Ciudad de México, a 10 de febrero de 2026.- El mayor desafío que enfrenta actualmente el Instituto Nacional Electoral (INE) ante la próxima reforma electoral que en breve presentará el Poder Ejecutivo, es la reducción presupuestal, pues limita su capacidad de realizar elecciones completas y de llegar a todo el país en condiciones óptimas, advierte el consejero Uuc-kib Espadas Ancona.
El también antropólogo social, historiador, académico y expolítico mexicano reflexiona, en entrevista con El Sur, acerca de la autonomía real del INE frente al poder político y si ésta podría verse comprometida al haber menos recursos para la organización y realización de comicios.
Más que la autonomía, enfatiza Espadas Ancona, lo que se pone en riesgo es la eficacia operativa. El INE es una institución eficaz y, elección tras elección, proporciona a la sociedad “procesos íntegros e imparciales a lo largo de todo el ciclo electoral, independientemente del avance de los mecanismos de identificación y vigilancia”.
Explica que los recortes presupuestales ya afectan los procesos electorales y restan calidad a su ejercicio. Como ejemplo menciona la elección judicial de 2025, en la que al INE se le asignó solamente una fracción del dinero necesario para la organización completa. Eso obligó a “recortar proyectos dentro del instituto, debilitando áreas como capacitación y educación cívica”, y aun así, explica el consejero, no se logró instalar “la totalidad de casillas que sería idóneo cubrir”.
Espadas Ancona subraya que recibir menos recursos no significa que los consejeros se sientan más inclinados a favorecer a un partido o a un gobierno, pero sí implica trabajar con los medios disponibles y afectar el desempeño del instituto tanto en sus funciones permanentes como en la calidad misma de las elecciones.
Destaca que la capacidad de llegar incluso al último rincón del país “se reduce si se instalan menos casillas y se recortan procesos de capacitación para seleccionar funcionarios de casilla capacitados”.
No se puede seguir recortando indefinidamente el presupuesto electoral; México –enfatiza el consejero electoral– es un país muy grande y organizar elecciones para unos 100 millones de electores tiene un costo, ya que el INE debe garantizar la imparcialidad de los funcionarios de casilla, la seguridad de los instrumentos y materiales electorales, así como de la credencial de elector para esos millones de votantes.
Comparando la reducción de recursos con la alimentación, Uuc-kib Espadas explica que primero se pierde la grasa, luego se debilita el músculo y finalmente se afecta el sistema nervioso; en este momento, asegura, “los recortes ya están afectando el músculo del INE”.
Un INE autónomo no cabe en la comisión presidencial
Sobre el hecho de que el INE no fue invitado a la comisión presidencial que discute y define la reforma electoral, dice que pertenecer a una comisión de esa naturaleza, siendo el INE un organismo autónomo constitucionalmente, no corresponde y que incorporarse a ella significaría una ruptura de la autonomía.
Señala que, aunque el instituto ha mantenido interlocución con la comisión presidencial y posteriormente con las cámaras para el proceso legislativo, no le corresponde integrarse a una comisión directamente del gobierno federal.
Sin pluris se borraría la pluralidad del Legislativo
Respecto a la propuesta de eliminar a los diputados plurinominales, el consejero afirma que no puede señalar qué sectores quedarían sobrerrepresentados o sin voz si se elimina este mecanismo, pues la representación proporcional es para todos los partidos. Pero admite que, en las circunstancias actuales, sin la representación proporcional no se reflejaría la diversidad social ni la forma en que la sociedad opta por las distintas opciones políticas en el Poder Legislativo.
Si se trata del mecanismo de listas, añade, lo idóneo sería votar las listas de plurinominales en boletas separadas, de manera que quienes sufragan puedan saber por quién están votando y que cada partido presente claramente a sus candidatas y candidatos que llegarán por esta vía a las cámaras legislativas. Esto se hizo en elecciones de décadas pasadas y no se generaron las acusaciones actuales sobre las listas plurinominales.
Afirma que la actual representatividad de diputados de representación proporcional es superior a la de los uninominales, porque cada plurinominal requirió aproximadamente 300 mil votos, frente a los cerca de 100 mil votos de los uninominales más votados.
