Gaspard Estrada
A pocos días de la elección legislativa del domingo 8 de marzo, la campaña presidencial colombiana de 2026 entra en su fase decisiva. Aunque formalmente se vota para renovar el Congreso –en particular el Senado–, el resultado funcionará como termómetro político nacional y reordenará el equilibrio de fuerzas de cara a la primera vuelta presidencial de mayo. En Colombia, las legislativas no son una antesala neutra: son el primer gran test de poder territorial, de financiación y movilización.
El escenario actual está marcado por tres dinámicas simultáneas. La primera es la fragmentación del campo político. Ni el oficialismo ni la oposición han logrado articular coaliciones sólidas y coherentes. El bloque progresista busca capitalizar el legado reformista del gobierno saliente, pero enfrenta desgaste en seguridad y economía. La derecha, por su parte, compite entre un ala más institucional y otra más confrontativa, sin un liderazgo unificado que concentre el voto. La segunda dinámica es la centralidad del tema del orden público. El deterioro de la seguridad en varias regiones –con presencia activa de grupos armados, economías ilegales y control territorial fragmentado– ha desplazado el debate programático hacia propuestas de autoridad y eficacia estatal. Las candidaturas que prometen resultados inmediatos en seguridad ganan terreno, incluso si sus propuestas carecen de profundidad estructural. Este eje condiciona tanto la presidencial como la disputa por el Senado, donde el control de comisiones clave en defensa y justicia será determinante. La tercera es la incertidumbre económica. Aunque no se trate de una crisis abierta, el crecimiento moderado y la presión fiscal alimentan la percepción de estancamiento. En ese contexto, el 8 de marzo será interpretado como señal de confianza –o desconfianza– hacia la continuidad de ciertas políticas económicas. Los mercados y actores empresariales observan con atención el comportamiento electoral en departamentos estratégicos como Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá.
La elección al Senado es crucial porque define la arquitectura de gobernabilidad del próximo presidente. Un Congreso altamente fragmentado obligaría a pactos amplios y negociaciones permanentes; una mayoría clara para uno de los bloques reconfiguraría el equilibrio de poder antes incluso de la presidencial. En Colombia, donde el Legislativo tiene herramientas fuertes de control político, el resultado del domingo puede fortalecer o limitar de antemano al próximo Ejecutivo. También pesa el factor territorial. Las maquinarias regionales siguen teniendo influencia significativa en las legislativas, y el desempeño de las candidaturas presidenciales en esos enclaves dependerá en parte de la articulación con liderazgos locales. El 8 de marzo permitirá medir la capacidad real de movilización de cada bloque más allá de las encuestas urbanas.
En términos estratégicos, la campaña se mueve entre dos narrativas. Una plantea la necesidad de corregir el rumbo tras años de polarización; la otra insiste en que cualquier cambio abrupto pondría en riesgo avances sociales y estabilidad institucional. La disputa no es solo ideológica, sino emocional: miedo al retroceso frente a fatiga con la confrontación. La participación será otro indicador clave. Un alto nivel de votación reforzaría la legitimidad del proceso en un país históricamente marcado por la abstención; una baja concurrencia fortalecería discursos antisistema que cuestionan la representatividad del Congreso.
En definitiva, la campaña presidencial de 2026 no se define únicamente en debates o encuestas, sino en la correlación de fuerzas que emerja el 8 de marzo. Más que una elección legislativa, el domingo será un preludio estratégico: delineará alianzas, medirá músculo político y anticipará la viabilidad real de los proyectos presidenciales. En Colombia, el camino a la Casa de Nariño comienza –como tantas veces– en las urnas del Congreso.
* Miembro de la unidad del sur glo-bal de la London School of Econo-mics (LSE)
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