
Es una grave deficiencia que las autoridades digan que no hay una política pública para la población jornalera porque no tienen cifras de la movilidad, señala Armando Galeana
Chilpancingo, Guerrero, 9 de febrero de 2026. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan sí ha buscado la coordinación con el gobierno estatal para atender a los jornaleros agrícolas que migran en condiciones deplorables a los estados del norte del país, pero los funcionarios estatales les dicen que no tienen recursos y no se comprometen, denunció el integrante del área de Fortalecimiento Comunitario, Armando Galeana Méndez.
En entrevista telefónica se dijo sorprendido de la declaración de la secretaria de Migrantes y Asuntos Internacionales, Silvia Rivera Carbajal, que desconoció la estadística del informe 2025 que presentó el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña en la Unidad de Servicios Integrales (USI) en Tlapa, en coordinación con Tlachinollan, bajo el argumento de que no les avisan cuando salen los camiones.
Aclaró que el gobierno mediante los funcionarios, son los encargados del seguimiento a la población jornalera, los que deberían tener en monitoreo permanente.
“Desafortunadamente, la migración ha estado desde hace años. Las temporadas están bien definidas, no cambia de un año para otro. La migración es un fenómeno visible que está ahí, por las condiciones de la región, que no son óptimas para mantenerse en sus comunidades”.
Consideró una grave deficiencia que las autoridades digan que no hay una política pública para la población jornalera porque no tienen cifras de la movilidad.
Puntualizó que Tlachinollan no es intermediario ni contrata jornaleros. Tiene un área destinada para el acompañamiento de organizaciones y comunidades, y en este contexto de trabajo cotidiano acompaña a las familias de migrantes internos, una de las acciones es que puedan exigir sus derechos.
Aclaró que la USI, o Casa del Jornalero en Tlapa no sólo es para el registro de la migración, también da seguimiento de lo que viven y padecen.
Retrocesos
El año pasado hubo asaltos, pedradas y llantas ponchadas a los camiones cuando salían de Tlapa, en la carretera que lleva a Puebla, porque no habían pagado “cuota” al crimen organizado, algo que no se había presentado antes.
Asimismo denunció que en 2025 las empresas volvieron a enviar camiones sin baños y sin aire acondicionado para el traslado de las familias al norte del país, que ya se había discutido y logrado atender.
Consideró que los retrocesos son resultado de la desatención de la actual administración a los jornaleros agrícolas de la Montaña; 13 mil 36 jornaleros agrícolas registrados en la temporada reciente, de los cuales 3 mil 621 fueron niños de 0 a 9 años, y 3 mil 75 de 10 a 20 años de edad.
“Por una parte, no hubo seguimiento del control que tienen las mismas empresas establecidas en Tlapa, donde justo ahí, en reuniones que se tuvo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se tuvo que elaborar un acuerdo de acompañamiento con la Policía Estatal, para evitar los asaltos”.
No obstante en noviembre a un kilómetro de donde la Policía Estatal se retiró del acompañamiento a un autobús, en el límite con Puebla, fueron asaltados, “y fue atribuido a que no pagaron la cuota para pasar”.
Precisó que las familias que venían de Cochoapa no se detuvieron en la USI, y en el camino se enteraron que había un pago.
Recrimina que no hubo manera de retomar las reuniones intersecretariales que se intentó el año pasado con titulares de la secretarías de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, del Trabajo y Previsión Social, de SSP y de Salud, “no se cumplieron los acuerdos, es la parte que es alarmante”.
Aclaró que el único compromiso que asumió la Policía Estatal fue acompañar a los autobuses hasta los límites del estado de Puebla.
Asimismo dijo que ya había un apoyo de insumos para preparar alimentos en la USI para la población jornalera, que se suspendió en enero de este año porque no hay dinero, “nosotros decimos, ¿cómo una Secretaría no puede pagar un cono de huevos?”.
Precisó que la temporada alta terminó entre diciembre de 2025 y enero de 2026, pero todo el año continúan las salidas de autobuses en la USI de Tlapa.
Añadió que los programas federales como Sembrando Vida son insuficientes para el arraigo de la población, porque sólo benefician a 20 o 30 en cada pueblo.
Asimismo, precisó que “en algunas comunidades sí salen por compromisos comunitarios, tradiciones y costumbres, parte de la identidad, del arraigo comunitario, para ser partícipes en sus fiestas se necesita tener dinero, incentiva la migración”, aunque no es generalizado.
Lourdes Chávez/ Foto: Archivo