En el contexto actual de discusión pública sobre la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que la propuesta aún no está lista pero que se presentará este mes; que busca reducir el costo de las elecciones, garantizar la autonomía del INE y asegurar una representación adecuada para las minorías.
Cambios urgentes al modelo de representación
En opinión de Uuc-kib Espadas –quien a lo largo de su trayectoria ha militado en partidos de izquierda como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) o el Partido Socialista Unificado de México (PSUM)–, el principal cambio urgente que requiere el sistema electoral mexicano es el modelo de representación.
Considera que todas las cámaras –legislaturas locales, Cámara de Diputados federal y Senado de la República– deben avanzar hacia un sistema de representación proporcional directa, en el que cada partido tenga el número de legisladores que corresponda estrictamente a su votación, a fin de garantizar el principio democrático de “un ciudadano, un voto”.
Plantea también “la necesidad de una revisión general de las premisas básicas del derecho electoral mexicano”, el cual, afirma, “se ha ido deformando con el paso de las décadas. En la actualidad, “la justicia electoral privilegia los derechos de los competidores por encima de los derechos de los electores, una situación que debe superarse mediante un mandato constitucional”.
En las decisiones administrativas sobre los procesos electorales, comenta, la autoridad tiene que “poner por delante el derecho de la ciudadanía a darse representación, gobiernos y ahora jueces”. A su juicio, este enfoque es indispensable para corregir una distorsión estructural del sistema.
Pone de ejemplo la sustitución de candidaturas. Menciona que en México se permite que los partidos sustituyan candidatos incluso el sábado previo a la elección, lo que implica que la ciudadanía acude a votar sin saber realmente por quién está votando. “El nombre impreso en la boleta no corresponde al candidato que compite efectivamente, y el beneficiario de los votos es una persona registrada horas antes”, dice.
Estas decisiones se justifican bajo el argumento del derecho del contendiente a ser votado, pero ignoran que, en los hechos, los electores “no tienen posibilidad material de conocer a quién otorgan su voto. Esto implica privilegiar el derecho de quien compite sobre el derecho de quien elige, lo cual considero no permisible”.
Añade que este criterio se repite en múltiples decisiones relacionadas con cuotas, paridad de género, conflictos fiscales y otros temas, en las que se priorizan los derechos de los partidos o de los contendientes sobre el derecho general de la sociedad a elecciones libres, auténticas y periódicas.
Que las personas puedan votar cerca de su hogar
Sobre la reducción del financiamiento a los partidos políticos, Espadas Ancona no coincide “con la idea de que deba disminuirse sin más. El financiamiento público cumple una función muy importante, en especial para garantizar que los partidos de oposición o los partidos pequeños cuenten con una base económica mínima que les permita llevar su propuesta a la sociedad y que ésta pueda optar libremente entre distintas alternativas”.
La reducción del financiamiento, agrega, afecta principalmente a los partidos con menores capacidades económicas y tiene un efecto de contracción de expresiones sociales. Esto es grave, no porque perjudique a un partido o a un grupo de políticos, sino porque “limita las opciones disponibles para la sociedad y, en consecuencia, no se garantiza plenamente su acceso a ellas”.
Para el doctor en Comunicación por la Universidad de Sevilla, lo prioritario en materia de financiamiento es que el mecanismo siga funcionando y que los partidos con derecho a competir cuenten, al menos, con una cantidad mínima de recursos para poder llegar a la gente que vota.
Finalmente, el consejero reconoce que el sistema electoral mexicano tiene costos, pero que éstos llevan “a garantizar elecciones democráticas e íntegras, en las que nadie interfiera ni altere el sentido de la votación”.
Afirma que las elecciones en México no son caras, sino que responden al tamaño del país y a la necesidad de que las personas puedan votar cerca de su hogar. “El costo de perder las garantías de integridad electoral sería mucho más alto”, alerta.
Recuerda que, hace más de 30 años, la falta de estas garantías derivaba en elecciones alteradas y conflictos postelectorales graves, con altos costos económicos y políticos para el país.
“El dinero invertido en elecciones es el mejor gastado, porque garantiza la estabilidad política, que gobierne quien resulta electo y que la sociedad acepte los resultados como legítimos”, afirma Uuc-kib Espadas. “Se paga para prevenir, no para curar, y la prevención política mediante elecciones democráticas resulta altamente redituable”.
Guillermo Rivera
