Acapulco, Guerrero, a 26 de febrero de 2026.- El asesor de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, Arturo García Jiménez, llamó a la coordinación de la Procuraduría Agraria (PA), el Registro Agrario Nacional (RAN) y el Tribunal Unitario Agrario (TUA) para enfrentar la “crisis presupuestaria” por el recorte de los recursos económicos con los que cuentan las instituciones en este año.
Vía telefónica, recordó que la reforma de 1992 al artículo 27 constitucional creó la Ley Agraria, que a su vez estableció a la PA como el “ombudsman” de los derechos de los ejidatarios y al RAN como el registro público de todos los actos relacionados con los núcleos agrarios.
A 34 años de la reforma impulsada por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, los saldos son negativos, consideró García Jiménez y mencionó el esquema de Dominio de pleno que permitió la privatización de 4 millones de tierras ejidales, “las más rentables: zonas turísticas, minas, bosques”. Aparte, los terratenientes nuevos.
Asimismo, agregó el dirigente, la reforma constitucional ha provocado el rentismo de las tierras, lo cual se refleja en que el 80 por ciento de los distritos de riego del país es rentado.
También habló del “rezago agrario” dentro de la mayoría de los comisariados que no tienen credenciales ni actas legalizadas, tampoco los padrones de ejidatarios ni los reglamentos están actualizados, como ocurre en el ejido amuzgo de Xochistlahuaca; no obstante, el avance en el ordenamiento de la lista de sucesión de los herederos.
Afirmó que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador “no se hizo nada por lo agrario a pesar de que insistíamos, ahora con la presidenta, cuando era candidata, hicimos un acuerdo con ella sobre el tema agrario, ella reconoce que tanto la PA como el RAN son dependencias muy importantes y reconoce que tienen muchas deficiencias en presupuesto y en personal”.
García Jiménez se refirió al acuerdo que Sheinbaum Pardo firmó el 10 de abril de 2024 en Chinameca, Morelos, junto con diversas organizaciones campesinas, entre ellas la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero.
Sin embargo, en general el RAN perdió 200 millones de pesos en el presupuesto federal de 2026 en relación con el año anterior, “que eran recursos para financiar las brigadas que realizaban los trabajos de deslinde y además las rentas de sus oficinas”.
La PA, por su parte, perdió 160 millones de pesos en el mismo lapso, es decir, una disminución de 20 por ciento, “que básicamente es para las rentas de las oficinas y para los movimientos de los visitadores para que vayan a los núcleos agrarios”.
En tanto que el presupuesto del TUA quedó igual porque el aumento fue acorde al 4 por ciento de la inflación, sin mencionar el “rezago presupuestal” de años anteriores por la eliminación de las sedes, como la de Iguala, especificó García Jiménez.
La Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, señaló su asesor, plantea que “ante esta crisis presupuestal es posible abordarla sólo si hay una adecuada coordinación entre los tres sectores que tienen que ver con lo agrario”, que son la PA, el RAN y el TUA.
“Los comisariados son el eslabón clave de la cadena, que tiene el enlace con los comuneros y los ejidatarios, ellos tienen la información de quiénes fallecieron, quiénes vendieron”, dijo García Jiménez.
Confió en que las instituciones agrarias reciban recursos para el gasto corriente y acusó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de no poner el interés en el sector, “están en otras prioridades”.
El Sur publicó ayer que el Tribunal Unitario Agrario (TUA) del distrito 12 en Chilpancingo no tiene ni papelería debido al recorte presupuestal, la PA se movió a unas oficinas de lo que fue el Fideicomiso de Riesgo Compartido, en el centro de la capital del estado, y el RAN se irá a Acapulco.
Ramón Gracida Gómez
