METALES PESADOS
Tryno Maldonado
Madres buscadoras de Jalisco fueron amenazadas, hace apenas un par de días, por hombres armados mientras realizaban labores de búsqueda en Tlajomulco, Jalisco. La escena dice mucho del país: mujeres que salen todos los días con palas y barretas, fotos de sus desaparecidos y una experiencia en campo que el Estado mexicano no tiene. Mientras que hombres armados llegan a recordarles que incluso buscar puede costar la vida. La búsqueda, en México, no es ya sólo un acto de amor, de resistencia o de duelo. Es también una actividad de riesgo extremo.
Ese episodio coincide con otra discusión que en otro país sería escandalosa y aquí parece rutinaria: la disputa por las cifras oficiales de personas desaparecidas. Mientras el gobierno federal ofrece nuevas lecturas y depuraciones del registro, los múltiples colectivos reprochan que esa discusión no parta del territorio, sino del escritorio. No de las fosas, los hallazgos, los restos, los expedientes detenidos y la experiencia y la voz de las familias, sino de un método administrativo que vuelve a colocar la atención en la contabilidad de un Power Point antes que en la verdad. El problema no es sólo cuántos faltan. El problema es, además, que quienes buscan a los desaparecidos siguen siendo amenazadas, asesinadas o desaparecidas.
Por eso conviene, por una vez, bajar la temperatura de la discusión ideologizada, hacer una pausa y regresar a lo esencial. Cuando se nombra a una madre buscadora asesinada por este sistema, hay que nombrar también al hijo, la hija, el hermano o el esposo que cada una de ellas busca. De otro modo, se les desaparece dos veces. Miriam Rodríguez Martínez, por ejemplo, no era nada más una “activista”: buscaba a su hija, Karen Alejandra. Teresa Magueyal, por su parte, no era otra cifra: buscaba a su hijo desaparecido. Blanca Esmeralda Gallardo buscaba a su hija. Rubí Patricia Gómez-Tagle buscaba a su hijo desaparecido desde hace un año. Cecilia García Ramblas formaba parte de un colectivo en Salamanca y había salido, como tantas otras mujeres buscadoras, a hacer el trabajo que las instituciones no hicieron a tiempo. Cada una de esas historias pertenece a una localidad concreta, a una fiscalía concreta, a un vacío concreto del Estado mexicano que por complicidad, omisión o aquiescencia, participó en la muerte de cada una de ellas.
Lo mismo puede decirse de otros nombres que tendrían que formar parte de la memoria pública del país: María Isabel Cruz Bernal, Norma Angélica Bruno Román, Guadalupe Campanur Tapia, Ana Luisa Garduño Juárez, Aranza Ramos Rascón, Bertha Alicia Gatica, Lorenza Cano Flores, Catalina López, María del Carmen Morales. Todas buscaron a hijos e hijas; a esposos, hermanos o familiares cercanos. Todas entraron en la misma intemperie: un país en el que la desaparición se ha vuelto una condición social y la búsqueda una forma de ciudadanía forzada. No buscaron porque tuvieran vocación de peritas, investigadoras o rastreadoras. Simplemente porque alguien tenía que hacerlo.
La dimensión de esa intemperie no se agota en el número de personas desaparecidas. México arrastra también una crisis forense de gran escala, con decenas de miles de cuerpos sin identificar, fosas comunes saturadas, servicios periciales rebasados y familias obligadas a aprender el lenguaje técnico del horror: indicios, cotejos, cadenas de custodia, genética, osteología, exhumación. Esa es la otra cara de la discusión actual sobre los registros: detrás de cada ajuste estadístico hay familias que siguen esperando un nombre, una confirmación, un fragmento de verdad. Y detrás de esa espera hay un Estado que durante años no ha logrado construir una respuesta proporcional a la magnitud del desastre.
En este mismo espacio se ha hablado del pronunciamiento de urgencia de la ONU y del lugar excepcional al que ha llegado México en materia de desapariciones como posibles casos de lesa humanidad. El Comité contra la Desaparición Forzada habló de indicios fundados de una práctica persistente y pidió que la situación mexicana fuera considerada en instancias más altas del sistema internacional. Lo que hoy vemos en Tlajomulco, en Guanajuato, en Sinaloa, en Veracruz, en Sonora, confirma que el problema ya no puede leerse como una suma de tragedias privadas: se trata de una enorme crisis estructural.
Lo decisivo, sin embargo, no está en el lenguaje diplomático ni en la discusión técnica, sino en las historia de vida concretas. Una madre que sale a buscar a su hijo. Una esposa que pega fichas. Una hermana que aprende a leer y a oler la tierra donde hay restos humanos. Un padre que se interna en un predio con una esperanza mínima. Y, del otro lado, un poder criminal que controla territorios y un poder estatal que llega tarde, discute cifras en las conferencias matutinas o sencillamente no llega. De ahí la obscenidad de nuestra normalidad: en México, no basta con sobrevivir a la desaparición de un familiar; además hay que sobrevivir a su búsqueda.
Nombrarlas, entonces, no es un recurso sentimental. Es un deber civil. Porque ellas –las asesinadas, las desaparecidas, las amenazadas, las buscadoras– han sostenido con sus cuerpos la verdad que el Estado, desde Ayotzinapa hasta Teutlitlán, se ha negado sistemáticamente a revelar. Las madres buscadoras nos han obligado a mirar un espesor territorial al que casi todos querían acostumbrarse. Lo mínimo que corresponde es no reducirlas a cifra, no repetirlas como lista, no despojarlas del vínculo por el que buscaron.
En un país que desaparece personas y después extravía su rastro en archivos, nombrar a una buscadora junto al ser querido que busca sigue siendo una de las formas más elementales de justicia.
