
Tlapa, Guerrero, a 7 de marzo de 2026.- En la región Montaña, mujeres indígenas denuncian la falta de atención de las autoridades para atender los casos de feminicidio, así como de las personas desaparecidas ni a la infancia que queda huérfana por estos delitos; esto, en la conferencia 8M Montaña de Tragedias, Luces de Esperanza, realizada en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
La asesora jurídica de Tlachinollan, Neil Arias Vitinio, moderó las participaciones y mencionó que los feminicidios están ligados a las adicciones, que poco a poco rompen el tejido social de las comunidades, pero en la región no hay lugares para atenderlas.
Ese fue el caso de Escolástica, quien vivió el homicidio de sus familiares mujeres a manos de un hombre que estaba drogado. En este crimen, los agentes del Ministerio Público dilataron las diligencias al llegar cuando quisieron y para trasladar el cuerpo a Tlapa para la necropsia.
También participó Isabel, la madre de Basilisa, de 18 años, una mujer na savi asesinada en la cabecera municipal de Alcozauca, cuyo presunto responsable es su pareja, un hombre mayor con quien huyó 15 días antes de que la encontraran muerta, el 18 de junio, en el cauce de un río.
Dijo que ella no juzga a su hija por haberse enamorado de un hombre mayor, que además estaba casado, sino que lamenta el hecho de que le hicieran daño.
Se quejó de que no recibió apoyo por parte de la autoridad municipal ni protegieron los derechos humanos de su hija, además de que ella tuvo que pagar 8 mil pesos cuando trajeron el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) de Tlapa.
Sobre esto, Arias Vitinio dijo que en Alcozauca hay el registro de seis casos de feminicidios, que varios ocurrieron bajo el influjo de drogas y fueron cometidos con brutalidad. Sobre el Semefo, aclaró que ya hay uno en Tlapa, pero es un negocio particular y por eso, las familias deben pagar los preparativos de los cuerpos.
Dijo que este servicio no se hace con profesionalismo o con perspectiva al momento de los dictámenes, por eso no los configuran como feminicidios y los etiquetan como homicidio, que no un delito que deba atender el sistema federal.
Los desaparecidos
La asesora mencionó que los feminicidios y las desapariciones forzadas traen como consecuencia una infancia huérfana, vulnerable al desplazamiento forzado, a ser víctimas de reclutamiento, de desintegración familiar y de abusos sexuales. Aseguró que los afectados son muchos, pues en las carpetas que ellos apoyan e investigan, hay 52 casos de niños en esa situación.
Destacó Gabriela, quien tiene a tres mujeres de su familia desaparecidas: la madre, hija y nieta, lo difícil que resulta cuidar a los hijos y sobrinos, sobre todo cuando se convierten en adolescentes.
Además deben sortear la incertidumbre de no saber dónde están sus familiares y que en el Colectivo Luciérnaga hayan encontrado restos, “los recogimos de un lugar para llevarlos a otro”, porque las autoridades no les han hecho los estudios, “queremos saber si son de ellos o no. No quisiéramos que estén muertos, pero ya queremos saber si están ahí”. Comentó que durante el proceso de búsqueda de sus familiares, murió su papá de una enfermedad.
Otro caso es el del joven Fredy Aparicio García, cuya mamá Amalia contó que desapareció el 2 de enero de 2016, cuando iba a la secundaria, salió con su amigo José Luis y no volvió. Agregó que todo lo que saben es lo que declaró el amigo, que raptaron a Fredy y lo tiraron, que ya no lo buscaran.
Dijo que su papá Federico fue primero encarcelado y años más tarde asesinado, después de pedir a las autoridades que lo buscaran y acusara al papá de José Luis y al mismo joven, para que dieran más información sobre su hijo.
La señora Amalia fue encarcelada en Cochoapa el Grande, por unos problemas de tierra con su hermana.
Su abogada mencionó que las mujeres solas, solteras o viudas son las que más agresiones reciben en las comunidades.
Agregó que las autoridades retrasan las investigaciones, que hay una crisis forense en cuanto a la identificación de los cuerpos, pues no hay información o carpetas bien integradas, porque la Fiscalía les pide a los familiares que ellos indiquen los lugares donde buscar.
Al final, se destacó que el feminicidio y la desaparición forzada trae implicaciones psicosociales a los familiares, afectando a los niños porque no hay protocolos de atención, por lo que se truncan sus estudios, también los hermanos mayores porque cuidan de los menores y hay precarización económica.
Carmen González Benicio


