semana, cuando debería de tener tiempo libre.
“Estamos hablando de algo reciente que requiere la intervención inmediata de las autoridades, por eso nosotros también con esa responsabilidad y obviamente siempre respetando la situación de la víctima, consultamos hasta dónde podríamos dar a conocer su caso”, dijo el director de Tlachinollan.
En el artículo se expone que la víctima interpuso una queja en la Dirección de Derechos Humanos por el hostigamiento del capitán Hernández Rodríguez y una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por videos sexuales que difundió su pareja, también del medio militar, en 2018.
El director de Tlachinollan lamentó en la entrevista que el testimonio de la víctima no sea escuchado e insistió en que las autoridades paren “ya ese infierno que le han impuesto dentro de su centro de trabajo”.
Dijo que la violación perpetrada por el capitán primero refleja “cómo al interior de las instituciones militares la situación de violencia sexual contra las mujeres es un patrón que persiste independientemente que se trate de gobierno”.
Acusó a la Secretaría de la Defensa de ser una “institución hermética, cerrada, vertical, autoritaria, jerárquica” y afirmó que la disparidad de poder entre hombres y mujeres dentro de las fuerzas militares por estar ellos en los puestos de mando, “provoca el abuso, la violencia sexual, la impunidad al interior de las Fuerzas Armadas, como son hombres los que tienen los mandos, se cubren entre ellos y hacen tronar a las víctimas, las destruyen”.
El también ex comisionado del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión de la Verdad que investigó los múltiples crímenes, incluyendo los sexuales, perpetrados por los militares en la guerra sucia, dijo que las reformas para el reconocimiento de los derechos humanos “no pasan por el Ejército”.
“Ahí no pasa la democratización, que debe de haber una democratización de las Fuerzas Armadas, deben de rendir cuentas, debe haber ante todo mecanismos civiles para verificar su actuación, debe haber castigos que se han alcanzado por la vía civil”.
Los militares “son un poder impune”
Barrera expuso que estos crímenes son consecuencia de militarizar la seguridad y de no rendir cuentas a la autoridad civil, los militares “son un poder impune, son un poder que está casi como por encima de la Constitución, metaconstitucional, y eso es grave para un país donde las luchas han sido por la democracia, por la justicia”.
Añadió que la violación preocupa “máxime en un estado como Guerrero, donde la militarización nunca se ha ido, estamos hablando desde la década de los 70, donde los militares asentaron sus reales para desaparecer, masacrar, ejecutar a líderes sociales, pero sobre todo a movimientos guerrilleros, a jefes de la guerrilla”.
“Se institucionalizó la militarización, sobre todo con la estrategia de la guerra contrainsurgente, esa estrategia sigue, el Ejército sigue siendo un poder atrás del poder civil, son ellos los que diseñan la estrategia de seguridad, son ellos los que tienen el control de la seguridad, tienen el control de la Fiscalía misma en el estado”.
En junio pasado fue publicado simultáneamente en El Sur, Fábrica de Periodismo y El Universal el reportaje de la periodista Zorayda Gallegos sobre la violencia sexual dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en el que se indica que la Fiscalía Militar ha abierto 525 investigaciones por violación, acoso, abuso y hostigamiento sexual, pero sólo tres de cada 100 casos reciben atención. Ninguno de las decenas de generales acusados ha sido sentenciado.
Apenas el 14 de octubre, el sargento Manuel de la Guardia Nacional, adscrita a la Defensa, mató de dos balazos en la cabeza a la agente Stephany Carmona Rojas de 19 años, dentro de las instalaciones del 51 Batallón ubicado en el bulevar de las Naciones, en la zona Diamante, primero se dijo que era una práctica de tiro, pero la familia presionó para que el presunto culpable fuera detenido por acción deliberada.
Ramón Gracida Gómez
